La transcripción taquigráfica oficial de la sesión de la Cámara de Diputados del 8 de junio muestra que el Jefe de Estado Mayor de la Armada Uruguaya, Contralmirante José Manuel Ruiz Tocci, no declaró que la ministra de Defensa le dijera que se iba a rescindir el contrato a Cardama en mayo de 2025, 5 meses antes del anuncio oficial por parte del Gobierno.
El Contralmirante Ruiz Tocci, ante la “Comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de OPV” para la Armada no pronunció las palabras "La ministra me dijo que iba a rescindir el contrato ya en mayo de 2025", como erróneamente publicamos el pasado 11 de junio. Es el diputado Pablo Abdala quien resume la sucesión de los hechos y expone, ante el Contralmirante Ruiz Tocci, lo siguiente remitiendo a informes previos: “Usted, en ese memorándum del mes de mayo, donde da cuenta del resultado de la reunión del día 9 al encargado despacho del Comando, dice que la ministra se refiere al proyecto de las OPV como un proyecto "heredado". Usted dice textualmente: "En relación a la continuación del proyecto OPV, no existe decisión política adoptada al momento". Entiendo, presumo, que esto fue lo que a usted se le transmitió o lo que usted infirió en función de las expresiones de la señora ministra, en términos de que el Poder Ejecutivo, la propia ministra, estarían revisando en ese entonces la decisión de seguir adelante.
Tanto es así que, más adelante, en el memorándum usted expresa textualmente: "En caso de continuar con el proyecto se va a evaluar cómo continuar con el control del mismo", y la primera conclusión es "no existe definición política respecto a la continuidad del proyecto. Esto es muy categórico y creo que tiene una importancia sustantiva porque, repito, supongo que el almirante Ruiz cuando eleva este informe como director general de Material Naval al Comando de la Armada no derrocha palabras, sino que mide muy bien los términos en los que se expresa, y entiende que la primera conclusión es que el proyecto en ese momento ya estaba en revisión y que desde el punto de vista político se estaba analizando qué temperamento asumiría el Poder Ejecutivo, que acababa de asumir, por otra parte, porque estamos hablando del mes de mayo, llevaba dos meses el ejercicio el Poder Ejecutivo, repito, cinco meses antes de los anuncios que se le hicieron al país con relación a lo que ya se insinuaba sería la rescisión, que finalmente se concretó en febrero, pero en tal caso la ejecución de la garantía con todas las dificultades que la misma tenía.
Supongo que lo de la garantía, según lo anunciaron, lo vinieron a constatar después, sobre la fecha del anuncio que se hizo público, en octubre. (…) Sin embargo, en mayo estaba claro que desde el punto de vista político el gobierno, la ministra, estaba analizando -según se desprende de este memorándum del director de Material Naval- si el proyecto continuaría o no. Esto me parece particularmente relevante en la perspectiva de la reconstrucción de los hechos y de cuál era verdaderamente el temperamento o la decisión o la visión del Poder Ejecutivo en cada etapa porque, evidentemente, esto hay que armonizarlo con otros hechos que vinieron después y con la propia visita de Cardama en el mes de octubre, días antes de los anuncios del día 22.
Por supuesto, de este documento disponemos todos los integrantes de la Comisión, pero la consulta concreta al almirante Ruiz puede ser si efectivamente a él se le transmitió -es de Perogrullo lo que estoy preguntando, porque está escrito- que estaba en revisión o que el Poder Ejecutivo estaba analizando si el proyecto continuaría o no.(…) Le pediría alguna información adicional en cuanto a los términos de la reunión del día 9, ya no sobre aspectos operativos o de seguimiento o de contralor del proyecto, sino específicamente sobre decisiones de fondo. Supongo que el almirante Ruiz habrá salido de esa reunión con la preocupación de no saber muy bien si el proyecto proseguiría o no, ya en aquel entonces”, concluye Abdala.
Ausencia de inspectores de la Armada en Cardama
En respuesta al diputado Abdalá, el Contralmirante José Manuel Ruiz Tocci declara: “El 8 o 9 de abril -no recuerdo exactamente-, creo que una semana antes de Semana de Turismo, nos vino la cancelación de la misión, (se refiere al envío de oficiales de la Armada a Cardama para coordinar el proyecto de construcción de los OPV) en el expediente APIA 055. Se caía el tema de los oficiales que iban a hacer el seguimiento de la misión de acuerdo -creo- con el artículo 24; eso ya estaba denegado.
