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Este martes Presentaba los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 en el Congreso de los Diputados el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En lo que respecta al ministerio de Defensa, su presupuesto se cifra en 5.758 millones, lo que representa un incremento del 0,4 % y 24 millones en términos absolutos sobre la cifra del año pasado y que, a su vez, supone un 1,7 % de los PGE (antes 1,6 %).
Esta cifra responde claramente a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda aprobados para este año, lo que supone que se destinan las cantidades necesarias para mantener las capacidades operativas mínimas e imprescindibles de las Fuerzas Armadas para cumplir las misiones y ejecutar los compromisos derivados de nuestra pertenencia a organismos internacionales de seguridad y defensa y la participación en programas internacionales de armamento y material.
En los 5.758 millones no se incluyen 1.818 millones de euros de los Programas Especiales de Armamento o PEAs (a los que el Presupuesto se refiere ahora como Programas Especiales de Modernización o Programas Especiales de Defensa) dotados para atender los compromisos de pago de este año y el pasado. Estos además no tienen efectos sobre el déficit de 2017 puesto que la contabilidad nacional determina que el efecto se produce en el momento de la recepción, lo que se produjo con anterioridad. Recordemos en este sentido que el Gobierno no podrá recurrir a la fórmula de los decretos-ley para financiar los PEAs tras las sentencias del Tribunal Constitucional del año pasado.
En este sentido se recuerda en los Presupuestos la importancia en términos tecnológicos, industriales y financieros de los PEAs, por lo que se continuará con su desarrollo y ejecución, continuando con el proceso de reprogramación de su coste que supuso la reducción de unidades, aplazamientos de las entregas y renegociación de las condiciones. Las perspectivas tampoco son halagüeñas cuando leemos que “se continuará analizando detalladamente la situación financiera de cada uno de los programas de adquisición, buscando soluciones, siempre dentro de las disponibilidades financieras”.
Menos inversión pero apoyo a la industria
El presupuesto incluye una partida para inversiones reales de tan solo 426 millones de euros, un 12,5 % menos que en el ejercicio anterior. En este sentido el leitmotive de Hacienda queda de nuevo claro: atender las necesidades más prioritarias derivadas del Objetivo de Capacidades Militares, lo que supone dotar a las Fuerzas Armadas solo del material operativo y logístico necesario y asegurar su funcionamiento.
Mientras, los gastos de personal suponen nada menos que 4.432 millones de euros y solo se destinan 743 millones para atender los gastos operativos y de funcionamiento necesarios.
El habitual apoyo a la industria de defensa nacional queda reflejado en los Presupuestos cuando se afirma que se apoyará su internacionalización “promoviendo y apoyando las actuaciones necesarias para que el Ministerio de Defensa pueda gestionar programas de armamento con destino a la exportación, desarrollando modelos y procesos necesarios y definiendo la estructura de apoyo a la internacionalización”. Se ha aprobado la regulación normativa que permite la suscripción de acuerdos entre Gobiernos, se seguirán desarrollando las capacidades de la OFICAEX y se potenciarán las funciones de los agregados de las embajadas.
Un análisis pesimista
Que el presupuesto de Defensa se sitúe en el 1,7 % de los PGE ha sido malinterpretado o como poco interpretado muy alegremente por no pocos medios generalistas que afirmaban que el Gobierno se acercaba al compromiso adquirido en la cumbre de Gales de septiembre de 2014 de “destinar el 2 % a Defensa”. Aunque es cierto que un incremento del 0,4 nos acerca al objetivo, el compromiso de Gales era destinar el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa, no de los PGE.
Si tenemos en cuenta los datos del Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística, el PIB de España alcanzó el año pasado los 1.113.851 millones de euros. Si tomamos ese dato como referencia (y las previsiones de los organismos citados anteriormente son que el PIB siga creciendo en torno al 3%), un cálculo simple nos muestra que el presupuesto del Ministerio de Defensa no debería bajar de los 22.000 millones de euros en 2024, aproximadamente cuatro veces el presupuesto actual.
La pregunta entonces es clara. ¿Cómo va a multiplicar por cuatro el Gobierno el presupuesto de Defensa en siete años? La primera respuesta que nos viene es obvia: no lo va a hacer (más concretamente, no va a poder o no va a querer). Una respuesta más sosegada es que la estrategia debería empezar por abandonar la “ingeniería contable” e incorporar al presupuesto del Ministerio partidas que ya se computan en otros organismos, como los Programas Especiales de Armamento (PEAs) en Industria o las misiones internacionales, sufragadas ahora por Exteriores.
Si tomamos como orientativos los datos de 2016 de ambas partidas (1.818 y 770 millones respectivamente), el presupuesto “real” destinado a Defensa rondaría los 8.346 millones de euros. El resto hasta alcanzar el objetivo anteriormente referido pasaría básicamente por incrementar las partidas para inversiones reales (recordemos que este año han caído), de personal (el objetivo de de tropa y marinería se mantiene en los 79.000 efectivos desde 2015), formación, mantenimiento y gastos corrientes. Es decir, comprar más equipos, incrementar la plantilla, realizar más entrenamiento con plataformas aéreas, terrestres y navales y mantenerlas en el estado adecuado.
Hay que recordar que otro de los compromisos de Gales en 2014 era destinar al menos el 20 % de ese presupuesto de Defensa a la adquisición de equipos. Hace pocas fechas, el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF), Agustín Conde planteó elevar el límite de gasto para incluir la financiación de los PEAs evitando recurrir a la figura del Decreto-Ley.
¿Estarán dispuestos los próximos gobiernos a incrementar estas partidas a pesar del compromiso de la OTAN y de las presiones de nuestros aliados con Estados Unidos a la cabeza? Parece muy poco probable si tenemos en cuenta la tradicional reticencia tanto de los grupos políticos como de la población española.
Recordemos que según los datos de la OTAN que analizamos en defensa.com, el año pasado España destinó un 0,91 de su PIB a Defensa, colocándose como el tercer país de la OTAN que menos invierte en Defensa. La OTAN calculaba que el gasto en Defensa en España el año pasado alcanzó los 10.104 millones de euros, solo superior a Luxemburgo y Bélgica. Según esos mismos datos España había destinado el 15,23 % del presupuesto a la adquisición de equipos, mientras que la partida para personal “se come” el 64,02 % del presupuesto.
Los datos incluidos en la llamada “serie roja” y en el llamado “libro amarillo” de los presupuestos serán analizados en detalle en breve en defensa.com. (José Mª Navarro García)
Fotografía: El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con el proyecto de PGE (Congreso de los Diputados)
