La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, compareció en diciembre a petición propia ante la Comisión de Defensa del Congreso, con un discurso que incidió en la predisposición hacia el diálogo y el acuerdo para la estabilización de los recursos destinados a la cartera que encabeza. Encomiable es, cuanto menos, la intención de recuperar el músculo económico y dotar al Ministerio de Defensa de la tan necesaria estabilidad presupuestaria, recurriendo a una posible ley de sostenibilidad de las Fuerzas Armadas, con la que se podrían garantizar, o al menos estabilizar, las inversiones en el largo plazo, independientemente del partido que gobierne.
Destacable fue, asimismo, recordar en esa plaza el compromiso al que se sumó España tras la cumbre de Cardiff de alcanzar el 2 por ciento del PIB para Defensa durante la próxima década. Sin embargo pocas son las conclusiones a las que podemos llegar todavía y muchas las dudas que aún se mantienen. El objetivo del 2 se antoja todavía lejano, teniendo en cuenta los compromisos a los que llegó el Gobierno con Bruselas para estabilizar el déficit. Una conclusión clara es la inclusión ya anunciada del traslado de las anualidades de los PEA (Programa Especial de Armamento) de 2016-17, siendo esta medida la que más incertidumbre crea.
La inclusión de esta partida en el presupuesto del año 2017 supone la obligación de pagar nada menos que 1.824,5 millones de euros, que se incluirían en el presupuesto ordinario. Para mantenerse tal cual estaba previsto, debería crecer respecto a 2016 (5.962,09 millones) nada menos que un 30,5 por ciento. Aunque parece existir cierto grado de acuerdo sobre el futuro de los presupuestos de Defensa entre los dos principales partidos de la oposición, a nadie escapa que este incremento es inadmisible en términos electoralistas. Así, dado que la inclusión de los pagos de los PEA en 2017 es una obligación motivada por las sentencias del Tribunal Constitucional, se cierne un mar de dudas sobre si el resto de partidas previstas para este año se van a mantener o sufrirán recortes que supongan un incremento del presupuesto de Defensa más moderado y admisible para los partidos políticos.
En este punto habría que ser consciente de que cualquier incremento que se acordara entre Gobierno y oposición no sería un incremento real, puesto que lo que se venderá a la opinión pública como un acuerdo de consenso en pro de las Fuerzas Armadas es el traslado en el tiempo obligaciones en las que se había incurrido en el pasado y que deberían haber sido ya sufragadas. Puesto que el gasto destinado a personal es difícilmente ajustable de un año a otro, no quedaría otra que poner el acento en otras partidas principales, como las de adquisiciones y mantenimiento o las destinadas a sufragar los gastos de operaciones y formación. Si bien las misiones internacionales están sufragadas de manera externa al Ministerio, no ocurre lo mismo con las adquisiciones y los gastos de entrenamiento y capacitación de las unidades.
Desde que la crisis económica azotara los presupuestos, sobre todo a partir de 2008, los montos destinados a adquisiciones, mantenimiento y formación se han visto duramente afectados, traducido esto en menor número de ejercicios y de inferior entidad, en partidas reducidas para mantenimiento de los sistemas de armas en servicio y la ralentización de la llegada de nuevos equipos. Una pista sobre el tipo de medidas a adoptar en el presupuesto de 2017 la tenemos con la reciente confirmación de que el Ejército del Aire recibirá en 2017 sólo 1 de los 4 A400M previstos. Son las temidas reprogramaciones”que amenazan con que otros programas en curso puedan seguir el mismo camino, no solo programas ya en marcha, como el A400M o el Eurofighter, sino los que aún no han visto la luz, como el VCR 8x8 del Ejército de Tierra o las fragatas F-110 para la Armada. Las soluciones efectivas se demoran así en el tiempo y hacen bueno el dicho de el que venga detrás que arree.
