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El ministro de Defensa uruguayo deberá comparecer en Parlamento por sospechas en la compra del viejo avión presidencial HS-125 700

La División Jurídica del Tribunal de Cuentas (TCR) volvió a objetar, con nuevos argumentos, la compra de un avión para la Presidencia , la cual se realiza a través de la Fuerza Aérea pretextando incorporar a la misma- en gravísimos problemas presupuestales- una aeronave proclamada como "multipropósito" para justificar la operación interna y externamente, al tratarse de un vetusto BAE HS 125 700 de la década de los70.

Los  servicios jurídicos del tribunal entienden que ante incumplimientos (demora en la constitución de garantías y entrega del bien adquirido en forma incompleta), "corresponde observar el pago previsto contra la entrega del bien adquirido". El mensaje señala que  el Comandante del Escuadrón Aéreo No.  3 (Transporte) de la FAU, expresa que cuando se realizó el denominado vuelo de comprobación funcional- que se pospuso en varias oportunidades- el aparato no disponía de la anunciada camilla especial para traslado que fue cotizada en US$ 90.000. "Como primer aspecto debe mencionarse que se trata de un incumplimiento del adjudicatario (...) El adjudicatario debe a partir de la Orden de Compra, presentar el bien en las condiciones estipuladas por el pliego y su oferta. Es un incumplimiento, sin dudas, que no se encuentra justificado por el adquirente ni consta fundada la tolerancia de la Administración, sobre todo tratándose de una aeronave multipropósito donde el traslado de enfermos exige que los elementos a tal fin, consten en el avión desde su entrega".

Si bien la Administración retuvo parte del pago del avión (US$ 50.000) por este motivo,  esta cifra resultó inferior al costo de la promocionada camilla (US$ 90.000).

También señala el informe que la adjudicataria constituyó tardíamente una Garantía de Cumplimiento de Contrato por US$ 50.500 y esto ocurrió luego que la administración se lo requiriese reiterada y  expresamente. La licitación fue adjudicada a la empresa Floridan S.A- estrechamente vnculada al representante local de Mercedes Benz, Alfa Romeo, Ferrari y Maserati, "Autolider",habitual  proveedor del Estado-. el 29 de diciembre de 2016. Fue notificada el 15 de mayo de 2017 y tenía cinco días hábiles para realizar el depósito de garantía de cumplimiento del contrato, algo que hizo recién el 7 de junio.

Además,se pagaron US$ 656.500 a la empresa vendedora correspondiente al 65% del precio establecido anteriormente (de más de un millón de dólarees,lo que fue considerado altísimo a valor de mercado), algo que tampoco estaba previsto así en el pliego de condiciones.

Luego de la interpelación planteada en febrero pasado por el senador opositor Pedro Bordaberry al ministro de Defensa por este tema, ahora hará lo propio el diputado Pablo Abdala, que enviará un pedido de informes urgente al Ministerio de Defensa y al Tribunal. Según Abdala, el hecho que no se haya entregado la camilla "indica que cambió el objeto de la compra, ya no es un avión multipropósito", como sostuvo que sería el ministro Menéndez durante la interpelación de febrero pasado, lo que era hartamente negado en el ámbito aeronáutico local.

"Es la confirmación de que esto fue un proceso irregular desde el comienzo hasta el final. Es muy grave. Fue una licitación armada para el adjudicatario", sostuvo. En realidad, al no contar con uan puerta especial, la aeronave dificulta considerablemente el paso de una camilla.

Para complicar más el panorama, el titular de la firma vendedora (Floridian/Autolider) ,tras fuertes rumores que en agosto pasado alegaban que el poderoso grupo podría solicitar un concordato, decidió enjuiciar a aquellos periodistas que simplemente lo insinuaran, realizando denuncias genéricas ante la División de Delitos Complejos de la Policía- que realizó interrogatorios- en lo que se interpreta como un intento de, en realidad , intimidando, silenciar el problema del avión, evidenciado en la misma fecha.

En estos momentos, cuando acaba de caer el vicepresidente Raúl Sendic, por corrupción durante su gestión en la petrolera estatal Ancap (que también compró aviones), y enfrentra otras comisiones investigadoras, el gobierno está especialmente debilitado para soportar una interpelación  por este tipo de temas, por lo que no se descarta una desistencia de la operación y una próxima búsqueda de otras opciones. (Javier Bonilla)


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