La adquisición de 24 aviones de combate, 20 monoplazas y 4 biplazas, para la Fuerza Aérea del Perú por un monto de 3.500 millones de dólares avanza de acuerdo a lo programado y está entrando en la fase final del proceso. De acuerdo a la información recabada por defensa.com, ahora ha de emitir su opinión la Contraloría General de la República (CGR) para que el denominado “expediente de inicio” pase a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) a fin de dar inicio, tras la revisión y validación de la documentación, a la fase de negociaciones y la suscripción del respectivo contrato.
Antes se deberán transferir aproximadamente otros 710 millones de dólares a fin de completar el 30% de la inversión, monto que, de acuerdo a la normativa vigente, servirá de pago inicial tras la firma del contrato.
Denominado oficialmente como Programa “Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial y Precisión en las Operaciones Militares con Aviones Caza de Alto Rendimiento del Grupo Aéreo N° 4: Base Aérea Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo (La Joya, Arequipa) – Código N° 2573425, se financia para la Fase I con 7.580 millones de soles (2.000 millones de dólares al tipo de cambio de 3.79 por dólar en ese momento) asignados por el Presupuesto Nacional: “Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2025”.
Para la Fase II se dispone de otros 5.700 millones de soles, (equivalentes a 1.500 millones de dólares) que correrán por cuenta del Presupuesto del 2026. De estos montos, debidamente financiados mediante créditos con el Banco de la Nación y la colocación de Bonos Soberanos a nivel local, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió el 16 de febrero, mediante el Decreto Supremo N° 020-2026-EF, unos 340 millones de dólares, equivalentes a un 10% de la inversión prevista.
Adquisición bajo la modalidad de “secreto militar”
De acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero MN-DPC-001 – Versión 9, un Comité Multidisciplinario, integrado por especialistas del área usuaria y representantes de los Comandos Operacionales, se encargó de elaborar un Informe técnico-legal que incluyó, además de las propuestas económicas de los postores, la opinión y recomendación del Consejo de Seguridad Nacional (COSEDENA) en relación al factor estratégico y geopolítico, y la recomendación de realizar la adquisición como secreto militar “no competitiva”.
Esta modalidad, importante destacarlo, se define cuando el objeto de la contratación se encuentra dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 052-2001-PCM, que estableció una serie de lineamientos y disposiciones para adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno.
Al término de esta fase, aparentemente completada a mediados de febrero, la Comandancia General de la Fuerza Aérea emitió una resolución declarando que la adquisición se realizara en la modalidad de “secreto militar”, procediéndose a incluir la contratación, vía el Decreto Supremo N° 001-2026 del pasado 5 de marzo, en la Lista General de Contrataciones declaradas como “Secreto Militar”.
El expediente pasará en los próximos días a la Contraloría General de la República (CGR), que deberá emitir su opinión en un plazo estimado de entre 7 y 15 días. Obtenida la opinión de la CGR, la Fuerza Aérea del Perú remitirá el expediente a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), cuya Dirección de Estudios de Mercado revisará y validará la documentación, dando paso al denominado “expediente de contratación” y, finalmente, en los plazos establecidos, a la fase de negociaciones y la suscripción del respectivo contrato.
Únicamente quedaría pendiente, antes de iniciar la fase de negociaciones, como indicamos arriba, la emisión del Decreto Supremo transfiriendo aproximadamente otros 710 millones de dólares, a fin de completar el 30% de la inversión, monto que, de acuerdo a la normativa vigente, servirá de pago inicial tras la firma del contrato. Se prevé que el contrato sea suscrito a mediados de junio.
Las inevitables polémicas
La adquisición de los 24 aviones de combate para la Fuerza Aerea del Peru fueron, unos días antes de que el Congreso de la República cesara al Presidente José Jeri, tema de controversia tras las declaraciones del entonces Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, dando a entender que se había optado por los F-16C/D Block 70 al señalar que la elección del modelo de aeronave se haría en función del nuevo escenario “en que Estados Unidos ejerce un liderazgo sumamente dinámico y activo”, acotando que “la financiación de los aviones está enmarcada en un esfuerzo no solamente de Defensa, sino de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Cancillería”.
