Tras revisar el posible impacto ambiental de la obra en la zona de edificación, se ha autorizado finalmente la construcción del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía, en la Base Aérea Militar Número 1 del mismo nombre ubicada en el Estado de México.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde a las obras al emitir el pasado 18 de julio el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que establece la viabilidad del proyecto, no sin antes hacer observaciones y adecuaciones que el equipo de Ingenieros de Combate del Ejército Mexicano -bajo las órdenes del general Gustavo Vallejo-, nombrado por el alto mando para hacerse cargo del proyecto de construcción de dos pistas alternas para uso civil y el acondicionamiento de la pista principal para operaciones militares.
El pronunciamiento de la Semarnat se produce después de que, a finales de 2108 y en enero de este año, grupos de la sociedad civil se organizaron para promover amparos con el fin de impedir la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y de lograr que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomara la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado por cuestiones de corrupción y de errores técnicos, según el propio mandatario.
Las obras iniciales el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA) fueron suspendidas en el mes de abril de este año. Ciudadanos aglutinados en la organización #Nomásderroches, creada a su vez por la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción, identificada con sectores de la derecha empresarial mexicana, promovieron decenas de amparos para impedir la obra del AIGFA, argumentando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no había entregado el MIA para poder iniciar la construcción.
La Semarnat publicó en su página oficial un Resumen Ejecutivo de 19 páginas con los principales puntos del MIA, elaborado por investigadores de Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se informa sobre los resultados del proyecto “Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo Mex.), su Interconexión con el AICM y la Reubicación de Instalaciones Militares”. El documento de 19 páginas contiene varias secciones suprimidas o testadas, con datos sobre la BAM 1 de Santa Lucía, costos de la obra para reubicar instalaciones militares, mapas de la obra proyectada, etapas de ejecución de las obras a tres años de trabajo, y datos censurados sin que el informe señale que se trata de material clasificado, confidencial o secreto y que por ello no pueda divulgarse, como la marcan las leyes mexicanas.
El informe indica que en Santa Lucía se construirán “dos pistas para servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga; cuatro edificios terminales de pasajeros en tres etapas: la primera etapa incluye un edifico terminal con 38 posiciones de contacto para entrar en funcionamiento en 2021; la segunda etapa incluye un segundo edificio terminal (réplica) para entrar en operaciones en 2022, y la tercera etapa considera el desarrollo de dos edificios adicionales para crecimiento futuro, en un horizonte de 30 años”.
El proyecto para construir el AIGFA “obedece a la necesidad de satisfacer la demanda crecente de servicios aeroportuarios civiles (pasaje y carga), que actualmente cubre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”, se indica.
Del análisis de la matriz de datos obtenida, se establece que la ejecución del Proyecto generará 38 impactos adversos significativos y 31 impactos benéficos significativos, indica el texto. De este universo, “es necesario destacar que la mayoría de los impactos adversos tienen medidas de mitigación para atenuar, disminuir, prevenir, controlar o compensar el impacto, y que para el caso de los impactos benéficos en la mayoría se tendrán medidas para preservar el mismo”, explica.
La emisión de ruidos intensos, como contaminante ambiental y el uso y explotación de mantos acuíferos de la zona, se identifican como los principales problemas ambientales del proyecto, mientras que la construcción de nuevas vías de comunicación y la creación de miles de fuentes de trabajo se señalan como los aspectos positivos del proyecto.
El resumen ejecutivo agrega que “el subsistema social se verá beneficiado con la puesta en marcha y la operación del AISL, el cual plantea atender una demanda de 18 millones de pasajeros al año y las operaciones relativas de dos aerolíneas para iniciar operaciones en 2021, además de que en las localidades ubicadas en el Sistema Ambiental Regional se tendrán obras de desarrollo comercial y de empleo aunado al proyecto”.
Mandos militares indicaron que las obras se reiniciarán tan pronto como se termine con el sobreseimiento de los actuales amparos, aportando como prueba el resolutivo favorable (el MIA de la UNAM) y preparando estrategia para los otros motivos aducidos en las nuevas demandas de amparo”. (Jorge Alejandro Medellín, corresponsal de Grupo Edefa en México)
