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El Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay asume finalmente la liquidación de los astilleros de la Armada

(defensa.com) El ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Roberto Kreimerman, así como su vice ministro, Edgardo Ortuño, aceptaron ante el diario oficialista "La República", secundados posteriormente por el Secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, la autoría intelectual de las disposiciones integradas a la actual Rendición de Cuentas que establecen la integración de los astilleros y facilidades industriales de la Armada Nacional en una futura empresa pública llamada Instituto Naval del Estado (INES).

El Ministerio solicitó incluso unos 3 millones de dólares, a través de esta ley presupuestal, destinados a reacondicionar la infraestructura para el desarrollo de un polo industrial naval del Atlántico Sur en Punta de Sayago, donde también se prevé instalar un puerto de poca profundidad y una regasificadora. Según el subsecretario, Edgardo Ortuño, se destinarían 87 hectáreas para establecer el polo industrial, dotándolo de infraestructuras comunes.
El ministro Kreimerman admitió haber inspirado desde su cartera instituir un fideicomiso para el futuro Instituto Naval del Estado, con bienes del Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada, y el traslado de personal de esa dependencia de la Armada a la nueva organización.
Aunque Kreimerman afirmó que aún se debaten con Presidencia, Economía y Defensa algunos ajustes a los  artículos 322, 323 y 324 de la confusa  Rendición de Cuentas, sobre cuya  redacción diversos juristas advirtieron múltiples inconstitucionalidades, preceptuando la virtual absorción de ciertas dependencias navales y el surgimiento de una estatal dirigida por 3 representantes del Ejecutivo, con nexo en su Ministerio, horas antes, según diversas fuentes muy confiables, la Armada había sido informada del retiro de los mismos del proyecto, para posterior consideración, lo que correspondería juridicamente.
La Constitución prohíbe claramente crear organismos o programas que exceden la vigencia del gobierno que envíe este tipo de proyectos, al igual que entes autónomos en el mismo.
Ante las lógicas y justificadas resistencias de la Armada Nacional -que ha realizado inversiones cuantiosas durante años en recursos técnicos y humanos, e inclusive ha comenzado a obtener una creciente cartera de clientes para sus astilleros- aunque la Fuerza sí acepta dotar a sus unidades industriales de normativas de Derecho Privado (como lo hace la Aviación Naval en sus hangares) para agilizar su funcionamiento, el Presidente Mujica aceptó conformar  un mini gabinete de trabajo entre los ministros de Industria, Economía, Defensa Nacional y la Presidencia de la República para limar asperezas.
En tal contexto, en casi todos los corrillos políticos se da como un hecho que la controvertida presencia del cuestionado ex ministro de Defensa y senador oficialista Luis Rosadilla en un almuerzo de camaradería realizado en el SCRA días atrás, además de auscultar los ánimos a este respecto en el ámbito naval, e insinuar a sus allegados personales en actividad una posible integración a la futura empresa, haya tenido como objeto, de parte del Ejecutivo, comenzar a neutralizar claras resistencias al proyecto tanto a nivel militar, como en otros ámbitos de la Defensa. (Javier Bonilla)


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