Tras ganar el candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador las elecciones celebradas en México este domingo, se convirtió en el nuevo mandatario del país y también en el nuevo Comandante Supremo de las fuerzas armadas mexicanas. Durante su campaña el candidato del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) criticó duramente al ejército y a la marina, anunció el regreso de las tropas a sus cuarteles para sacarlas del combate al narcotráfico, anunció la activación de la Guardia Nacional que conformaría con militares, marinos y policías federales.
Aún más, Obrador dejó entrever la posibilidad de que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México (Semar) fueran encabezadas por militares en retiro y no por mandos seleccionados tradicionalmente de una lista de candidatos presentada al nuevo mandatario por los titulares de las fuerzas armadas que dejarán sus cargos. Incluso, cuando en diciembre de 2017 presentó ante los medios de comunicación a las 16 personas (ocho mujeres y ocho hombres) que integrarían su gabinete legal, introdujo también al general en retiro Audomaro Martínez Zapata y al almirante en retiro José Manuel Solano Ochoa, a quienes anunció como nuevos secretarios en caso de ganar las elecciones.
El anuncio causó enorme inquietud entre la clase militar y las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, en donde grupos de militares en activo atacaron a Obrador advirtiendo que si ganaba acabaría con las fuerzas armadas, quitaría beneficios y crearía un caos en seguridad. La confirmación de su triunfo electoral y sus primeros discursos en tono conciliador, además de las reuniones de acercamiento de sus personeros con mandos militares, tranquilizaron el ambiente.
Obrador derrotó por amplio margen al oficialista José Antonio Meade Kuribreña (Partido Revolucionario Institucional-PRI) y al derechista Ricardo Anaya Cortés (Partido Acción Nacional-PAN) y al independiente Jaime Rodríguez Calderón. El nuevo presidente de México llevó su campaña electoral en medio de fuertes tensiones con las cúpulas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México, cuya actuación criticó constantemente durante el actual gobierno del mandatario Enrique Peña Nieto cuando se vieron envueltas en diversos casos de uso excesivo de la fuerza e incluso en casos de desaparición forzada, esto durante operativos contra los cárteles del narcotráfico y bandas criminales.
López Obrador calificó a los militares como represores del pueblo y en varias etapas de su extensa campaña y de sus giras por todo el país aseguró que de llegar a la presidencia nunca usaría a soldados y marinos para reprimir al pueblo. En septiembre de 2014, lo que se perfilaba como una movilización estudiantil en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, terminó en la desaparición de 43 jóvenes integrantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y en acusaciones contra las estructuras de seguridad federal y estatal al responsabilizarlas de los hechos.
Numerosas organizaciones civiles y grupos extranjeros señalaron a algunos de los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala como testigos fundamentales de los hechos y los acusaron de no intervenir para evitar la desaparición de los estudiantes. En marzo de 2017, durante una gira electoral en el estado de Guerrero, López Obrador se pronunció al respecto y dijo que en caso de ganar las elecciones evitaría que los militares fueran usados de nuevo para reprimir al pueblo. Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de los altos mandos. El general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Soberón Sanz rechazaron por separado que las tropas estuvieran reprimiendo a los civiles y que estuvieran involucradas en desapariciones o actos de brutalidad como procedimiento sistemático.
El entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, le contestó a Obrador sus acusaciones eran falsas e injustas y rechazó cualquier insinuación de que el ejército estuviera involucrado en la desaparición de los 43 normalistas. Los desencuentros entre las fuerzas armadas y Obrador no acabaron ahí. El 1° de mayo de 2017 tropas de la Policía Militar ubicadas en el estado de Puebla ingresaron al poblado de Palmarito, controlado por bandas dedicadas al robo de combustible a gran escala. Durante la incursión, los militares fueron recibidos a tiros por varios grupos de huachicoleros (ladrones de combustible).
Videos tomados por cámaras de seguridad del lugar mostraban la entrada de militares, el ataque de los huachicoleros y la muerte de un soldado (fallecieron dos) atacado a tiros por la espalda. Las imágenes también revelaron la ejecución de un civil detenido, desarmado, herido e inmovilizado sobre una de las calles del pueblo. En esas condiciones un sargento de la Policía Militar se acercó al civil para decirle algo mientras éste permanecía boca abajo y con las manos en la nuca. Instantes después y ante la mirada de otro militar, el soldado desenfundaba su arma para dispararle en la cabeza al civil sometido. El sargento fue detenido y se le inició proceso judicial por homicidio calificado.
