En medio de una crisis económica sin precedentes, la máxima magistratura nacional informó que, por intermedio de una decisión administrativa, la 5/2024, publicada en estas horas y razonando que no fue aprobado por el Congreso Nacional de Argentina el proyecto de ley de presupuesto 2024, se ve en la necesidad de prorrogar de oficio el presupuesto nacional 2023 con cierta actualización.
En este marasmo que es la economía Argentina, que ha concluido el año 2023 con una inflación declarada de más del 200% e imposibilitado de hacer cualquier previsión lógica de planes y balances, el nuevo presupuesto asignado será de un poco más de 2.018 millones de dólares, bastante menos que lo originalmente planificado que era una cifra cercana a los 2.927 millones.
Según los números presentados, el mismo Ministerio de la Defensa argentino dispondrá, (presentamos cifras en dólares para mayor comprensión), de casi cien millones de dólares para su propia disponibilidad, la fuerza terrestre dispondrá de 474.756 millones de pesos (unos 569 millones de USD) la Armada 301.547 millones (362 millones de USD), la Aeronáutica 198.851 millones de pesos (239 millones de USD) y el Estado Mayor Conjunto 18,443 (23 millones de USD).
El Instituto Geográfico Nacional tendrá 2.440 millones de pesos (con tres millones de dólares, el Servicio Meteorológico Nacional 9.818 millones (11,8 millones de USD) el organismo científico de las Fuerzas Armadas, CITEDEF, casi 4.000 millones o sea 5 millones dólares, mientras que Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa se lleva unos 127 millones (15,5 millones de dólares). Al Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que nuclea a los oficiales y suboficiales retirados, se destinan casi 700 millones de dólares en esta danza de números, que obviamente son sobrepasados por el proceso inflacionario y una subejecución del presupuesto del pasado ejercicio, los guarismos nos indican, duramente, un difícil año para la Defensa argentina.
Además se ha producido un sinceramiento de las variables y la puesta en conciencia de lo que todos sabían y callaban, que el famoso FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) era usado no solo para apoyar algunas iniciativas de investigación y equipamiento, sino que sus dineros eran usados para los gastos corrientes y para sostener a empresas estatales que componen y están bajo órbita del Ministerio de Defensa. Recordemos que según la normativa vigente, el 0,8% de los ingresos corrientes del Estado nacional tendrían que ser incluidos en este Fondo para uso exclusivo de la actualización de medios y sistemas y la adquisición de otros.
Como suponen nuestros lectores, la casi totalidad de los sistemas, equipamientos y servicios de las fuerzas armadas son de origen extranjero y deben abonarse en dólares o euros, por tanto, las fuertes devaluaciones han desfinanciado el sistema.
Los problemas del FONDEF
Más allá de las claras buenas intenciones de la Ley 27565 por la cual se creó el Fondo Nacional para la Defensa, que implicaba una constante suba de los ingresos basados en los ingresos corrientes del presupuesto nacional que en el momento de la creación del Fondo eran de 0,35% hasta poder alcanzar en el pasado ejercicio de 2023, al 0,8% de dichos ingresos públicos, poco pudo lograrse en términos prácticos y reales, con la excepción de la llegada de algunos aviones de enlace y la reparación de algunos sistemas.
Aunque la asignación pensada para el FONDEF durante este ejercicio será de 22.460 millones (casi 27 millones de dólares al cambio de este momento), será bastante menor a lo esperado hace un año, cuando se suponía asignar una cifra cercana a los ochenta millones de la verde moneda para recuperación, modernización y/o incorporación de material, más allá que parte de esos montos se usaran realmente en otras cosas, como ahora lo clarifica la decisión administrativa.
La falta de una reglamentación de la ley del FONDEF también facilita que los funcionarios dispongan de esos fondos arbitrariamente. Está clarísimo que lo asignado es aún más bajo que lo dispuesto por normativa, que dispone proporcionar el 0,8% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional para lo antes expresado, reequipamiento de las instituciones de Defensa.
Más allá de promesas electorales que implicaban un repotenciamiento de las capacidades militares del país, lo cierto que los nuevos funcionarios de la cartera se encuentran con un verdadero maremágnum de necesidades y escasos medios para poder resolver los problemas.
La crisis económica y la devaluación de la moneda, tema que continuará sin lugar a dudas durante este ejercicio, hace muy difícil que la nueva conducción política nacional puede cumplir con sus promesas electorales, que fueron aumentar fuertemente las capacidades de la Defensa Nacional en los próximos años. (Luis Piñeiro)