Apuntó incluso que la decisión estaba sustentada con el entendimiento y el ejercicio de la comprensión del Presidente José Jeri, “en función a los cambios geopolíticos establecidos por el cambio presidencial en Estados Unidos”.
A estas declaraciones, que se calificaron como de injerencia y adelanto de opinión en un proceso en curso, se sumaron las del Canciller Hugo de Zela y del Ministro de Defensa, Cesar Diaz Peche, quienes manifestaron que no había una decisión formal, al declarar, respectivamente, que “la propuesta de venta de aviones F-16 es un procedimiento que aún no se encuentra en etapa final. Esto compete a un comité de compras que trata ese asunto y no interviene la cancillería” y que “el proceso cuenta con la participación de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de revisar los aspectos técnicos y económicos de la eventual adquisición”.
Mas tarde, Álvarez Miranda tuvo que reconocer en una entrevista que “el Gobierno del Presidente Jeri no ha decidido comprar los F-16C/D Block 70” y que, si bien es cierto se inclinan por el F-16C/D Block 70, “la decisión, de acuerdo con los principios de contratación, están regidos en este caso, en última instancia, por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA).
Finalmente, apenas tres días antes de ser vacado, el ex Presidente Jose Jeri admitió que “lo único cierto acá es que quien compra es el Ministerio de Defensa a raíz de la propuesta de la Fuerza Aérea. Y es necesario comprar porque tenemos una flota anticuada, tenemos solamente dos aviones que ya están en sus últimos suspiros”, agregando que “la compra se tiene que dar sí o sí porque es parte de nuestra capacidad disuasiva de nuestro país”.
Urgente renovación
La renovación de la aviación de combate es de vital importancia y se considera como una prioridad a fin de que la Fuerza Aérea del Perú pueda recuperar plenamente sus capacidades operativas, y estar en condiciones de cumplir con los roles asignados constitucionalmente.
Actualmente, la espina dorsal de la Fuerza Aérea del Perú está conformada por un núcleo reducido de cazas Mirage 2000P/DP, adquiridos nuevos a Francia en 1982 e incorporados entre 1985-1987 que bordean los 40 años de servicio. A estos se suman los MiG-29S/SMP Fulcrum C (inoperativos desde mediados de 2019) y Sukhoi Su-25 Frogfoot, adquiridos de segundo uso a Bielorusia en 1996, que bordean, respectivamente, los 40 y 38 años de servicio.
Tres candidatos
En la lista corta, definida por el Estudio Definitivo realizado por el Comando de Operaciones (COMOP), figuran como finalistas, el Lockheed-Martin F-16C/D Block 70 (Estados Unidos), el Saab JAS 39 Gripen E/F (Suecia) y el Dassault Rafale F4 (Francia).
La denominada “lista corta” es el resultado del Estudio Definitivo del COMOP, que comenzó a gestarse en 2012 y comprendió una extensa evaluación técnico-operacional que inicialmente incluyo a 8 modelos de aeronaves: Boeing F/A-18E Super Hornet, Dassault Rafale F3, Eurofigther Thypoon, Lockheed-Martin F-16C/D Block 50/52, SAAB JAS-39 Gripen, y Sukhoi Su-27 Flanker B, Su-30MK2 Flanker C y Su-35 Flanker E. A medida que pasaba el tiempo, el COMOP fue descartando, bien por no cumplir con los requerimientos técnicos o disponibilidad y costo elevado, a algunos modelos, y agrego otros, como el F-16C/D Block 70/72 e incluso al MiG-35 Fulcrum F.
Deje un comentario
Su e-mail no será publicado.
Los comentarios que no se atengan a las normas de participación podrán ser motivo de expulsión.