Este sábado hacia las seis de la mañana, tres individuos encapuchados se aproximaron al doble cercado de seguridad con intenciones de ingresar al predio de la Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamento del Ejército, en la ciudad de Florida, a 95 kilómetros de Montevideo. Un guardia le dio la voz de alto, y los delincuentes sujetos no acataron. El militar debió realizar un disparo de advertencia, y, minutos después, los sujetos se adentraron por otro sector del doble cercado, cuando otro centinela advirtió su presencia y con disparos de alerta logró evitar el ingreso a la unidad militar. Los individuos fugaron hacia un monte de eucaliptos y aún permanecen sin ser ubicados.
Nuevamente, el hecho se produce a horas de un acto electoral (segundo turno de las presidenciales) cuando la mayoría de efectivos de las Fuerzas Armadas se hallan abocados al traslado y custodia de urnas, disminuyendo la dotación usual en diversas instalaciones militares.
Simultáneamente a estos hechos, se habrían constatado diferencias de stocks de explosivos en los inventarios de la controvertida estatal de hidrocarburos, alcoholes y cementos Ancap, así como dudas sobre manejo de explosivos en canteras privadas e inclusive, por parte de proveedores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas -habituales usuarios de este material-que los certifica ante el Servicio de Material y Armamento.
Para complicar aún más el panorama en la materia, y en una región en la cual los disturbios sirviéndose de explosivos y material militar se están haciendo cotidianos, una curiosa y apresurada orden judicial, ordena volar en los próximos 10 día y en área costera urbanas, las instalaciones de una usina regasificadora estatal iniciada durante el gobierno de Mujica, jamás terminada y objeto de investigaciones judiciales varias (en Uruguay y Brasil), cuyos propietarios son la citada Ancap y la estatal energética UTE. Además de las complicaciones geológicas en el oeste de Montevideo, de producirse las enormes descargas previstas para la operación (sin urgencias que justifiquen la prisa aducida), de cumplirse la orden judicial se liquidarían todas las reservas de explosivos industriales producidas en el país por los próximos 100 días, por lo cual este nuevo intento de incursión en Pesma, más allá , y teniendo en cuenta , el complejo cuadro regional actual, es doblemente preocupante. (Javier Bonilla)
