La resolución presidencial, refrendada por cinco ministros el 8 de enero, implica a las FFAA en tareas de vigilancia en las zonas de frontera para prevenir amenazas y detectar cualquier irregularidad o acto ilícito. Los militares, sin embargo, ejercerán tareas de control colaborando con otros organismos encargados, como el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional de Aduanas, sin poder tomar iniciativa ni actuar directamente ante un delito en curso, de acuerdo a lo que emana de esta norma.
En el caso de percibir cualquier hecho irregular, los efectivos castrenses tendrán como única misión comunicarlo de manera inmediata al organismo policial o a la dependencia competente según el tema, sin poder actuar directamente en ninguna circunstancia, lo que ni disuade ni ,teóricamente, impide cometer la fechoría detectada.
Además, estas misiones sólo podrán realizarse en las zonas de fronteras, excluyendo los centros urbanos que en el norte uruguayo o sur brasileño, y en el área precisamente limítrofe, que los delincuentes cruzan si cometen delitos de uno u otro lado, son muy frecuentes, problemáticos y poblados. La legislación de Brasil, en cambio, prevé que, ante la inexistencia de efectivos policiales, los soldados puedan detener sospechosos y derivarlos a la Justicia, lo cual suena razonable.
Si bien desde distintas filas se entiende que este decreto sólo pretende un efecto de imagen en la opinión pública y en los países vecinos, ante próximos eventos internacionales en la región existe en el ordenamiento jurídico uruguayo la figura del denominado "arresto ciudadano", de acuerdo a la cual cualquier persona puede arrestar a un delincuente hasta la llegada de la autoridad competente y, muy probablemente, esa sea la orientación jerárquica dentro de cada Fuerza. Como la Armada Nacional, a través de Prefectura Nacional Naval, ya está habilitada para el trabajo policial en áreas costeras y marítimas, a nivel naval se podría engrosar el efectivo de esa procedencia para patrullar con efectividad real. (Javier Bonilla)
