Actualidad
Spanish Chinese (Traditional) English French German Italian Portuguese Russian

Terrorismo

Las manifestaciones en todo el mundo mostrando su repulsa, o el apoyo, por los atentados contra la redacción del semanario satírico francés Charlie Ebdo, que han devenido en todo un debate en torno a los límites de la libertad de expresión, en paralelo a la asunción de fuertes medidas de seguridad, elevando los niveles de alerta, coexistían en los titulares de los medios de todo el mundo con la sorpresiva muerte en Buenos Aires de Alberto Nisman, fiscal del caso AMIA. Instruía el atentado antisemita contra la Asociación Mutual Israelita Argentina que, en 1994,  costó la vida a 85 personas y provocó más de 300 heridos y tras el que la Justicia argentina determinó la responsabilidad del Estado iraní.

 

Frente a la clara definición de acto terrorista de lo primero, sobre lo segundo sobrevuela hoy la dura sospecha de acto terrorista de Estado. El pueblo argentino ha salido así a la calle, indignado e incrédulo, para reclamar el esclarecimiento de la muerte del fiscal, que ha puesto a Cristina Fernández de Kirchner en el ojo del huracán. Acusada directamente por Nisman de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado, orquestando en la sombra la impunidad de los prófugos, ocho altos funcionarios iraníes, en el marco de un pacto económico secreto entre ambos países relacionado con  la compra de petróleo y la venta de grano argentino, el Gobierno se enfrenta ahora a una situación sin precedentes en su devenir democrático, que le cuestiona fuertemente a nivel interno y externo y que demanda medidas urgentes para esclarecer los hechos.

Tras el fracaso de la llamada Comisión de la Verdad, acordada por Cristina Fernández con el régimen de los ayatolahs en 2013, un pacto político que no llegó a puerto alguno y con el que el Ejecutivo aseguró que se pondría luz al fin sobre la matanza, la causa, empantanada durante años, no ha llevado a los acusados ante la justicia dos décadas después. El último capítulo lo escribía Alberto Nisman el 14 de enero denunciando a la presidente de la nación. Cuatro días más tarde, el 18, la víspera de su comparecencia en el Congreso para presentar las evidencias de su denuncia contra Fernández de Kirchner, aparecía muerto en su casa por un disparo en la sien de su propio arma. El escenario de la muerte apuntaría, inicialmente y a la espera que concluyan las pruebas forenses, a un suicidio. El que este haya podido ser inducido ha puesto en la picota a la Casa Rosada.

El conjunto de la historia ofrece tan buen caldo de cultivo a la sospecha, que cuesta no apuntar con dedo acusador a oscuros intereses del Ejecutivo. Sin embargo, se hace necesaria una llamada a la calma y a la confianza en el actuar de la Justicia. En cierto modo, el hecho traería hoy a la memoria los sucesos ocurridos en 2009 en Guatemala con el abogado Rodrigo Rosenberg, cuyo homicidio pudo hacer caer al Gobierno del entonces presidente del país, Alvaro Colom. Antes de morir grabó y difundió un video en el que señalaba al presidente como responsable de su muerte en caso de ser asesinado, vinculando al poder en una serie tramas financieras. Un año después, una Comisión Internacional, dirigida por el fiscal español Carlos Castresana, llegó a la conclusión que había sido el propio Rosenberg quien planeó su asesinato, la propia muerte encargada a sicarios, que desconocían que contratista y asesinado eran la misma persona. Un suicidio inducido, por sí mismo, que desató una auténtica crisis nacional hasta ser resuelto.


Copyright © Grupo Edefa S.A. Prohibida la reproducción total o parcial de este artículo sin permiso y autorización previa por parte de la empresa editora.