La declarada guerra portuaria de Argentina con Uruguay y Paraguay, así como la amenaza de este país de no compartir canales de navegación común, agilizan la necesidad del VTS, ante lo cual habría un estado de alerta también en grandes firmas de informática e integración locales, para ofrecer un servicio privado, no al Ministerio de Defensa ni a la Armada, sino al de Transporte y Obras Públicas.
Tal cuadro predispone a alguno de los más conocidos postulantes, como es el caso de Gem, y de Elbit (representado en Uruguay por Noa Security) a sugerir la oportunidad e inminencia de una licitación, en la cual el Estado no solo evacuará las dudas existentes y las ofertas técnico-económicas, sino que podría inclusive quedar mejor parado jurídicamente, ya que una vez que las diversas firmas interesadas, aún sin concurso declarado, han desplazado técnicos y algunos abierto posibles cartas de créditos a Uruguay, las reclamaciones por una compra directa tras tan largos contactos informales, serían casi seguras, así como sus probabilidades de éxito.
Podría recurrirse a la licitación reservada o al concurso de precios, en los cuales Uruguay aclararía- si fuera del caso- que la confirmación de la respectiva adjudicación sea a cuenta de los recursos presupuestales o extrapresupuestales a obtener, librando así cualquier posible presión por ejecución inmediata, si hubiera aún alguna incertidumbre financiera mediando en la etapa final de este posible trámite, hoy día visto como casi ineludible también por otros proveedores. (Javier Bonilla)
