El 15 de noviembre fue emitido el Decreto Supremo 4078, en cuyo Artículo 3 establece que: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
El Ministro de Defensa, Fernando López indicó que este Decreto Supremo se suscribió ante las amenazas que representan la presencia de guerrilleros de las ex FARC, personal del SEBIN de Venezuela y otros extranjeros que fueron detenidos en los últimos días en las protestas que vive Bolivia. “Los grupos de manifestantes en los conflictos han sido entrenados y portan armamento casero, armamento convencional, y armas que fueron sustraídas de los puestos policiales que fueron asaltados por los manifestantes” acotó el titular de Defensa.
El Ministro López indicó que el gabinete de ministros y las Fuerzas Armadas seguirán los pasos de convocar al diálogo, pero en caso de ser atacados por una fuerza armada actuarán en la proporción del ataque. El decreto fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones que sostienen que da carta blanca a los uniformados para el uso de armas. (Aldo Eyzaguirre – Corresponsal GRUPO EDEFA – Bolivia)
