(defensa.com) La operación para cerrar la compra por parte del Ministerio de Defensa de Argentina de los aviones Mirage F-1 del Ejército del Aire español, para la que el Congreso argentino aprobó el equivalente a unos 160 millones de euros, sigue en marcha, con comisiones viajando entre ambos países, a pesar de las dudas sembradas estos días en la prensa del país, si bien es cierto que están surgiendo ciertas complicaciones. En primer lugar, según hemos podido saber, el ministro de Defensa argentino ha recibido de un asesor directo un informe en el que recomendaba cancelar la compra de los aparatos españoles en favor de la adquisición de aviones Kfir de factoría israelí. Los Kfir, entrados en años, como los F-1 españoles, tendrían no obstante un serio problema: el motor J79 que los propulsa es de factoría es estadounidense y requiere permisos de exportación de la Casa Blanca, asunto muy complicado actualmente para la Argentina.
La Fuerza Aérea Argentina tiene una amarga experiencia con los propulsores de los jets A-4AR, siendo cada día más difícil comprar repuestos, amén de su elevado coste, con lo cual la tasa de operatividad de estos aviones es muy baja. Peor sería con los Kfir, como bien sabe Ecuador. Como anécdota, llama la atención que si bien los británicos manifestaron su malestar ante la compra de los Mirage por Argentina, sobre los Kfir nada han dicho…
Pero es una segunda razón la que hoy estaría realmente detrás de las principales trabas al cierre de la operación con España: una jugada francesa de último momento. Los españoles contaban con el visto bueno de los galos para vender los cazas a Argentina, incluyendo una certificación de uso y apoyo logístico. Ahora, y con gran disgusto de los ibéricos, los franceses no entregan dicha certificación y sólo lo harían si se les compra aviones a ellos de forma directa y se les solicita asistencia técnica para la puesta a punto de los jets.
Francia está ofreciendo así ahora sus aeronaves F-1, rivalizando con la oferta española. Aunque tienen pocas maquinas disponibles, se incluye a los F-1 jordanos, en bastante mal estado. Lo que hasta hace 20 días era un negocio para todos, para España, que colocaba este material excedente, para los franceses, que también iban a vender repuestos y algún biplaza, y para la propia Argentina, se está convirtiendo en un campo en disputa, más por la presión gala que por la oferta israelí con sus Kfir.
Como adelantó defensa.com a mediados de septiembre, la solicitud por parte del Ministerio de Defensa argentino de 1.217.264.000 pesos, equivalente a unos 160 millones de euros, para la adquisición de aviones Mirage F-1 ex Ejército del Aire español, fue aprobada por el Congreso argentino en el capítulo de inversiones del Ministerio de Defensa dentro de los presupuestos generales de la nación para 2014. Los F-1 reemplazarán a los veteranos y ya obsoletos Mirage III de la Fuerza Aérea Argentina, en proceso de desprogramación.
Además, entre los programas aprobados para Defensa, el Presupuesto 2014 detalla que está previsto el cumplimiento de los compromisos vigentes con la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA) para el mantenimiento, modernización y producción de aeronaves Pampa. Asimismo, “se cumplirá el contrato de prestación de servicios de mantenimiento y recuperación de medios aeronavales, de acuerdo al Plan de Acción Progresiva para la Armada”.
El texto detalla, igualmente, que se prevé continuar con la transformación de helicópteros Bell UH-1H al modelo Huey II, la modernización de aviones C-130, el desarrollo y producción del avión de entrenamiento primario básico suramericano IA-73 Unasur y la modernización de radares móviles TPS para ser incluidos en el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo.
Respecto a los F-1, el pasado septiembre en defensa.com ya adelantábamos que la negociación estaba en fase muy avanzada, a pesar de algunos intentos desde Israel ofreciendo el Kfir en lugar de los cazas españoles. El 14 de septiembre entraba en el Congreso Nacional argentino el borrador de presupuesto 2014 para su estudio y posterior aprobación, acometida finalmente en el Congreso.
