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El ejecutivo uruguayo habilita la privatización parcial de los astilleros navales pese a no haber sido aprobada por el Parlamento

(defensa.com) El presidente uruguayo habilitó al Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada a arrendar o porporcionar en uso a terceros sus instalaciones, infraestructura y equipamiento en general, apesar de que el Parlamento no dió lugar a esa posibilidad durante la pasada Rendición de Cuentas. El decreto se enmarca en un acuerdo marco, bastante general, firmado en febrero de 2013 entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria para impulsar un polo naval.

La norma pone en manos del Ministerio de Industrias, Energía y Minería , en consulta con Defensa, la  casi discrecionalidad en establecer a los asociados privados que podrán no solo arrendar o asociarse a las instalaciones del Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada, sino recibirlos en usufructuo, aspecto que genera fuerte resistencia interna y externa, existiendo fuertes versiones de que el Grupo gallego Galicitio-Tifferey (controlado por Indasa) pudiera ser un firme candidato a una joint venture, de cuyo entramado legal se duda fuertemente.

El decreto 1179/2014 considera “actividades navales la construcción, reparación ,transformación o modernización de unidades marítimas, sean ellas naves , artefactos navales o sus partes, así como todas aquellas que resulten complementarias, conexas o accesorias a la misma o coadyuven al cumplimiento de los objetivos de las actividades principales”.  La norma dictada concluye ordenando que la infraestructura naval de la Armada Nacional, sin desmedro de sus posibilidades, apoyará al máximo esta estrategia.

No obstante estos polémicos movimientos, la Armada Nacional había logrado muy recientemente que el buque tanque estatal "Ancap 9" , que en la última década había sido sometido a mantenimiento en los astilleros argentinos Tandanor, volviera por primera vez y en años a ser mantenido en los astilleros del SCRA, cuya función primordial es hacerse cargo de la flota naval, estatal y paraestatal, aspecto que podría ser tenido muy en cuenta por la oposición a la hora de analizar el controvertido permiso. (Javier Bonilla)


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