Entonces, ¿cómo va a seguir esto? Porque, tal como pongo la segunda conclusión, no hay representantes del comprador que puedan supervisar el proyecto más allá de la compañía clasificadora; el único que estaba ahí era Lloyd's supervisando, y no estaban nuestros ojos para decirnos las cosas. Entonces, por más que Lloyd's sea confiable, no es lo mismo que esté nuestra gente. Evidentemente, hubo comentarios, porque en esa reunión que tuvimos con la ministra, del memorándum sale: De la citada reunión participaron la ministra de Defensa Nacional, señora Sandra Lazo; los adscriptos, señor Damián Rojas y Marsiglia, y mi ayudante de órdenes, que era el capitán de corbeta Rubén Almeida”.
Ante la Comisión, el Jefe de Estado Mayor de la Armada Uruguaya, expuso así mismo lo siguiente: “con el señor Marsiglia conversando, que nos dice: "Sí, no se sabe cómo se va a seguir el control del proyecto, pero capaz que tienen que ir de vuelta ustedes". Entonces, yo quedo mirando como diciendo: "Me acaban de cancelar la misión donde estaban los que iban a ir. ¿Quiénes iban a ir?". Y eso me daba la pauta de que no había una definición respecto a cómo iban a seguir las cosas.
Y a mí lo que me da es que es la segunda vez que hago notar que continúan las mismas condiciones que dieron lugar a la solicitud. O sea, sigo en estas condiciones sin poder asegurar el control y la calidad del proyecto. Si no tengo a la gente que tiene que estar supervisando… Es decir, un proyecto por control remoto o por mensaje de correo electrónico es muy difícil de controlar”, concluyó el Jefe de Estado Mayor de la Armada Uruguaya.
Intervención del Contralmirante Mario Vizcay
En la misma sesión el Contralmirante Mario Vizcay, que al contrario de Ruiz, quien sí apoyó a Cardama en 2023, en la anterior gestión, y luego hasta fue sancionado por el actual gobierno a raíz de su actuación en lo que hace a este tema, declaró que " no hubo irregularidad alguna" en la decisión a favor del astillero gallego, sino "distintas valoraciones técnicas", pese a qué el mismo inclinó en su momento su voto por Cotecmar y Kership.
El mismo contralmirante Vizcay afirmó en la Comisión, introduciendo otro elemento de gran importancia al asunto, que la inspección y el acompañamiento de la construcción de las OPV en la grada de Cardama no debieron estar a cargo - como lo estuvieron- de oficiales enviados por la Comisión Técnica (COTEC) de la Dirección Registral y de Marina Mercante (DIRME) sino de la Dirección de Material Naval de la Armada (DIMAT), lo cual, tratándose de buques militares, cuestiona la validez de la misión misma.
Aseveró como ni la presencia en Cardama (tardía, ya que debió producirse desde marzo de 2025 y lo fue recién en setiembre de ese año) de esta delegación, significó una estima por parte uruguaya, aún con posibles objeciones, al valor de lo construido hasta ahora, ni posteriores cálculos han sido aportados desde Uruguay, ello ha llevado a la ministra Lazo a admitir que no tiene siquiera un valor aproximado de dicha estructura ya ensamblada, para insumo de las actualizaciones posteriores. Esto sugiere claramente la existencia de una impronta previa contra Cardama, que había sido expresada, por otra parte, por los delegados del actual gobierno a la Comisión de Defensa del periodo anterior.
De lo declarado en la Comisión quedaría poca duda, más allá de las interpretaciones circunstanciales de asistentes a la sesión parlamentaria de la Comisión Investigadora, acerca de la voluntad previa de la actual administración uruguaya de paralizar el acuerdo con Cardama, ni tampoco de una cierta desaprensión, en especial de parte del prosecretario presidencial, Dr. Jorge Díaz, que lideró este proceso contra la firma gallega, al respecto que las consecuencias jurídicas y prácticas que está impronta pudiera tener sobre el Uruguay y la Armada, desde hace mucho tiempo, totalmente carente de medios. (Javier Bonilla)
Deje un comentario
Su e-mail no será publicado.
Los comentarios que no se atengan a las normas de participación podrán ser motivo de expulsión.