Las pistolas, embarcadas en España desde Galicia, y retiradas del uso por la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, se hallaban retenidas por el Servicio de Material y Armamento uruguayo desde el 2013, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente, deberían ser destruidas. Las demandas del importador por querer implicar a militares hoy miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas del país en la retención de las armas ha desatado investigaciones judiciales y administrativas en Uruguay.
El asunto arranca en 2013, cuando la empresa uruguaya (armería e importadora) “Sierra Libre” (cuyo responsable visible es Álvaro Gorga, vinculado a la largo de su carrera empresarial a diversas empresas uruguayas del ramo, como “Grain” y “Cobra”), tramitó la importación de las 350 pistolas “Heckler and Koch” desde España, siendo la exportadora oriunda de Galicia. Las armas fueron declaradas en documentos previos por el importador como nuevas, siendo en realidad armas usadas que habrían pertenecido mayoritariamente a la Policía Autonómica Vasca y a otros cuerpos de seguridad españoles.
Esta irregularidad fue constatada por el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército Uruguayo, que así se lo hace saber al importador, reteniendo en consecuencia las pistolas. El hecho desató en paralelo la dudosa documentación presentada referente a la habilitación de los organismos reguladores de armamento alemanes, en cuanto a su presumible autorización para realizar una “re-exportación” o triangulación hacia Uruguay de un material que fuera exportado en origen desde Alemania con Certificado de Usuario Final (o “End-User Certificate”, EUC en inglés) expedido al Reino de España. En esta, que es la definición jurídica del “ultimo usuario y destinatario” no habría lugar para otro país, como Uruguay.
Según una de nuestras fuentes, la documentación alemana no existe, siendo este uno de los países más severos en el control de su mercado exportador de armas. La misma fuente nos advierte que sería muy difícil que Alemania autorizara la re-exportación si esta tiene como destino el mercado civil, como podría ser el caso de las 350 pistolas (posiblemente del modelo USP Compact 9) que pretendían venderse en Uruguay. Caso distinto sería si su destino fueran cuerpos de seguridad de países amigos. Asimismo, en ese caso, el organismo oficial alemán antes de dar un OK, ordenaría una severa inspección del lote para determinar la calidad técnica del mismo, serie y numeraciones.
La retención por parte del SMA uruguayo de las armas, en base a lo anteriormente expuesto y otras razones reservadas, motivó en el mismo año 2013 una acción legal de la empresa “Sierra Libre”, para presionar al organismo regulador, ante el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, con el numero de expediente IUE – 2-47329/2013. Argumentando y documentando las partes, y pasado el tiempo, el fallo judicial, como se preveía, daba la razón al Servicio de Material y Armamento, continuando las pistolas embarcadas en Galicia retenidas en Uruguay por dicho Servicio.
Con esta sentencia en la mano, en 2015 “Sierra Libre” insiste en promover acciones judiciales, esta vez ante el mediático “Juzgado del Crimen Organizado”. Como golpe de efecto, acusa a las autoridades al frente del SMA en 2013 (el Cnel. Claudio Feola, hoy Edecán de la Presidencia de la República) y a su superior de la época, el Gral. Nelson Pintos (fue Jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, y hoy es Jefe del Estado Mayor de la Defensa) de presunto tráfico de influencias, si bien ostentan una hoja irreprochable de servicios.
En la denuncia también figura un Coronel (hoy en situación de retiro), asesor de particulares y no del SMA, como se aduce confusamente, y la representación legal en Uruguay de Heckler and Koch, el conocido Grupo Gómez Haedo .Como consecuencia, el juez Néstor Valetti abría hace unos días una investigación de aristas muy interesantes, por existir un fallo anterior ya favorable al SMA y nuevos elementos, según nuestras fuentes, focalizados en el tema de la escasa “regularidad” que tuvo el trámite de exportación de ese material desde España.
“A Sierra Libre no le quedó casi nadie por denunciar, lo del representante local de HK es un ejemplo, pues no tiene potestad alguna para trabar un negocio de material usado con su marca si todo se tramitó correctamente. Solo puede llegar a impedir el uso de la sigla comercial en la publicidad de venta, y ahí termina, más allá de que H&K no venda usualmente su material a particulares”, nos aclaran.
En cuanto a los demás denunciados “el General Pintos está en la culminación jerárquica de su carrera, su hoja de servicios está limpia, mientras el Cnel. Feola es una persona intachable, no se llega a Edecán de Presidencia de la República así no más y su carrera futura no solo no será afectada por este incidente, sino que saldrá beneficiado, porque esta instancia hará al SMA desempolvar todos los antecedentes del caso, incluyendo algunos que no fueron empleados en la orbita contenciosa administrativa”.
Dos sectores nacionales se muestran particularmente afectados por la forma en que, probablemente inducida por parte interesada, la prensa del Uruguay está manejando el problema: el gremio comercial de los Armeros y el social de los Coleccionistas de Armas. La razón es muy simple, se está en plena reglamentación de la restrictiva Ley 19.247 sobre regulación y tenencia de armas. Son cientos de artículos en borrador para cumplir con dicha reglamentación y estas partes coinciden en que todo este “affaire” podrá incidir negativamente en sus intereses.
De forma paralela, otras fuentes no ocultan su creciente temor ante la cercana posibilidad de que esas armas, una vez en el mercado, lleguen a manos indebidas en un corto o mediano plazo (más allá que el grueso pudiera ingresar, como intenta ahora in extremis argumentar en su defensa “Sierra Libre”, en el mercado oficial- no muy interesado en material usado- y no civil), circulando hacia otros destinos, no descartándose su movimiento en la región e incluso su retorno a Europa de forma ilegal. Haría falta, inclusive, analizar si esta fue la única vez que arribaron a Uruguay de manera irregular armas personales usadas procedentes de cuerpos de seguridad españoles.
Mientras tanto, sigue corriendo el plazo legal para inutilizar las 350 pistolas retenidas. (Javier Bonilla)
