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Primera foto del polémico avión presidencial uruguayo, que nuevamente será objeto de investigación legislativa

Mientras su vendedor, la firma uruguaya Floridian, controlada a su vez por Autolider (representante Mercedes Benz, Alfa Romeo y Maserati) enfrenta algunas dificultades de imagen, pues su propietario, Carlos Bustin debió abandonar tentativas de juicios penales contra periodistas y twiteros simpatizantes por indicación de sus representadas, difundimos en adelanto exclusivo la primer fotografía del viejo HS-125 700 A -de 1979- cuya entrega, además de ser severamente cuestionada por incumplimientos por la división Jurídica y Auditoría del Tribunal de Cuentas, y ser objeto de investigación parlamentaria, por parte del diputado opositor Pablo Abdala, volvió a interesar seriamente al senador ,también opositor, Pedro Bordaberry, quien en febrero pasado convocó la interpelación del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, una de las más duras que se recuerden en los últimos 12 años.

Además de haber quedado de lado el proclamado caracter multipropósito del avión, al faltar la camilla rebatible cotizada en 90.000 dólares, previamente anunciada, y no conocerse otros posibles dispositivos sanitarios a bordo, la aeronave se incorporó con atraso ,con la garantía depositada tardiamente, e insuficiente la misma para cubrir las multas pactadas al respecto, no obstante lo cual , igualmente se llegó a abonar más de la mitad del valor del avión a su hasta entonces propietario,incluso  antes de su vuelo de comprobación, lo que agrava aún más este cuadro.

Como un detalle anecdótico no menor, se ha dispuesto para este aparato, idéntico número de matrícula (FAU 500) que para el Gates Learjet 35A adquirido en 1981, del cual la Fuerza Aérea fue obligada, en acuerdo con la mayor parte de los partidos políticos, a deshacerse en 1988 por ser "un recuerdo de la dictadura".

Los legisladores Abdala y Bordaberry, por su parte, ante la situación planteada, llevarían el tema hasta las últimas consecuencias, no descartando proponer una Comisión Investigadora en el Parlamento y en cualquiera de las dos Cámaras, además, porque los intentos judiciales e incluso policiales, contra prensa y redes sociales, han reavivado la cuestión ante una opinión pública muy crítica a este respecto. (Javier Bonilla)


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