La Contraloría General de la Republica del Perú remitió en noviembre a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior (MINTER) y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción un informe recomendando iniciar acciones legales contra ocho funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas en el proceso de adquisición del avión de transporte Antonov An-178-100R para el Ministerio del Interior.
El proceso de adquisición, finalmente frustrado, tuvo lugar en octubre de 2019, con la firma del contrato EE N° 001-2019/MININTER-STE-3-178-K/KE-19 para el suministro de la aeronave por parte de la ucraniana Spetstechnoexport. Se cifró en 64 millones de dólares y fue suscrito el 23 de octubre de aquel año. El 17 de noviembre de 2022, el MININTER, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales para la entrega del avión, optó por resolver de manera unilateral el contrato, sumamente controversial como advertimos en más de una ocasión, por la acumulación del máximo de penalidades.
De acuerdo al informe, que defensa.com pudo analizar detalladamente, se concluye que el Comité de Evaluación de Contratación (CCEE) favoreció la elección y los términos de contratación con Spetstechnoexport “sin cautelar los intereses del estado peruano, al haber negociado un contrato que no contemplaba cláusulas dirigidas a exigir el cumplimiento de la obligación del vendedor de entregar el bien en el plazo requerido, ocasionando un perjuicio económico de aproximadamente 128 mil dólares por gastos bancarios incurridos, así como afectación al uso eficiente de los recursos públicos y a la entrega oportuna de la aeronave”.
Las acciones legales se extienden a Gissela Maguiña San Yen Man (ex Directora de la Oficina de Administración y Finanzas - OGAF), General PNP Alfredo Vildoso Rojas (exJefe de la Dirección de Aviación Policial – DIRAVPOL), Víctor Manuel Ascue Tello (exJefe de la División de Mantenimiento Aéreo de la DIRAVPOL), Luis Marco Albújar Velásquez (exAsesor de la Secretaria General del MININTER) y Alexander Ticona Cisneros (exAsesor de la Oficina General de Asesoría Jurídica).
Por otro lado, el informe indica que la Oficina de Abastecimiento de la OGAF emitió una Orden de Servicio por aproximadamente 10.000 dólares para la contratación, sin cotización de por medio y sin certificación de crédito presupuestal, de un estudio jurídico León e Iparraguirre Abogados SAC, cuyo informe legal, omitió la revisión del proyecto de contrato, bajo los alcances de normativa y principios del derecho internacional, y las posibles contingencias para el MININTER, lo que favoreció a Spetstechoexport y afecto el correcto funcionamiento de la administración pública y el uso eficiente de los recursos públicos.
Los involucrados en este caso, son Jimmy Salinas Morales (exDirector de la Oficina de Abastecimiento de la OGAF), David Muñoz Contreras (exCoordinador de Actos Preparatorios y Acuerdos Marco de la Oficina de Abastecimiento de la OGAF) y Miguel Ángel Junior Orosco Lugo (exEspecialista en Programación).
De acuerdo a la normativa vigente, en los próximos días la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción debería aperturar la carpeta fiscal correspondiente y dar inicio a las investigaciones preliminares.
