El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acaba de ser reelegido en un más que cuestionable proceso electoral y con una histórica abstención, que reafirma la falta de garantías democráticas en el país, más grande si cabe que la de pan. El castigo internacional, con la retirada de embajadores, la imposición de sanciones y el ahondamiento en el aislamiento internacional no asustan a Maduro tanto como la posibilidad de una rebelión militar interna que ponga fin al sistema.
Sin que nada haga temer al Gobierno, cada vez más autoritario, que un levantamiento civil lo pueda mover de la silla, ni, pese a las bravuconadas contra el imperialismo, que Estados Unidos vaya a intervenir la nación militarmente, el chavismo siente que su principal amenaza proviene de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya cúpula ha expoliado al país y guarda su botín en paraísos fiscales, en tanto las bases viven cada vez más míseramente.
La Constitución venezolana establece el carácter apolítico de sus Fuerzas Armadas, pero la deriva chavista las ha engullido, adoctrinado en la patria socialista, fortalecido y expandido en todos los ámbitos de la sociedad. Al bien retribuido acomodo de los que se ubican en lo más alto de la pirámide militar se contrapone la crítica creciente de buen número de oficiales de escalas inferiores, a cuya conciencia apelan los opositores al Gobierno para que no cumplan órdenes represivas, acaten la Constitución y no sean herramientas de presión política.
Aunque la propia oposición reconoce que el levantamiento militar de los descontentos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no sería la opción ideal, lo cierto es que los golpes de estado se han venido produciendo en Venezuela casi desde la misma fundación de la República y hasta fechas bien recientes.
Días después de la parodia de reelección de Maduro en las urnas, once oficiales de la Armada venezolana y de la Fuerza Aérea fueron detenidos acusados de instigación al motín, delitos contra el decoro militar y traición a la patria y encarcelados en la prisión de Ramo Verde, donde han ido a parar otros tantos uniformados en los últimos meses -34 desde enero-, la mayoría pertenecientes a unidades de operaciones especiales. Un suma y sigue, una caza de brujas que el máximo responsable militar y ministro de Defensa, Vladimir Padrino, alienta.
