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La Ley de Derribo de aeronaves, arma incontrolada en manos del chavismo

Las genéricamente conocidas en Iberoamérica como leyes de derribo facultan a las Fuerzas Aéreas de un país a abatir sobre su espacio aéreo aeronaves sospechosas de estar involucradas en actividades ilícitas. La norma se ha ido extendiendo a lo largo del presente siglo en numerosos países de esta parte del Continente americano como una medida, con fuerte componente disuasorio, en la lucha contra el narcotráfico. Enormes áreas fronterizas con escaso o nulo control del espacio aéreo y la existencia de centenares de pequeñas pistas clandestinas dispersas a lo largo y ancho de la región, merced de la favorable geografía, han creado un entorno perfecto para la proliferación de los vuelos de narcotraficantes.

El tráfico de drogas entre países por vía área se ha ido implantando hasta límites alarmantes, generando un escenario en el que la aprobación de leyes que permiten a las fuerzas aéreas iberoamericanas detectar, hacer seguimiento y, llegado el caso, derribar aviones civiles, lejos de ser un concepto extraño, se ha hecho común. Tan común en el papel como anormal en la práctica, en buena medida porque llevarlo a efecto demandaría de la fuerte implementación de sistemas de control aéreo, radares que detecten los vuelos clandestinos, además de flotas dedicadas a tal misión.

Brasil, fue pionero en su sanción legislativa de 1986, aunque entró en vigor con Lula Da Silva en 2004, y Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras, Ecuador, Paraguay y Argentina –Macri lo hizo por decreto bajo situación de emergencia de seguridad– son los países iberoamericanos que tienen leyes que habilitan el derribo de aviones no identificados y dedicados a actuaciones ilícitas que violan sus espacios aéreos. En la generalización de esta norma, con claro espíritu disuasorio y que ha sido sancionada por gobiernos de distinto signo, es común el establecimiento de un claro protocolo de actuación, que pasa en primera instancia por dar órdenes previas de aterrizaje o identificación. Pese al elevado número de países en que está vigente, el muy escaso número de derribos recurriendo al tiro de destrucción llevados a efecto en los últimos lustros ha sido la norma, con una sola excepción: la Venezuela chavista.

Hugo Chávez promulgó en 2011 la Ley de Interceptación Aérea, pero fue bajo el Gobierno de Nicolás Maduro que entró en vigor, cuando la Asamblea Nacional aprobó en mayo de 2012 la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, que permite la aplicación de acciones de intercepción, persuasión e inutilización de aeronaves u objetos que infrinjan disposiciones sobre la circulación aérea. Ese mismo año Venezuela interceptó y destruyó un supuesto avión de narcotraficantes mexicanos. El Gobierno de Enrique Peña Nieto pidió, sin éxito, explicaciones a Caracas por lo sucedido. Lejos de amilanarse, en  noviembre de 2013 el presidente de Venezuela, afirmaba en un acto transmitido en radio y televisión que desde la entrada en vigor de la norma habían sido derribados treinta aviones supuestamente vinculados al narcotráfico, en aplicación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo.

En manos del actual Gobierno venezolano la Ley de Derribo se ha convertido en un arma a merced de la brabuconada chavista, que periódicamente viene  informando vía Twitter, con imágenes explícitas, comentarios amenazantes y sin mayor detalle, de la destrucción, eufemísticamente llamada inmovilización, de aeronaves civiles en su espacio aéreo. La última, y suma y sigue, el pasado mes de febrero.


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