En una decisión que ha sacudido el tablero geopolítico del hemisferio occidental, el presidente Donald Trump ha ordenado al Pentágono desplegar fuerzas militares en el Caribe y otras zonas estratégicas de América Latina como parte de una ofensiva directa contra los carteles de la droga. Esta medida, canalizada a través del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), marca un giro radical en la política de seguridad regional y plantea interrogantes sobre soberanía, cooperación internacional y el futuro de la lucha contra el narcotráfico en la región.
La administración Trump ha intensificado su retórica contra los carteles latinoamericanos, calificándolos oficialmente como organizaciones terroristas. Esta designación no solo tiene implicaciones simbólicas, sino que abre la puerta a una gama más amplia de acciones militares, de inteligencia y diplomáticas, ya que, bajo esta lógica, los carteles no son meramente redes criminales, sino amenazas transnacionales que justifican una respuesta militar directa.
La orden proporciona una base oficial para que el SOUTHCOM, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, haya sido activado para liderar esta campaña, que según fuentes citadas por el diario The New York Times, incluiría unidades navales, aéreas, fuerzas especiales y de inteligencia, con énfasis en interdicción marítima, vigilancia aérea y cooperación con fuerzas aliadas en la región.
El Caribe como epicentro estratégico
El despliegue inicial se concentra en el Caribe, una región clave en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa, por lo que se espera un aumento de la presencia militar de las Fuerzas Navales Sur y su 4ta Flota (US Naval Forces Southern Command/ US Fourth Fleet) en aguas del sur del Caribe. Desde enero, esta región ha visto un creciente número de destructores de la clase Arleigh Burke y un crucero clase Ticonderoga en busca de interceptar embarcaciones sospechosas para desmantelar redes logísticas y ejercer presión sobre los grupos armados que protegen estas operaciones.
En este sentido, Colombia, uno de los principales aliados de Washington en la región, ha respaldado públicamente la iniciativa a través de su ministro de Defensa, general de brigada (R) Pedro Sánchez, que declaró a los medios colombianos: “Toda cooperación en la lucha contra el narcotráfico es bienvenida”, aunque sectores políticos y sociales colombianos han expresado preocupación por la posible militarización del conflicto y sus efectos sobre la población civil.
En tanto que algunos países del Caribe insular, como República Dominicana, Caricom, y los aliados europeos con territorios de ultramar (Francia, Países Bajos y el Reino Unido), han mostrado apertura a colaborar, otros han manifestado inquietud por la intervención militar extranjera. Es el caso de México, que ha reiterado desde un primer momento que se dio a conocer la noticia su postura de que el combate al narcotráfico debe ser liderado por las instituciones nacionales, sin injerencia externa.
Expertos en relaciones internacionales citados por el Times y la agencia Reutes, advierten que esta estrategia podría tensar las relaciones diplomáticas y generar fricciones con países que ven en el despliegue una amenaza a su soberanía citando las experiencias de los últimos dos siglos, cuando Washington llevó adelante varias invasiones de países latinoamericanos. Además, organizaciones de derechos humanos como la estadounidense Human Rights Watch han alertado sobre el riesgo de que operaciones militares en zonas sensibles deriven en violaciones a los derechos civiles y desplazamientos forzados.
¿Una estrategia efectiva o una maniobra política?
El uso de Fuerzas Militares estadounidenses para combatir el narcotráfico no es nuevo, pues durante la década de los 90 y en plena Guerra contra las Drogas, la administración del expresidente Bill Clinton desplegó el mayor número de activos militares visto en la región desde la II Guerra Mundial, pero escándalos políticos acontecidos en la época demostraron que su efectividad fue cuestionada. Asimismo, en el pasado, operaciones similares pero lideradas por agencias Federales como la Administración de Control de Drogas (DEA), han logrado golpear estructuras criminales, pero también han generado efectos colaterales como el fortalecimiento de grupos armados, corrupción institucional y violencia generalizada.
Analistas señalan que la decisión de Trump podría tener también motivaciones políticas internas, ya que, en un contexto electoral polarizado, la lucha contra el narcotráfico se presenta como una bandera de seguridad nacional que refuerza su imagen de liderazgo fuerte. Sin embargo, el costo diplomático y humano de esta estrategia aún está por verse ya que la línea de negociación que la Casa Blanca viene ejerciendo en todo el mundo, Teoría del Loco, esta repercutiendo en la economía mundial.
El rol del SOUTHCOM
En la actualidad el Comando Sur de los Estados Unidos no solo ejecuta operaciones militares, sino que también participa en misiones humanitarias, ejercicios conjuntos y programas de cooperación. Su involucramiento en la lucha contra los carteles podría redefinir su rol en la región, ampliando su influencia, pero también exponiéndolo a críticas en el Congreso estadounidense y las Naciones Unidas.
La clave estará en cómo este Comando, uno de los diez comandos de combate unificados del Departamento de Defensa, se articule en esta ofensiva con los gobiernos locales, las agencias de seguridad y las comunidades, ya que sin una coordinación efectiva, el riesgo de escalada y desestabilización de la región es sumamente alto como lo han señalado analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ya que el despliegue militar ordenado por el presidente Trump representa un punto de inflexión en la política antidrogas de Estados Unidos desde 1971, al tratar a los carteles de drogas como enemigos militares, se redefine el marco de acción y se intensifica la confrontación. (Bernardo de la Fuente)
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