En 2009, la Comisión Europea, dando un giro sin precedentes en el tratamiento de las cuestiones de defensa, en las que apenas tiene competencia, decidió aplicar a las compras de los departamentos correspondientes las mismas reglas que rigen para el resto de las públicas, lo que sin duda suponía ya en ese momento un profundo desconocimiento de la realidad de este mercado, caracterizado por un enorme componente político y, sobre todo, por unas especificaciones que hacen imposible una competitiva formación de precios y la determinación de productos comunes capaces de generar un mercado de oferta. Los objetivos fundamentales de esta Directiva eran promover la consolidación de la industria europea, fomentar su mayor competitividad en el exterior, incrementar, en consecuencia, su dotación de tecnología y, en definitiva, contribuir a un esquema de defensa europeo más sólido.
A final de cuentas, lo que la Comisión venía a decir es que tanto las excepciones a las compras militares previstas en el artículo 346 del Tratado de la Unión Europea, como las de offsets, que también fueron de alguna manera eliminados del proceso de compras entre gobiernos y empresas de la UE, habían sido barreras a la consecución de estos objetivos, precisamente cuando nunca en la historia se había producido un fenómeno similar de generación de una industria muy competitiva y de una auténtica defensa europea, tal como se produjo precisamente en los años anteriores a la promulgación de esta Directiva.
Sin embargo, los hechos muestran claramente que no ha sido una decisión acertada. Por una parte, todos los gobiernos sin excepción siguen requiriendo retorno industrial en sus compras públicas y, más aun, el comercio internacional de defensa entre contratistas principales se ha reducido. Cada año desde 2010, las compras a empresas foráneas se han reducido en Europa y, por otra parte, las adquisiciones de los países europeos a Estados Unidos, a quien sí se exigen planes industriales y retornos, han crecido, de manera que al final los gobiernos, ante una legislación muy restrictiva para sus intereses, están actuando al margen de la legislación que ellos mismos han aprobado.
De hecho, existen más de cinco procedimientos abiertos por la Comisión Europea contra países que continúan infringiendo las normas de compras de material de defensa, aunque todavía es prematuro saber cómo terminarán estos procesos. Lo que sí parece evidente es que la mayoría de las regulaciones nacionales en materia de adquisiciones militares y de compensaciones industriales son contrarias a la letra de la Directiva. Otro dato significativo es la reducción del comercio entre fronteras y que se muestra con el hecho de que en los últimos años, y para citar el ejemplo del Reino Unido, menos del 10 por ciento de todas las propuestas presentadas atendiendo a peticiones de ofertas han sido respondidas por empresas no británicas.
Este dato muestra claramente que las compañías de defensa siguen entendiendo que en este campo aparecer como empresa local con fuertes socios locales sigue siendo un instrumento de éxito. La razón es bien clara, en una época de grandes dificultades presupuestarias y con las amenazas de los populismos, que, viniendo de ambos lados coinciden en reducir capacidades militares, si los ciudadanos no ven un retorno añadido e inmediato al esfuerzo en defensa, van a volver la espalda a aquellos gobiernos que se empeñen en incrementar el gasto en ese ámbito. Y este hecho es muy importante, porque en los últimos años se aparecido una serie de retos que han transformado totalmente el panorama de la defensa en Europa y que nos obligan a repensar nuestra posición en torno al mercado de defensa.
Por una parte, y como ya señaló el presidente Junker en 2014, al señalar las prioridades de la política europea, Europa afronta un riesgo a su seguridad desconocido desde la caída del Muro de Berlín. Rusia se ha convertido de nuevo en una potencia agresora, como hemos visto en Crimea, que además interviene militarmente en Siria, aliada a Irán para soportar el régimen genocida de Asad. Por primera vez en décadas, la guerra fría entre Occidente y Rusia es una realidad.
Por otra parte, el Brexit ha sido un golpe muy duro a la defensa europea. Si tenemos en cuenta que el presupuesto de defensa de Reino Unido es un 20 por ciento del total europeo, pero que sus inversiones suponen un tercio del total y sus gastos en I+D representan casi el 40 por ciento del total del gasto en Europa, nos percatamos que el Continente es hoy tremendamente más débil y con un menos nivel industrial y tecnológico. Incluso desde el punto de vista operacional la situación es más grave, ya que Reino Unido supone el 40 por ciento del presupuesto de operaciones; es decir, en cierta manera es el principal brazo armado operativo de la Unión Europea hasta el Brexit. Ante una Europa más débil, no parece que las recetas diseñadas hace diez años sean positivas.
Finalmente, con Trump y el proteccionismo la industria europea puede encontrarse en una encrucijada, ya que obcecarse en abrir el mercado, en negar los retornos industriales en estos momentos en el que todos los demás cierran sus fronteras, no parece una idea muy acertada. En definitiva, la Comisión Europea y sus nuevos mecanismos asociados a la Defensa, como la PESCO, deberían analizar de nuevo en profundidad estas cuestiones para regresar a un modelo que sirva para reforzar la autonomía estratégica de los países europeos, sus capacidades industriales y que promueva la colaboración industrial, lo que sólo es posible en un marco de retornos industriales.
Enrique Navarro
Presidente MQGloNet
