La modificación de la estructura de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, acometida por el Ministerio del Interior español en búsqueda de una mayor eficacia para afrontar los nuevos retos de seguridad, fundamentalmente los referidos a la amenaza del terrorismo yihadista y los relativos a la ciberseguridad, no ha sido bien recibida internamente en amplios sectores de ambos cuerpos. Tras cinco años sin que se produjera cambio alguno ni en la estructura ni en la organización de las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el Gobierno aprobaba el pasado mes de julio en Consejo de Ministros la modificación de la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Los cambios se enmarcan en las líneas estratégicas presentadas por Juan Ignacio Zoido, responsable de la cartera, en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, a las que denominó Políticas de Seguridad para las Personas, dentro del plan de Política de Seguridad Nacional para el siglo XXI.
El fortalecimiento de la seguridad nacional que se pretende con este nuevo esquema está siendo puesto en cuestión en el seno de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El modelo suprime en ambos cuerpos la figura del número dos y apuesta por una dirección más horizontal, con cuatro jefaturas centrales. Dependiendo del director general de la Policía Nacional, que mantiene las mismas competencias, bajo la coordinación del secretario de Estado de Seguridad, están las de Seguridad Ciudadana y Coordinación; Información, Investigación y Ciberdelincuencia; Recursos Humanos y Formación; y Logística e Innovación. En cuanto a la Guardia Civil, bajo su director general, que mantiene las mismas competencias, se ubican los mandos de Operaciones Territoriales; Información, Investigación y Ciberdelincuencia; Personal y Formación; y Apoyo e Innovación.
Las competencias de las anteriores Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han sido así redistribuidas en la nueva organización: la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana, en el caso de la primera, y la de Coordinación y el Mando de Operaciones Territoriales en el caso de la Benemérita. Ambas asumen la responsabilidad fundamental de garantizar la prevención y reacción frente al delito en cada territorio, así como implementar la coordinación de las unidades territoriales, jefaturas superiores y comisarías, zonas y comandancias, y unidades especiales. Pero donde Interior quiere ver un nuevo modelo de eficacia, internamente se apunta a que esta estructura incrementará las trabas burocráticas y el número de intermediarios, lo que redundará negativamente en términos de agilidad operativa, como tampoco ha gustado la creación de coordinadores antiterroristas.
Desde el Ministerio confían en que el movimiento se demuestra andando. Pero más allá de este nuevo esquema, la seguridad nacional requiere insistir en una mejor coordinación con los cuerpos policiales autonómicos y amparar a unos cuerpos y fuerzas que en España trabajan sometidos a los reparos a la hora de emplear el armamento individual con el que están dotados. El temor a ser acusados de uso indiscriminado de la fuerza explica lo que difícilmente se hubiera visto en cualquier otro país europeo: inmovilizar con un bolardo de plástico a un ciudadano marroquí que en julio entraba en España, tras atravesar la frontera de Melilla, portando un cuchillo de carnicero de grandes dimensiones al grito de Al-lahu-àkbar (Alá es grande).
