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Los presupuestos de Defensa y el pago de los programas especiales de armamento

A finales de julio, el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso presentado por el grupo parlamentario socialista contra el Decreto Ley que autorizaba un nuevo crédito extraordinario al Ministerio de Defensa, esta vez de 856 millones de euros,  para pagar los compromisos anuales derivados de los 19 programas especiales de Armamento (PEA). Es el segundo año que los socialistas recurren, por considerarlo inconstitucional y argumentando que induce al engaño, la fórmula del crédito extraordinario aprobada, una práctica que el Gobierno viene ejerciendo desde 2012. Entonces se aprobaba uno de más de 1.700 millones de euros, en 2013 la cantidad fue de 877 millones y el año pasado de 883,6.

 

Este año, no obstante, presionado por las duras críticas en el Parlamento, que encabezara UPyD en 2014 sumando rápidamente adeptos a la causa, el Decreto se tramitó como proyecto de Ley, si bien dejando claro el Gobierno que no se podrían aceptar enmiendas, dado que  los pagos estaban comprometidos. De nuevo, como en 2014, CCOO de Industria, MCA-UGT y la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) han mostrado su preocupación por las posibles consecuencias nacionales e internacionales que puede acarrear el nuevo recurso contra la normativa que atiende el pago de los PEA, cuyo  sistema de financiación se basa en anticipos del Ministerio de Industria, si bien el pago se realiza con cargo al presupuesto de Defensa.

El Estado diseñó en su momento un plan de reprogramación de los PEA para dar continuidad a los programas que ya estaban en marcha y muy avanzados, en un contexto de fuerte contención del gasto público impuesto por la situación de crisis económica. La industria del sector, que contribuye con el 0,5 por ciento de PIB (Producto Interior Bruto) y genera 20.000 puestos de trabajo directos, asumió el plan y el calendario de pagos y ve hoy con temor el que la impugnación de la normativa,  por la que se han venido cancelando anualmente las cuotas pertinentes, podría dejar en el aire la alternativa para el pago de sistemas que ya se han entregado.

El sector demanda así una regulación que establezca un marco de referencia financiero para los programas de Defensa y se enmarque en un acuerdo a largo plazo de las fuerzas políticas, extendiéndose más allá de una legislatura. Piden, asimismo, que se articule un sistema en el que la estabilidad se combine con la flexibilidad que exige la gestión económica anual, determinando así los niveles máximo y mínimo de compromiso presupuestario plurianual y dejando a cada Gobierno la fijación del esfuerzo anual entre esos niveles.

Si bien la lógica llamaría a incluir anualmente en los presupuestos de Defensa el monto que deba asignarse al pago de los PEA durante la correspondiente legislatura, en el fondo lo que subyace es tan sencillo como el temor congénito a presentar unos que excedan lo electoralmente admisible, el miedo a cruzar la línea de lo entendido como públicamente aceptable. España, sin embargo, se encuentra la segunda por la cola entre los países que menos destinan a Defensa en la OTAN, solo superada por Luxemburgo (0,4 por ciento del PIB) e igualada con un 0,9 con Hungría, Estonia y Letonia. Si la aportación media de cada ciudadano miembro de un país de la OTAN en 2014 fue de 449 dólares, en el caso de España esta cifra fue de 270. Incluso dos naciones vecinas, como Portugal e Italia, se sitúan por encima, con 279 y 364, respectivamente.  Al cierre de esta edición no se ha producido aún la aprobación del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, pese a las carencias de urgente solución que las Fuerzas Armadas demandan. En este país no queda, de nuevo, mucho margen al optimismo.


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