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Viernes, 19 de abril de 2024 Iniciar Sesión Suscríbase

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano enviadas a Culiacán para enfrentar crisis de violencia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió a 230 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a la ciudad de Culiacán para reforzar el esquema de seguridad contra el cártel de Sinaloa. Las tropas salieron durante la noche del jueves 17 hacia la capital de Sinaloa mientras efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Policía Federal (PF) eran enviados para sumarse a las acciones con las que buscan retomar el control de la ciudad, sitiada por decenas de sicarios luego de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, y que desató una ofensiva en las calles culiacanenses.

La Sedena informó sobre el despliegue de 230 militares “que se trasladaron a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a bordo de dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, con el fin de fortalecer la presencia de las tropas en esa localidad”. Los refuerzos forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano; el cual está conformado con militares de élite que cuentan con un adiestramiento y armamento especializado, quienes responden oportunamente a las operaciones particulares que ameritan su presencia en donde el pueblo de México lo solicite.

Fracaso en la operación militar contra el hijo de Chapo Guzmán, liberado para evitar más violencia

Un comando combinado del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional entre los que iban ex policías federales, detuvo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán Flores, pero se vio obligado a liberarlo tras la ola de violencia desatada por decenas de sicarios. Ovidio es el hijo menor del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, quien está preso en los Estados Unidos desde enero de 2017, cuando fue extraditado desde una prisión ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, fronteriza con Norteamérica.

La operación militar que inició alrededor de las tres de la tarde tenía como objetivo localizar, detener y extraditar a Ovidio Guzmán, requerido desde septiembre de 2018 por la justicia de los Estados Unidos por diversos cargos relacionados con el narcotráfico. Ovidio es medio hermano de Iván Archivaldo Guzmán, también hijo del Chapo, contra quien no hay cargos en el sistema de justicia norteamericano. El operativo militar se basó en datos de inteligencia militar y civil recabados durante meses y con los que se determinó que Ovidio Guzmán se encontraba en una casa de Culiacán en compañía de otros tres sujetos y, aparentemente, sin el aparato de escoltas que suelen usar los líderes de las organizaciones criminales en México.

Para detenerlo, una vez confirmada su presencia en una casa de seguridad en una zona exclusiva de Culiacán, se desplegó a un grupo de 35 elementos integrado por efectivos de la Policía Ministerial Militar y agentes de la Guardia Nacional (entre los que había ex policías federales).

La columna de militares y guardias nacionales llegó a la casa de Ovidio Guzmán y al parecer la sitió, quedando en espera de una orden judicial de cateo y de aprehensión que nunca llegó. Con el correr de los minutos, sus acompañantes avisaron lo que estaba ocurriendo y pidieron refuerzos.

En instantes, los militares fueron rodeados por decenas de civiles con mejores armas y pertrechos que los de la tropa. Jefes de los sicarios amenazaron a los soldados y a sus comandantes vía radio, exigiéndoles que liberaran a Ovidio o habría una masacre en las calles y en contra de sus familiares en la unidad habitacional militar.

Varias columnas de narcotraficantes armados con fusiles calibre .50, armas automáticas, lanzacohetes y lanzagranadas calibre 40 milímetros se movían por la ciudad, bloqueando calles, quemando camiones de transporte público, disparando contra policías y militares que trataban de apoyar al comando que había intentado detener a Ovidio Guzmán.

En tanto, miembros del Cártel de Sinaloa atacaban las instalaciones del Cuartel de la 9ª Zona Militar ubicada en Culiacán, tomando a tres soldados y un oficial como rehenes y amenazando a las familias de los militares que estaban en un sector de la Unidad Habitacional Militar.

En las calles y avenidas, camiones y automóviles ardían mientras decenas de vehículos del cártel circulaban a toda velocidad disparando con fusiles Barret y Browning calibre .50 a todas direcciones. Blindados ligeros Sandcat, DN-XI, camionetas Cheyenne y unidades Humvee del ejército trataban de cerrarles el paso con ráfagas de metralla.

