Desde hace medio siglo en la zona domina el comercio, especialmente grandes supermercados y mayoristas locales que alimentan desde Brasil el expresivo comercio informal uruguayo, una amplia mayoría empresarial palestina, sobre la cual usualmente recayeron sospechas de apoyo y hasta ocultamiento de algunos integrantes, a las diversas guerrillas vigentes en cercano Oriente, desde la vieja OLP en su etapa militar, hasta Hezbollah, organización extremista sobre la cual, una vez que concluyan los duros enfrentamientos actuales, existen expectativas moderadas de que paulatinamente reduzca su impronta bélica para pasar a un mayoritario perfil político, al contrario de Hamás, que optó por el terrorismo a pleno.
Su presencia en esta compleja área fronteriza estaría aumentando, cooptando voluntades empresariales, invirtiendo e insertando integrantes en la región directamente, superando o suplantando a la vieja influencia de Hezbollah en el Cono Sur, según varias fuentes confiables.
De hecho, la oposición brasileña ha planteado su creciente preocupación acerca de que numerosos refugiados auto declarados como ciudadanos de esta nación sudamericana, repatriados por aeronaves militares de Brasil desde el entorno de Gaza, estén indocumentados, ya sea sin certificado de nacimiento o registro previsional alguno, y la situación se hubiera pasado por alto desde tiendas del gobierno, algunos de cuyos integrantes más destacados integran organizaciones radicales pro palestinas.
La actual administración, además, se niega explícitamente a declarar a Hamás como grupo terrorista (en aras, dicen sus referentes políticos de ganar un supuesto rol mediador, improbable), mientras que, en cambio, el Parlamento uruguayo, bastante menos proclive a la organización extremista, estaría próximo a tomar una posición al respecto .
Bastaría que uno de los dos países (probablemente Uruguay sea el más cercano a definirse) calificase como delictivo el accionar de Hamás para que la afluencia de intereses e indivíduos afines al grupo terrorista a esta franja binacional quedase drásticamente reducida a mínimos, ya que los movimientos económicos o migratorios percibidos como sospechosos serían legalmente monitoreados y analizados por las autoridades policiales, monetarias e inclusive los diferentes servicios de inteligencia locales, regionales e internacionales, dificultando claras acciones de lavado de dinero, virtuales intercambios reiteradamente denunciados con el narcotráfico( ya planteados en Venezuela, Nicaragua,etc ) y otras acciones más que dudosas.
El cuadro es mucho más riesgoso aún para un país escasamente poblado y de reducidas dimensiones como Uruguay, cuyas Fuerzas Armadas y Policiales han sido enormemente comprometidas desde el punto de vista presupuestal y académico. (Javier Bonilla)
