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El derecho a la seguridad

Toda persona tiene derecho a la seguridad. La Constitución española lo garantiza para sus ciudadanos en su Artículo 17, que establece que la libertad es un derecho fundamental. Es, pues, uno de los derechos humanos que goza, por tanto, de las máximas garantías, dada su ubicación entre los derechos fundamentales. Asimismo, el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la vida, la libertad y la seguridad son derechos inalienables. Son aquéllos que nadie nos tiene que reconocer, que ninguna autoridad nos concede, ni un gobierno ni estado, sino que son intrínsecos, inherentes a la cualidad humana. De esta manera, todos los seres humanos desde que nacemos tenemos el derecho inherente a la seguridad.

Y todo derecho genera automáticamente una obligación respecto de los poderes públicos. Es decir, los gobiernos no pueden renunciar a proveernos del nivel de seguridad que implica un derecho tan determinante situado al mismo nivel que la vida y la libertad. Es importante entender qué debemos exigir de los gobiernos y que éstos deben proveernos de este bien público puro, en los límites necesarios que mantengan la paz y la estabilidad en nuestro país. El siguiente punto será determinar cuál es ese nivel de gasto y de organización que garantice la prestación de ese derecho. Sin duda existen tres elementos muy relevantes para determinar si una nación como España dedica suficientes recursos a su seguridad.

El primer baremo será el nivel de gasto de otros países con los que compartimos riesgos y amenazas. ¿Cuáles tienen un nivel de riesgo similar que el nuestro en Europa? Básicamente aquellos que son frontera con naciones o regiones inestables, como es el caso de los fronterizos con Rusia o Ucrania o el supuesto de Turquía. En segundo lugar, con los que tienen una fuerte desestabilización interna, como el Reino Unido con la amenaza de secesión en Irlanda del Norte, o bien los que han sufrido la lacra del terrorismo islamista, como Francia, Reino Unido, Alemania.

Sin embargo, compartiendo con todos graves amenazas como las expuestas, España realiza un esfuerzo en defensa y seguridad muy inferior a la media de los estados citados. Nuestra realidad presupuestaria es dantesca y en consecuencia debemos decir con contundencia que en estos cuarenta años de democracia apenas hemos gozado de este derecho de forma absoluta, lo que demuestra que nuestro esquema de seguridad, que como cualquier política pública tiene su amparo en el presupuesto, es a todas luces insuficiente.

El Gobierno ha pretendido durante décadas enmascarar o maquillar el gasto en defensa, hasta tal punto que hemos generado la sospecha de que gastamos en ella más de lo que se dice. No se engañen, gastamos mucho menos, ya que las principales funciones que hoy en día realizan las Fuerzas Armadas tienen menos que ver con la seguridad nacional que con la política de medio ambiente o la política exterior. En España, en términos homogéneos, tenemos un esfuerzo en nuestra defensa inferior en un 50 por ciento a la media europea y dos tercios menos a los países con los que compartimos amenazas a nuestra seguridad.

El derecho a la seguridad no puede entrar en conflicto con otros, dado su carácter de inalienable. No existe por tanto, y es falso, un trade off entre cañones y mantequilla. No hay una oposición entre el derecho a la salud o a la educación y a la defensa, sino que, muy al contrario, la seguridad es condición sine quae non para que se puedan proporcionar por los estados otros derechos básicos de índole social o económica. Garantizar la libertad, la vida y la seguridad no son objetivos en sí mismos; sirven sólo y exclusivamente para que todos los demás derechos puedan desenvolverse. Sin estas tres condiciones no es posible la convivencia ni el desarrollo económico. Por esta razón, los gobiernos no pueden pretender reducir los niveles de seguridad para garantizar otros derechos, ya que al obrar de esta manera ponen en riesgo su prestación.

El ejemplo más claro lo vivimos en Cataluña con las decisiones tomadas por su Gobierno autonómico con el objetivo de una independencia contra legem y contra el ius gentium. Donde la libertad de una minoría es amenazada; donde la preservación de la vida sólo depende de no oponerse al régimen de la mayoría y donde la seguridad está en cuestión, el resultado es abandono de empresas, retiradas de depósitos bancarios, reducción de reservas turísticas, acopio de alimentos y otras necesidades básicas. Este ejemplo es palmario sobre las consecuencias que tiene la ausencia de seguridad en su sentido más amplio. Cuando no hay seguridad sólo hay caos y recesión.

En estos años Europa ha sufrido terribles tragedias procedentes del terrorismo yihadista, pero también de la actitud amenazante de Rusia, que llevó a una guerra en el corazón de Europa con miles de muertos y decenas de miles de desplazados. La crisis de los refugiados ha removido conciencias, pero ha producido también cambios políticos enormes, quizás los mayores en los últimos cincuenta años. Todos estos fenómenos tienen mucho que ver con la conciencia de seguridad, con la necesidad de preservar este derecho fundamental por encima de otros muchos, que quizás nos sean más cercanos, pero que no por ello son más importantes.

En estos últimos meses hemos visto como muchos países europeos han incrementado sus gastos en defensa para mantener el derecho a la seguridad y a la defensa de los ciudadanos. Lamentablemente en España seguimos pensando que la seguridad es gratis y que nos viene dada por el entorno. Nada más falso. Ya tenemos suficientes experiencias luctuosas para saber que necesitamos incrementar de forma radical el gasto en defensa, en detrimento de otras políticas por la simple razón de que no gozaremos de derecho a la salud pública, ni a la educación, ni a la protección social si no vivimos seguros. Sólo hay un camino y urgente, que es un incremento del gasto en defensa para el año 2018. El derecho a la defensa no admite demoras ni puede estar sujeto a una connivencia política que no puede basarse en reducir nuestros esquemas de seguridad.

Enrique Navarro
Presidente MQGloNet


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