Tras casi 18 años de diferendos, dilaciones e indefiniciones de todo tipo, los titulares del águila de popa del antiguo acorazado alemán Admiral Von Graf Spee, hundido por su capitán, Hans Langsdorff, en diciembre de 1939 frente a la salida del puerto de Montevideo, 72 horas después de la denominada “Batalla del Río de la Plata”, han demandado al Estado uruguayo, copropietario de los restos del buque, que veta la posible venta de la reliquia por tratarse de un emblema nazi.
Este veto se da exclusivamente por la oposición alemana y las presiones locales de la embajada de este país sobre el gobierno uruguayo, prácticamente explícitas, aunque los diplomáticos germanos se niegan a pronunciarse públicamente. Las autoridades de diversos museos, desde el del Holocausto, en Jerusalén, hasta el Royal War Imperial Museum, que exhiben piezas, muchas de las cuales contienen símbolos nazis, manifestaron no tener objeción respecto a la misma, así como también otras instituciones culturales estadounidenses.
Meses atrás, un millonario argentino propuso fundir el águila y transformarla en una paloma de la paz, lo que fue rechazado por la opinión pública. El tiempo sigue corriendo y, ni los propietarios privados, ni el Estado, copropietarios a partes iguales, han procedido a la venta del águila del acorazado alemán Admiral Von Graf Spee.
El Ministerio de Defensa de Uruguay declaró en abril de 2023 su oposición a seguir negociando con los rescatistas, Alfredo Echegaray y los sucesores del buzo Héctor Bado, en una audiencia conciliatoria. Ante la tirantez imperante, el propio Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, citó a Echegaray a una reunión en la cual, además de haberse declarado "harto" de las presiones alemanas, propuso retribuir a los afectados con cinco millones de dólares, gestión qué, sin embargo, no prosiguió.
Por ello, los abogados de los empresarios han decidido este camino jurídico exigiendo en su demanda 25 millones de dólares y, a mediados de marzo, el Ministerio de Defensa deberá volver a pronunciarse sobre este tema. De no llegarse a un acuerdo, los demandantes estarían posiblemente dispuestos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a La Haya, instancias cuyos costos juridicos significarían al Estado uruguayo una erogación igual o superior a llegar a un acuerdo.
Si Alemania, que en varias oportunidades se había mostrado desinteresada ante los restos del navío, Etchegaray aceptaría que se produjera una donación de material naval germánico a Uruguay y cobrar localmente al gobierno su parte. (Javier Bonilla)
