(defensa.com) La Comisión de Defensa, Orden Interno y Seguridad del Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional que permitirá retomar la interceptación y derribo de avionetas dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas (TID). La norma, que deberá ser aprobada en Sesión Plenaria del Congreso, define, entre otros aspectos, el Espacio Aéreo y la Zona de Identificación de Defensa Aérea -ADIZ PERU (que se extiende hasta las primeras doce millas del dominio marítimo), así como las circunstancias en que una aeronave, tanto civil como militar, puede ser declarada “hostil”, a saber: Que ingrese en el espacio aéreo nacional y no se identifique, que no respete los corredores aéreos establecidos, que no ostente ningún distintivo de nacionalidad y matrícula o que ostente distintivos falsos, que ingrese a un área prohibida o que vuele a una altura menor de 3.000 pies en un radio de 40 mn de una estación de radar o instalación militar, que opere desde pistas no autorizadas y sin plan de vuelo o bien de que exista la evidencia o sospecha que transporta armas, explosivos y municiones o está siendo empleada para el Tráfico Ilícito de Drogas.
Los procedimientos para la interceptación y derribo de aeronaves serán establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) – previa opinión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) - de acuerdo a la RAP 91 (Regulación Aeronáutica Peruana): Reglas de Vuelo y Operación General. El empleo y uso de la fuerza en los procedimientos de interceptación deberá ser regulado a nivel estratégico por el CCFFAA y a nivel táctico-operacional por la Fuerza Aérea del Perú.
Es importante anotar, que aun si la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo es aprobada por el Congreso, la Fuerza Aérea enfrentaría serios problemas para su eficaz aplicación pues, además de asignar los medios aéreos apropiados, no dispone de Radares de Vigilancia y Alerta Temprana 3D que permitan una adecuada cobertura radárica a nivel nacional, tanto para la defensa como para la detección e interdicción de aeronaves dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas. Además, la Fuerza Aérea requiere urgentemente de un Avión de Mando, Control, Comunicaciones e Inteligencia cuya adquisición – cifrada entre 90 y 100 millones de dólares – está pendiente desde 2010.
Las Operaciones de la Fuerza Aérea en la Lucha Antidrogas se remontan a 1985 cuando puso en marcha las Operaciones Cóndor I, II, III y IV. En estas operaciones – que incluyo bombardeos a baja altura - fueron destruidas varias pistas clandestinas y laboratorios, obligando a los narcotraficantes establecidos en el Alto Huallaga a cambiar su modo de operación. En abril de 1990 se desplego operacionalmente, además de un Radar P-37F en Iquitos - a los Cessna A-37B Dragonfly y a los Embraer T-27, así como a los Bell 212 al Aeródromo de Santa Lucia para los Operativos Chubasco I, II y III. Más tarde, se realizo la Operación Halcón –de apenas 16.5 horas de vuelo efectivo - que envolvió por el lado peruano a un destacamento de A-37B Dragonfly basados en el Aeropuerto de Andoas y por el de la USAF a un Boeing E-3B AWACS y a un Lockheed P-3 AEW Orion del US Customs Service que despegaban desde la entonces Base Aérea de Howard (Panamá). Los resultados fueron modestos: una avioneta derribada y otras dos destruidas en tierra.
En 1991 se realizó la Operación Dragón, que tras 128 horas operacionales logro interceptar 11 avionetas, de las cuales 4 fueron obligadas a aterrizar, 6 derribadas y una destruida en tierra. Ya para entonces la USAF había instalado Radares Westinghouse AN/TPS-43 en Iquitos y Andoas a fin de optimizar la detección de objetivos y el control del espacio aéreo. El 10 de abril de 1992 la Fuerza Aérea asumió el control de los aeropuertos de Ayacucho, Juanjui, Pucallpa, Santa Lucia, San Ramón, Tarapoto, Tingo María, Tocache, Uchiza y Yurimaguas. A fines de ese mes, concretamente el día 24, dos Sukhoi Su-22 Fitter F interceptaron y dispararon contra un C-130H Hércules de la USAF (Operación Furtive Bear para detectar y ubicar pistas clandestinas) que volaba sin autorización e hizo caso omiso de la orden para identificarse y aterrizar. Como consecuencia del incidente, en el que un tripulante del C-130H falleció y otros tres resultaron heridos, se interrumpieron las Operaciones Combinadas con la USAF y los Radares AN/TPS-43 fueron retirados. Aun así, la Fuerza Aérea realizó las Operaciones Chubasco IV y V – incorporando a los Aermacchi MB-339A- que mantuvieron el resultado del año anterior interceptando 11 avionetas: 4 obligadas a aterrizar, 6 derribadas y una destruida en tierra.
A partir de 1993 se retoman las Operaciones Combinadas con la USAF – que instaló Radares AN/TPS-43 en Iquitos y Yurimaguas, y desplegó nuevamente a sus E-3B AWACS – incrementándose (ver cuadro) el numero de intercepciones a 25. Las Operaciones Combinadas, a las que se sumarían eventualmente aeronaves de la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvieron el ritmo: 15 interceptaciones en 1994, 20 en 1995, 3 en 1996 y 10 en 1997. Entre 1998-2000 las interceptaciones, debido a lo eficaz del accionar de la Fuerza Aérea en el Alto Huallaga, se redujeron drásticamente. Apenas dos: una derribada y la otra destruida en tierra por su tripulación. A estas cifras se deben sumar otras 223 avionetas que fueron disuadidas, durante el periodo 1985-2000, de ingresar al espacio aéreo nacional. Finalmente, en abril de 2001 ocurrió un grave incidente que conllevó la cancelación definitiva de la Operaciones Combinadas con los Estados Unidos. Dos A-37B de la Fuerza Aérea derribaron – debido a una serie de errores de procedimiento, fallas en la identificación del blanco, falta de entendimiento en el lenguaje y saturación de los sistemas de comunicaciones - por error a un Cessna A-185E Skywagon (Matricula OB-1408) causando la muerte de una misionera y su hija de apenas siete meses. Otras tres personas resultaros heridas.
Desde entonces, la Fuerza Aérea no realiza, salvo la recopilación de Información de Inteligencia, Operaciones de Interceptación. Esto, qué duda cabe, ha sido aprovechado por el narcotráfico, que ha construido decenas de pistas clandestinas, en especial en el Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM), e incrementado los vuelos clandestinos a Bolivia y Brasil. De acuerdo a estadísticas extraoficiales, se estima que al mes salen como mínimo unos 60 vuelos clandestinos del VRAEM – en su mayoría Cessna 206 – cada uno de los cuales transporta entre 400 y 500 kg. de droga. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima).
