(defensa.com) Tal como anunciáramos en defensa.com, algunos artículos incluidos en la Rendición de Cuentas involucrando a la Armada Nacional, ya sea expropiando sus astilleros, maquinarias y personal técnico para crear una nueva empresa estatal, como modificando la formación académica, el número de oficiales o unificando cuerpos, están despertando fuerte resistencia, de forma que muchos legisladores han solicitado su rápida exclusión de la norma para que sean tratados separadamente.
Cuando el martes pasado la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja debatía ,dentro del capítulo de la Rendición de Cuentas referente al Ministerio de Defensa, capítulos relativos a la intención de unificar académicamente a la Armada con la Prefectura Nacional Naval (PNN), una institución semejante a una guardia costera, que, a diferencia de otras, funciona en el seno de la Fuerza aunque con matices, se produjo un altercado entre el diputado José Amy-también integrante de la Comisión de Defensa, y el invitado C/N (CG) Carlos Abilleira, director general de Personal Naval (DIPER), ex agregado naval uruguayo en Argentina hasta hace poco.Para el legislador, toda esta reestructura de la Armada debe excluirse de la Rendición de cuenta “por su gran envergadura”. Esta opinión es compartida no solo por toda la oposición, en especial algunos senadores y el diputado José Carlos Cardoso (que a su vez urgió una definición en torno a la compra de radares costeros como “única forma de detener a los buques piratas”), que exige retirar los respectivos artículos reenviándolos a las Comisiones de Defensa, sino también por parte del oficialismo, disgustado ante la tramitación casi secreta en su origen. Dentro del oficialismo, el Partido Socialista, coincide en su planteamiento plenamente con la oposición.
En tal sentido, su secretario general, diputado Yeru Pardiñas, expresó una gran preocupación respecto a que “al crearse un único comando se pierda -en el caso de la Prefectura- la especialización y el perfil de trabajo policial que tiene que tener. Esto es justamente lo que cuestionamos, por habilitar a que oficiales, con preparación exclusivamente militar, puedan ser los que tengan que cumplir funciones de prefectos en los puertos, donde la Prefectura actúa como auxiliar de la Justicia frecuentemente.”
El diputado Amy mantuvo una firme posición similar, lo que provocó una reacción del militar, quien le contestó secamente que tal postura “no tenía mayor fundamento” (aunque, inclusive, la mayoría de la oficialidad naval considera lo contrario), ante lo cual el legislador- estimando, además, ser apoyado por buena parte de la Armada en sus inquietudes- le retrucó “eso lo vamos a decidir los legisladores. Creo que en un Estado de Derecho no es competencia de un militar establecer si no tiene fundamento lo que estamos planteando”.
Horas después, Abilleira recurrió al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Ricardo Giambruno, para –exageradamente, según numerosos legisladores- solicitar un Tribunal de Honor por haber sido ofendido por un civil, aspecto sobre el cual en el seno de la Fuerza no hay consenso.
Seguidamente, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, aunque nada dijo respecto a la liquidación de los astilleros para conformar la nueva estatal naval, afirmó no oponerse a que se excluyan de la ley presupuestal aspectos atinentes a la relación entre Armada y Prefectura , en aras de” fortalecer la Prefectura asimilándola a la Armada para que exista una carrera con iguales condiciones de ascenso”. Precisamente, la disputa por los nuevos cargos agita alguna pequeña interna naval entre algunos de los activos más veteranos con apoyo político, para los cuales, si se desglosaran estos aspectos en otra consideración normativa, ascensos y nombramientos diplomáticos se diluyen por razones reglamentarias. Justamente, el proyecto enuncia , además, que la Prefectura será dirigida por un nuevo oficial almirante, creándose una nueva vacante en la estructura jerárquica de la Armada (que pasa a tener 6 almirantes para una Fuerza reducida) y algunas en los mandos medios.
El panorama se complica aún más con la presencia del ex ministro de Defensa, senador Luís Rosadilla – quien renunció en 2011 tras denuncias de acoso sexual y destratos a cronistas por parte de su asistente - compartiendo un almuerzo de camaradería al que asistieron parte de las más altas jerarquías de la Fuerza y casi exclusivamente militares, en el 97º aniversario de la creación del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA), que justamente ahora podría ser liquidado para constituir otra estatal. Para algunos observadores, la presencia del legislador podría tener como objeto relativizar las preocupaciones en torno al asunto, o inclusive respaldar a algún oficial allegado para dirigir la posible nueva empresa, al menos en una etapa de transición. (Javier Bonilla)
Fotografía: C/N Carlos Abilleira
