El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, anuncio en una conferencia de prensa, junto a la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, la decisión estratégica sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el imparable avance del narcotráfico en el país.
Tras una importante escalada en la criminalidad en la ciudad de Rosario, a unos trescientos kilómetros de la ciudad capital, que provocó varios muertos en estas últimas horas, el gobierno nacional dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en el sector, aunque se centrará exclusivamente en tareas de apoyo logístico, conforme a la Ley de Seguridad Interior 24059, que permite la utilización de los militares pero sin el uso de elementos de combate.
Las Fuerzas Armadas trabajarán en el transporte estratégico y táctico, también con las compañías de Ingenieros y elementos de Comunicaciones, así como los de Arsenales y de Intendencia. Petri indicó que “en las próximas horas estarán llegando personal de las FFAA y con ellos vehículos, transporte, ingenieros, logística, comunicaciones para posibilitar el auxilio y la cooperación tanto con las Fuerzas de Seguridad nacionales con la policía provincial”.
La intervención militar se ajusta al marco legal establecido, en este contexto, el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, establece que el Ministerio de Defensa puede disponer el apoyo de las instituciones castrenses en operaciones de seguridad interior, específicamente en aéreas de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcción, transporte, elementos de ingenieros y comunicaciones.
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Se pretende usar los medios de observacion FLIR del EA.
Los recelos en las Fuerzas Armadas
Ante el creciente poder del narcotráfico, que ha pagado campañas políticas y extiende sus garras en todas las actividades sociales y económicas de Argentina, el Gobierno propone usar a los uniformados en la lucha contra los narcos, suponiendo que el escenario es igual al de otros otros países del continente, como Colombia y México, que tienen militares en las calles y han fracasado rotundamente en la tarea, además, han sumido a las instituciones castrenses en un mar de corrupción imbatible.
Los militares argentinos, uno de los pocos o los únicos que en toda Iberoamérica tienen por normativa la prohibición de intervenir, como recuerdo explícito de su actuación en los años 70, donde aniquilaron a la subversión, ven con mucho recelo la iniciativa, hay desconfianza en que sean utilizados y luego desechados y perseguidos por la Justicia.
Debemos recordar que más de dos mil oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas fueron encarcelados, en la mayoría de los casos por un simple rumor o un dudoso testimonio, más de ochocientos fallecieron en cautiverio y todavía siguen en prisión más de mil de ellos, siendo todos ancianos, que están sin atención médica y que, por normativas vigentes, deberían estar en sus casas o en un hospital.
Esto lo tienen claro los nuevos militares, nadie quiere intervenir para años después ser detenidos por actos que fueron ordenados por el poder político.
Aunque se han prometido claras reglas de empeñamiento o de acción, nadie habla de que ocurriría si los sicarios atacan una columna castrense de vehículos, quién custodiará a esas columnas, cuyos integrantes estarán desarmados. Una cosa es operar en las líneas fronterizas con radares y equipos de detección, para avisar después a las fuerzas de seguridad para que intervengan, lo que han realizado con notable eficacia los militares, como ya quedó demostrado en varios operativos en años anteriores, muy diferente es operar en una ciudad o sector totalmente tomado por los narcos.
Es evidente que las fuerzas de seguridad y policiales no están sobrepasadas, como marcaría la normativa para poder autorizar la intervención de los militares, sino que simplemente están captadas por la corrupción y no intervienen al efecto.
No hay muertos en enfrentamientos entre sicarios y elementos policiales, solo personas civiles aisladas, lo que marca rotundamente que el grado de corrupción imperante ha llegado a magistrados judiciales, políticos y la policía en pleno. Los efectivos de las fuerzas de seguridad y policiales son enormes y más que triplican al total de las fuerzas militares, lo que nuevamente nos indica el grado de deterioro de su adiestramiento, capacidad moral y eficacia.
La complejidad de la lucha contra el narco es enorme, máxime cuando por muchos años, se miró para otro lado e incluso se mostró simpatía hacia los ilegales. Enviar militares desarmados a la calle para efectuar tareas logísticas sin posibilidad de defenderse y, aún peor, si lo llegaran a hacer por un ataque, la cárcel sería su segura morada. Es ridículo y eso lo saben los actuales uniformados, que no quieren terminar con un traje a rayas, como sus antecesores.
Asimismo, la lucha contra el narco engloba varios capítulos, poco se ha hablado de atacar al lavado de dinero, tema clave sin lugar a dudas, todo el mundo sabe que los imponentes edificios de lujo que bordean la costa rosarina son productos del lavado de activos y que dichos edificios, buena parte de ellos desocupados, son parte del problema. Está claro que las fuerzas militares tienen una determinada tarea y función, defender a la Nación contra un enemigo externo, están preparadas, entrenadas y equipadas para dicha tarea.
Aniquilar al enemigo es función de los militares argentinos, para eso están y lo saben a la perfección, siendo el único país en el continente en combatir contra una potencia extra continental. No es su función correr a miserables sicarios en zonas urbanas. Las policías y fuerzas de seguridad no han sido sobrepasadas por el narco, las sobrepasa la corrupción y un poder político no ajeno a las malas costumbres.
Se abre un nuevo tiempo, Rosario es sólo un lugar donde impera la ilegalidad, pero no el único, ya que otros sectores, de los cuales casi no se habla, está en igual o peor situación que esta ciudad a la ribera del río Paraná. Igualmente, es una jugada política arriesgada para el gobierno del presidente Milei, llegó al gobierno con el rotundo voto de la llamada familia militar, en especial por la presencia de su vicepresidente Victoria Villarroel, hija de un Comando de Malvinas y clara defensora de las reivindicaciones castrenses.
Pero la participación en la lucha contra los narcos no formaba parte de las promesas de campaña, sí estaban en las promesas la recomposición salarial y un reequipamiento que no se han producido en absoluto. (Luis Piñeiro)