Las columnas de humo de los vehículos incendiados eran visibles desde cualquier punto de la ciudad. Videos de algunos segundos de duración y otros con dos o tres minutos de grabaciones inmediatas comenzaron a inundar las redes sociales.  En medio del estallido de violencia circulaba todo tipo de versiones para explicar el campo de batalla en que se habían convertido Culiacán; se decía que los dos hermanos Guzmán habían sido detenidos por el ejército, se aseguraba que en la captura había muerto Iván y que Ovidio estaba vivo y que la gente del cártel quería rescatarlo y recuperar el cuerpo de Iván, luego se dijo todo lo contrario y más tarde se aseguró que el único detenido era Ovidio y que los sicarios harían lo que fuera para liberarlo.

Un día después de la batalla en Culiacán se supo, por boca de las autoridades federales, que esta versión era la correcta.

La tarde y noche del jueves 17 de octubre transcurrieron con el silencio casi absoluto de las autoridades federales hasta que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, acompañado por los secretarios de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, almirante Raúl Ojeda, así como por el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, aparecieron en un video ofreciendo una confusa y alarmante explicación.

Alfonso Durazo leyó un breve comunicado en el que habló de “una patrulla” militar que hacia un recorrido de vigilancia y que fue atacada con armas de fuego desde una vivienda. Los elementos de la patrulla respondieron el ataque y tomaron control de la casa, para descubrir que entre los atacantes estaba Ovidio Guzmán López, el hijo menor del Chapo.

Luego, sin explicar jamás con claridad a qué se refería, Durazo dijo que al haber identificado a Ovidio Guzmán se produjo una reacción violenta de grupos de la delincuencia organizada que rodearon la casa. Entonces comenzaron los ataques armados en la calle. Durazo dijo entonces que “con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones (sic)”, sin explicar con precisión que significaba exactamente “suspender las acciones”.

Sin embargo, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación el rumor sobre la liberación de Ovidio Guzmán como consecuencia de las amenazas del cártel y para evitar una masacre en las calles de Culiacán -contra las familias de los militares-, era ya una verdad confirmada por fuentes gubernamentales.  Durante la mañana del viernes, ya en la capital de Sinaloa, Durazo, el general Sandoval y el almirante Ojeda, ofrecían una conferencia de prensa en la que, paso a paso, echaron por tierra la primera narrativa oficial del día anterior.

Se supo entonces que la patrulla no se encontró casualmente con la casa de Ovidio Guzmán, sino que en realidad se trataba de una operación concreta, dirigida a detener y extraditar al hijo del Chapo. Le correspondió al general Sandoval reconocer que todo había salido mal, que los militares enviados a detener a Guzmán López se habían precipitado, que no actuaron conforme al protocolo y en lugar de esperar por la orden de cateo (no explicó si ya tenían la orden de detención) decidieron entrar a la casa.

Se produjo entonces la reacción de la gente del cártel, la cual no previeron los comandos encargados de la operación. Alfonso Durazo aceptó finalmente que “el error fue no informar al gabinete de Seguridad del operativo. Se investigará y se aplicarán sanciones a los responsables”. Esto último fue confirmado y apoyado por el general Sandoval. En resumen, los secretarios reconocieron que el operativo fue precipitado, deficiente y no había sido aprobado. Pese a que ambos funcionarios aseguraron que el gobierno no negoció nada con la gente del Cártel de Sinaloa, varios videos y grabaciones difundidas en redes por los narcos mostraban las amenazas de todo tipo dirigidas a los militares si no dejaban ir a Ovidio Guzmán, como al final ocurrió. Durante la noche del jueves y viernes, la Sedena envió, como decimos, a 230 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Culiacán para apoyar las labores de pacificación en la capital del estado de Sinaloa.


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