La Armada uruguaya intenta salvar parte de sus diques del futuro Instituto Naval del Estado, mientras el gobierno piensa en un ex jerarca naval para encabezarlo

(defensa.com) Debido al virtual bloqueo del diálogo entre gobierno y oposición en lo que hace a la actual Rendición de Cuentas, se considera bastante probable que, pese al advertido carácter dudosamente constitucional finalmente se cree a costa de la Armada Nacional y la Administración Nacional de Puertos, el polémico Instituto Naval del Estado. Mientras, desde el gobierno se evalúa fuertemente el designar a un ex jerarca naval al frente del mismo, para minimizar las resistencias internas. Por su parte, la Fuerza estaría abocada- de producirse estos cambios- a excluir de los mismos a las máximas unidades productivas que le sean posibles, especialmente el Astillero Dique Mauá (ubicado en la costa céntrica montevideana), así como los sectores que tienen que ver con mantenimiento y reparaciones del actual Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA) en sus instalaciones del  Cerro de Montevideo, para asegurar no solo un moderado e interesante flujo de dinero y actualización  técnica a la organización, sino el cumplimiento del cometido original de esta dependencia, que es la de poner a punto e inspeccionar la flota de la Armada y el Estado.

Algunas autoridades nacionales, a su vez, pensarían en distinguir con nuevos destinos o misiones a quienes actualmente encabezan el SCRA, en una suerte de tentativa de solución salomónica al problema, que fuentes bien informadas incluso atribuyen en parte al senador y ex ministro de Defensa Luis Rosadilla.

Además de gran parte de la interna naval, observan este fenómeno con desconfianza la mayoría de los operadores y astilleros privados, no solo  de cara a posibles futuros  dumpings estatales y al apoyo de la central sindical PIT/CNT al nuevo emprendimiento, sino a particulares actualmente en contacto con alguno de estos sectores para llevar a cabo iniciativas mixtas. Esto cobra especial importancia, en momentos en los cuales el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, advirtiera a las empresas privadas, que, de manifestar su oposición al gobierno podrían perder privilegios fiscales o crediticios. (Javier Bonilla)