Lo ocurrido dio pie para que Andrés Manuel López Obrador retomara el tema del papel de las fuerzas armadas en contra de la delincuencia organizada, criticando de nuevo los excesos de a tropa y pidiendo una investigación a fondo, insistiendo en que si llegaba a ser presidente ordenaría que los militares no cometieran abusos. Otro hecho sangriento, este protagonizado por la Marina, ahondó más la brecha. En marzo de 2017, en el marco de la escalada de violencia desatada en el estado de Tamaulipas por los cárteles de la droga como respuesta a la cadena de detenciones de sus cabecillas, sicarios emboscaron en tres ocasiones, en horas de la madrugada, a patrullas de vigilancia de la Armada que hacían recorridos en la ciudad de Nuevo Laredo.
Los mandos navales enviaron refuerzos apoyados por helicópteros Black Hawk y Mi-17 artillados. Durante la respuesta, el Back Hawk disparó sobre una camioneta que se desplazaba en una brecha hacia la carretera principal. En el vehículo viajaba una familia. La madre y una de sus tres hijas murieron en el ataque. La Marina negó los hechos a partir de lo informado por sus operadores en Tamaulipas. El padre y otra menor de edad resultaron con heridas graves. Durante la investigación, la Semar reconoció finalmente que sus elementos sí dispararon desde el aire y mataron accidentalmente a la mujer y a su hija. Los señalamientos del candidato López Obrador en contra de las acciones navales, del uso excesivo de la fuerza y de la equivocación de usar a los militares en labores policiacas fueron inevitables.
Presupuestos de defensa
Así, en cada episodio en el que las fuerzas armadas mexicanas han estado involucradas y señaladas por cometer violaciones graves a los derechos humanos, Obrador se ha pronunciado en severas críticas hacia militares y marinos, señalando que no permitirá más abusos y manipulación de la milicia. La llamada “austeridad republicana” anunciada en campaña por López Obrador es otro tema que inquieta a la Sedena y a la Semar, que en el actual gobierno han recibido los presupuestos más cuantiosos de su historia, dirigidos a apuntalar procesos de modernización que deberán culminar en el 2030.
La idea planteada por el nuevo presidente de México reduciría sustancialmente las asignaciones para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, que llevan adelante ambiciosos proyectos para robustecer sus flotas y sobre todo para impulsar a la Industria Militar mexicana y a la Industria de Construcción Naval.
Otro tema que en el que no ha habido mayor claridad por parte del candidato presidencial ganador es lo que sucederá con el Estado Mayor Presidencial (EMP), instancia militar y naval encargada históricamente de cuidar y salvaguardar la seguridad personal del presidente en turno y de su familia, así como de organizar sus giras y viajes de trabajo dentro del país y sus visitas de Estado en el extranjero. López Obrador indicó en alguna de sus giras que prescindiría o modificaría de manera sustancial al EMP, ya que era una instancia que no utilizaría en su mandato. En enero de este año fue más allá y adelantó que el EMP regresaría a la estructura orgánica de la Sedena.
Históricamente, la llegada de militares de todos los grados comisionados al EMP significaba escalar sustancialmente en sus carreras, aunque ello no significara mayor experiencia en combate, en armas o en mando de tropas en campaña -en este caso en la lucha contra el crimen organizado-.
Esta posibilidad quedaría cancelada si el candidato Obrador disolviera al EMP y ordenara que sus integrantes se incorporaran a la estructura del ejército, en donde hay rivalidad histórica por los privilegios y ascensos rápidos de los que han gozado los militares que han sido parte del Estado Mayor Presidencial.
Otro anuncio en el que ha insistido es el de la venta del avión presidencial, el TP-01 (Transporte Presidencial 01), un Boeing 787 Dreamliner nuevo, que costó más de 7.000 mil millones de pesos (alrededor de 301,6 millones de euros). Obrador ha dicho e insistido en que el controvertido avión presidencial será vendido una vez que asuma el poder. Incluso ha señalado que se lo ofrecerá al presidente norteamericano Donald Trump. Si no lo compra, se lo ofreceremos a otro, ha dicho.
El candidato ganador ha designado un equipo de mediadores para definir la agenda de seguridad interior a partir los nombramientos de nuevos secretarios al frente de la Sedena y de la Semar. Una vez que sea reconocido y designado oficialmente como ganador y presidente electo, Andrés Manuel López Obrador recibirá la banda presidencial de manos del mandatario actual, Enrique Peña Nieto, el 1° de diciembre de este año. (Jorge Alejandro Medellín)
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