Las políticas de estado son a menudo difíciles de definir, pero diríamos que afectan a los valores o principios fundamentales de nuestra convivencia como nación, que son mayoritariamente admitidos por la sociedad y son producto del devenir histórico de cada país. Por ejemplo, se dice que la política exterior o la de justicia deberían englobarse bajo un amplio consenso, ya que sucesivos cambios perjudicarían notablemente a la soberanía nacional y al estado democrático de derecho.
Los recientes cambios políticos en España, en la que en menos de cuatro años ya hubo dos elecciones generales y tres legislaturas iniciadas, una vez más nos traen a colación el consabido tema de si es posible sostener una política de defensa al pairo de los cambios políticos, especialmente cuando son de enorme envergadura. La respuesta es que no. Incluso podríamos cambiar nuestra política exterior, como está ocurriendo en Estados Unidos durante esta Presidencia, y, sin embargo, los fundamentos de la política de seguridad y defensa se mantienen estables.
Pero la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué es política de defensa?, porque si no nos ponemos de acuerdo en el concepto, difícilmente podremos hacer un desarrollo intelectual de su contenido. La defensa de una nación como España tiene unos objetivos irrenunciables, la soberanía nacional y el territorio, la protección de nuestros ciudadanos en España y en terceros países y contribuir a la seguridad global junto a nuestros aliados, como un ejercicio de seguridad propia.
Pero bajo estos objetivos caben muchas y muy diferentes políticas de defensa, es decir la asignación, ordenación y operación de los recursos humanos y materiales adscritos a esta función. Pero no podemos desdeñar un elemento esencial de la política de defensa, que es el uso de la fuerza para su ejercicio. Las Fuerzas Armadas disponen de la legitimidad y de la obligación en el uso de la violencia para la defensa de los valores constitucionales. El uso de las Fuerzas Armadas, en razón de su organización o medios, para otras funciones que tienen que ver con la seguridad, es cada vez más intensivo, pero estas actividades constituyen el elemento residual de sus actividades.
La política de defensa, teniendo en cuenta estas consideraciones, debe reunir un amplio consenso que afectaría a los siguientes elementos:
a) Presupuestos: resulta esencial que los principales partidos sean capaces de pactar un presupuesto estable a largo plazo, que debe conducir a unos objetivos de gastos acordes con nuestras necesidades y las demandas de nuestros aliados. España no puede seguir siendo un free rider, de la seguridad global, que es también la nuestra. Estos presupuestos deben incluir un detalle de los principales programas de inversiones que constituyen el eje vertebral de la defensa. Sin una adecuada planificación a largo plazo de recursos y de fines, la defensa se convierte en algo descafeinado, que vive a la sombra de decisiones que en muchos casos tienen una naturaleza oportunista. Obviamente junto a estas grandes decisiones sobre en qué se debe invertir el dinero, es necesario introducir los elementos esenciales de esta gestión y el principal de ellos es el industrial/tecnológico. Sin una vanguardia industrial y tecnológica, es muy difícil mantener una política de defensa autónoma y por ello también es imprescindible definir los objetivos tecnológicos. Cómo se quieren gestionar esos objetivos y con qué recursos son cuestiones que deben quedar resueltas a largo plazo también. Otro aspecto esencial de la gestión de esos programas es el impacto industrial que se pretende conseguir con las inversiones y, en particular, buscar un equilibrio que maximice el contenido industrial nacional asumiendo unos costes razonables de nacionalización. Una acción industrial de esta envergadura se realiza para varias décadas, razón por la cual los cambios deben ser mínimos para poder obtener los beneficios más altos.
b) El segundo aspecto crítico es la política de personal que determine a largo plazo las condiciones de carrera para todos los cuerpos y escalas. Unas Fuerzas Armadas preocupadas de su futuro profesional, de la asistencia a sus familias, de la sanidad, de la jubilación, no pueden ser eficaces en sus misiones y para ello es crítico, asimismo, determinar las líneas generales de la política de personal en cuanto a derechos y obligaciones, y también los recursos asignados a dichas acciones.
Vivimos en un entorno de globalidad, en particular en la Unión Europea, y las decisiones y las acciones deben ser compartidas y este entorno la política de defensa como política de estado incrementa su necesidad. Aquí también debemos incluir un aspecto de la defensa que no tiene que ver tanto con los medios, como con las decisiones políticas. Desde el día que se establecieron fronteras comunes en Europa, no es permisible a ningún gobierno nacional tomar decisiones particulares que afectan a los principios de la seguridad colectiva. No podemos hablar mucho de Europa, para luego, por un interés particularista, adoptar acciones que con contrarias al espíritu de la Unión. Y teniendo fronteras comunes, la defensa ya no puede ser más una política nacional, ya que terminaría por desvirtuar la seguridad colectiva.
Por ello las decisiones políticas sobre la defensa que afectan a temas estratégicos, uno de los cuales es claramente la inmigración ilegal, no pueden ser adoptadas por criterios puramente particulares, sino que debe darse en el marco de la Comisión Europea en el que se traten estas cuestiones, que claramente afectan a la convivencia y seguridad común de la Unión Europea. Es de esperar que el nuevo Gobierno en España sepa entender que la continuidad a menudo es mejor que cambiar a mejor. La improvisación y la inestabilidad son los peores cimientos en los que se puede apoyar la política de defensa.
Enrique Navarro
Presidente MQGloNet
