El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado una vez más seguir adelante con la aplicación de la Iniciativa Mérida, instrumento de cooperación y ayuda diseñado por el gobierno de los Estados Unidos para apoyar a México en el combate a organizaciones criminales, especialmente del narcotráfico. El acuerdo firmado entre los entonces presidentes Felipe Calderón y George Bush contempla el envío de ayuda en especie para combatir a grupos de la delincuencia organizada, para asegurar el control de la frontera común, mantener un estado de derecho fuerte y construir comunidades fuertes (en la franja fronteriza) en todos los aspectos.
La entrega de material bélico, como helicóptero (Black Hawk, Bell.407), aviones (King Air y CN-235) y sistemas de detección avanzados ha sido uno de los aspectos relevantes de la Iniciativa Mérida en los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahora, ya como presidente en funciones, López Obrador ha dicho en que el país no necesita helicópteros artillados, sino cooperación y proyectos para el desarrollo y la creación de empleos que mitiguen la pobreza y sirvan para atacar uno de los flancos débiles del país y que es usado por la delincuencia para generar más violencia.
Apenas el pasado ocho de mayo, el mandatario declaró en una de sus conferencias de prensa mañaneras que su gobierno replantearía seriamente la continuidad del mecanismo de cooperación bilateral denominado Iniciativa Mérida, acordado en diciembre de 2008, en el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, y con el cual el gobierno de los Estados Unidos suministraría recursos materiales (equipo, armas, aeronaves, cursos) dirigidos a apoyar la lucha contra el crimen organizado emprendida por México.
Once años después de signado el acuerdo, las cifras del fracaso de la Iniciativa Mérida son estrepitosas: más de 250 mil muertos en los gobiernos de Calderón, de Enrique Peña Nieto y cifras iniciales similares con Obrador –el 2019 es ya el año más violento de los últimos 30 en México, con más de 15 mil ejecuciones– , cerca de 40 mil desaparecidos, más de 300 mil desplazados, decenas de fosas clandestinas y una violencia creciente que también ha cobrado la vida de más de 380 militares del Ejército y Fuerza Aérea y cerca de 60 elementos de la Marina-Armada de México.
“Lo de la iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado; no queremos cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada iniciativa Mérida”. ¿De qué sirvieron los helicópteros y los aviones y las armas si al final nunca se atendió a los jóvenes, nunca se les dio trabajo ni estudios?, preguntaba el presidente de México. Obrador aprovechó la coyuntura de la aprobación de las leyes reglamentarias que le faltaban a la Guardia Nacional para entrar en formalmente en operaciones, luego de que a principios del mes de abril de este año varios diputados federales mexicanos se reunieron con funcionarios de la embajada estadunidense quienes dijeron que la Iniciativa Mérida debería continuar vigente y no solo eso; mediante ese mecanismos de apoyo también se le brindarían recursos de todo tipo a la nueva corporación y se ayudaría a mejorar el sistema penitenciario nacional.
Un año antes de las declaraciones de López Obrador –con Peña Nieto en la presidencia– la Iniciativa Mérida era atacada dentro y fuera del país por grupos pro derechos humanos que mostraban estudios, análisis y cifras revelando desde entonces el tamaño de la tragedia en el combate a la delincuencia organizada. La razón de fondo era la creciente violación a los derechos humanos cometida por las fuerzas armadas, por la Policía Federal y los cuerpos policiacos estatales y municipales en todos lados.
Dentro y fuera de México los activistas le demandaban al gobierno de los Estados Unidos y al congreso de ese país congelar los fondos por más de 300 millones de dólares destinados en este 2019 a la Iniciativa Mérida, debido a la cantidad de abusos y violaciones graves a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno. Pese a las protestas, los congresistas norteamericanos aprobaron los recursos pero advirtieron que era necesario reforzar los controles en materias de respeto a los derechos humanos y añadieron que si esta parte de la cooperación no cumplía los fondos se congelarían gradualmente.
Un balance de los 10 años de la Iniciativa Mérida reveló que en ese lapso el gobierno norteamericano apenas había aportado 2.839 millones de dólares (2. 542 millones de euros) en programas de asistencia. El mayor peso de las aportaciones ha sido hecho por los gobiernos de México, con 36 dólares propios por cada dólar aportado desde Washington. La Iniciativa Mérida se estructuró sobre cuatro ejes operativos y de cooperación binacional: afectar la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el estado de derecho, crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes.
El tercer objetivo es precisamente el de controlar el flujo migratorio, aunque el eje de esta parte de la iniciativa giraba más en torno a la frontera común que a la frontera de México con Centroamérica. Aun así, la cooperación bilateral entre México y los Estados Unidos fue creciente y similar en muchos aspectos al Plan Colombia con el que Washington intentó resolver el conflicto armado en ese país, acrecentado por los fenómenos del terrorismo, el narcotráfico, las autodefensas y la violencia estructural previa al auge de los cárteles de la droga.
Un balance de la Embajada de los Estados Unidos en México publicado en 2015, indicaba que hasta ese año se habían entregado “Cuatro aeronaves de vigilancia marítima CASA 235, valuados en 50 millones de dólares cada uno, fueron entregados a SEMAR y una aeronave de vigilancia Dornier 32, valuada en 21 millones de USD, fue entregada a la Policía Federal”. También se registraba la aportación de “nueve helicópteros UH-60M Blackhawk fueron entregados, tres a la Marina mexicana (SEMAR) y seis a la Policía Federal. Estas aeronaves han sido una ayuda invaluable para confrontar a las organizaciones criminales que de otra forma habrían usado a su favor la poca accesibilidad del terreno para operar con impunidad”.
En otras áreas de cooperación bilateral se detallaba el establecimiento de un sistema fronterizo de telecomunicaciones seguro entre 10 ciudades hermanas de Estados Unidos y México valuado en 13 millones de dólares. Este sistema proporciona a las fuerzas de seguridad pública en ambos lados de la frontera la capacidad de solicitar e intercambiar información referente a investigaciones criminales activas, indica el balance en el que se agregaba que “a través de un proyecto de 17 millones de dólares, se han establecido 10 puntos de inspección secundaria en puertos internacionales de entrada para aquellos individuos que requieren investigación adicional”.
El gobierno de López Obrador continua los acercamientos con sus contrapartes de los Estados Unidos en espera de una postura oficial sobre el rechazo y una nueva agenda de asistencia bilateral en materia de seguridad y desarrollo regional. (Jorge Alejandro Medellín, corresponsal de Grupo Edefa en México)
