El Gobierno de coalición del PSOE con Podemos, logrado con la abstención o el apoyo de los partidos de izquierdas, se estrenó con la decisión de no firmar el contrato del futuro, esperado y necesitado, tanto por el Ejército de Tierra como, si cabe más, por la industria, Vehículo de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 y el anuncio de la posible convocatoria de un concurso. Es poco explicable que se haya recorrido un camino tan largo y complicado para llegar a esto, sin negociar soluciones que mantuvieran el espíritu y el objetivo.
Los PEA (Programas Especiales de Armamento) de sistemas terrestres, aéreos y navales han servido durante los últimos treinta años para capacitar a la base de la industria de defensa española, dotándola de competitividad y soberanía y embarcándose la Administración y las empresas en procesos que permitieron convertir las capacidades de cada una en productos competitivos. Es el caso de los miembros de la UTE (Unión Temporal de Empresas) del 8x8, General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas, Indra y SAPA.
El VCR es un paso más, convirtiendo a Santa Bárbara Sistemas en líder de vehículos blindados de cadenas y de ruedas, un escenario en el que nos pondría a la altura Alemania, y a Indra y SAPA en referentes en sistemas de misión y transmisiones, tanto de ruedas como de cadenas. No avanzar en esa línea y amenazar ahora con la adquisición de un vehículo de fuera, pese a las dificultades evidentes que ha tenido el proceso, tendría consecuencias que afectarían dramáticamente a la industria nacional a corto, medio y largo plazo.
Es pavoroso pensar que la adquisición del vehículo pase a ser un gasto y no una inversión, eludiendo el conocido y demostrado retorno de 2,5 euros por cada uno dedicado a los programas de defensa si se rompe la cadena de suministro. Uno de los principales afectados serían nuestras Fuerzas Armadas, en concreto el Ejército de Tierra, ya que por esa falta de retorno industrial las nuevas adquisiciones de material necesario para su modernización padecerían un mayor escarnio en el futuro. Es inimaginable que se evalúe la destrucción progresiva de la base industrial española, no solo de las firmas mencionadas, sino de los centenares de empresas que dependen de ellas y que la vertebran.
Se eliminaría el efecto distribuidor de la riqueza que esas sociedades ofrecen por su ubicación geográfica, con unos efectos inmediatos irrecuperables a medio plazo en un entorno tan relevante como el de los fondos europeos de la defensa. Si España no dispone de empresas con producto, empleos cualificados y una sólida base industrial, nuestro papel será de espectador, cediendo las decisiones estratégicas a las preferencias de las industrias alemana y francesa, fortalecidas y respaldadas por sus gobiernos. La soberanía de cara a las exportaciones estaría limitada por el país fabricante del vehículo, como ya ha sucedido. No se pueden echar por tierra los 90 millones de euros invertidos en los demostradores y el trabajo realizado. Los argumentos de salvaguarda de los intereses de la defensa nacional, seguridad del suministro, etc., siguen siendo válidos y contradicen cualquier otra fórmula de contratación. Pedimos que se sienten, negocien y lo solucionen. (defensa.com)
