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La estrategia Nacional de Seguridad y Defensa Chilena

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Eva Cervera

El Gobierno de Chile elaboró y está revisando una estrategia nacional de seguridad y defensa hasta 2024 como parte de un esfuerzo de ordenar y clarificar los esfuerzos de seguridad del país. Su lectura deja en evidencia preocupación por enfrentar en forma coordinada y coherente sus desafíos en este campo. Es la primera vez que un país iberoamericano acomete esta tarea.

 

Chile, al igual que los países de Europa, Estados Unidos y Australia reconoce que los límites tradicionales de los desafíos de seguridad en el mundo globalizado son difusos y debe enfrentarlos con todos los instrumentos disponibles. Por ello está dispuesto a complementar las capacidades de las fuerzas policiales y de defensa y optimizar el uso de los recursos disponibles, algo perfectamente factible si se definen claramente los roles de las instituciones y se establece un liderazgo que es el propósito del documento elaborado. La Estrategia se convertirá en una pieza clave en la financiación de las capacidades de las Fuerzas Armadas y de las adquisiciones de equipamiento, considerando que allí se discute una nueva ley al respecto para remplazar a la llamada Ley del Cobre.

 

Durante buena parte del siglo XX, Chile se caracterizó por ser un país de estatura internacional acotada, con una economía cerrada y mono exportadora, y un horizonte estratégico circunscrito a la interacción con sus vecinos y algunos otros actores regionales. No se requería una estrategia de seguridad, porque los desafíos tendían a coincidir, estando la política de presidida por hipótesis de conflicto que tenían connotación sólo para las Fuerzas Armadas. La modalidad de respuesta fue la disuasión y una escasa cooperación internacional. Excepto por los libros de la Defensa Nacional, cuya tercera versión fue publicada en enero de 2010, apenas realizó el intercambio de ideas para resolver qué políticas de seguridad y defensa necesita en el umbral del desarrollo. Además, en sus escenarios variados fenómenos han ampliado la agenda, constituyéndose en retos para todos los estados.

En Chile, con una estatura internacional acrecentada, una economía abierta al mundo y un horizonte estratégico con desafíos transnacionales, tienen mayor relevancia las garantías para el flujo de su comercio internacional; la estabilidad política en las zonas de su interés; el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado; la vulnerabilidad energética y la presión sobre los recursos naturales. La cooperación emerge con fuerza cuando los estados ven disminuida su capacidad individual para resolver problemas externos y también internos. El Gobierno estimó necesario elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) que oriente y coordine comprehensivamente la acción de distintos organismos e instituciones nacionales. Estrategias similares a ésta de países con mayor trayectoria en la materia se tuvieron como referencia.

Es la expresión política y la respuesta del Estado a los desafíos de seguridad previsibles en el contexto nacional e internacional entre los años 2012 y 2024. El propósito es que la sociedad civil se informe y respalde las determinaciones que se adopten en materias de seguridad y defensa y que las conozca la comunidad internacional en aras de la cooperación. Establece una visión común entre los sectores del Estado para actuar integradamente respecto a la seguridad del país y orienta la articulación y coordinación de las políticas públicas sectoriales para evitar riesgos, anticipar amenazas, enfrentar situaciones y sucesos conflictivos o que causen graves daños. Establecerá las capacidades estratégicas que las Fuerzas Armadas requieren, como elemento fundamental del modelo de presupuesto plurianual de financiación del Plan de Desarrollo, reordenará verticalmente la planificación de la defensa e introducirá transparencia para mejorar el control público de las inversiones en el sector. Será sometida a revisión cada cuatro años, teniendo siempre una proyección de futuro de a lo menos doce.

Para la formulación se tuvieron presente los siguientes criterios: protección de las personas, incluida la de chilenos en el exterior; correlación entre seguridad y desarrollo; complementariedad entre seguridad y defensa; cooperación internacional como imperativo; y la seguridad como política pública. No se elimina la diferenciación entre seguridad y defensa, sino que las concibe de manera más flexible, buscando la complementariedad entre las capacidades y competencias que poseen las instituciones. La formulación de la ENSYD constituye un hito en la planificación de la seguridad del país. Al explicitarse los intereses, el entorno internacional y el nacional y los desafíos previsibles se hace posible proporcionar orientaciones políticas para establecer las capacidades estratégicas, que desarrollarán la fuerza militar. Se integra así la defensa a una acción general del Estado para la seguridad del país.

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Chile es un país de tamaño medio en el umbral del desarrollo, con amplios, complejos y diversos territorios y espacios oceánicos, distantes de los centros económicos y políticos del mundo. Posee baja densidad de población. Son de destacar las siguientes características:

1. Sistema político democrático.

2. Alto capital institucional: el desempeño de las instituciones públicas en relación con la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria, la rendición de cuentas y el control de la corrupción se sitúan en un óptimo nivel dentro de Iberoamérica y en niveles competitivos en el contexto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo). Parte importante es la alta valoración social de que gozan las Fuerzas Armadas y las del orden y seguridad pública.

3. Identidad nacional aglutinadora, producto del patrón de formación de su pueblo, experiencia histórica, singular medio geográfico, acervo cultural y tradiciones.

4. Territorio con variada y extensa geografía, diferenciación climatológica, rica biodiversidad y abundantes recursos naturales, destacando la minería y con relevancia de los silvo-agropecuarios y los de la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental. Dispone de cuantiosos recursos hídricos y reservas naturales de agua con desigual distribución y baja capacidad de almacenamiento. Enfrenta un importante desafío de desarrollo y seguridad relacionado con la matriz energética, siendo fuertemente dependiente de importaciones de gas y petróleo. El crecimiento económico duplicará la demanda de energía eléctrica en los próximos 12 años, agrabando la vulnerabilidad.

5. Economía que impulsa al desarrollo basada en el mercado de forma abierta y exportadora, capaz de atraer capitales internacionales y de generar inversiones chilenas en el extranjero. En los últimos 20 años, Chile ha crecido a un promedio de 5,03 por ciento y en 2011 alcanzó un PIB histórico de 259.603 millones de dólares, con un ingreso per cápita de 16.723 dólares, exportando 80.568,3 millones y presentando una balanza comercial positiva de 15.855. Podría alcanzar el pleno desarrollo en el periodo que cubre la ENSYD, pero mantiene niveles de desigualdad social que afectan a algunos de los indicadores.

Tiene aspiraciones precisas respecto de su futuro, particularmente en relación con su desarrollo, calidad de vida y cohesión de la sociedad, inserción internacional y necesidad de integración física y social de su territorio, así como la del país con la región:

1. Pretende transformarse en un país desarrollado, con crecimiento económico sostenido por la acción de un sector privado emprendedor, ambiental y socialmente responsable. Precisa contar con disponibilidad energética.

2. Igualdad de oportunidades, por la cohesión social.

3. Territorialmente integrado, superando las dificultades que enfrentan determinadas zonas que presentan problemas de conectividad física. Se intenta generar incentivos para aumentar su densidad de población y con ello fortalecer la seguridad.

4. Integración en la región y en sus áreas de interés, con énfasis en Argentina, Brasil y los miembros de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia y México). Aspira a que se superen las diferencias, ser una importante plataforma de conexión con Asia–Pacífico, robustecer más los vínculos con Norteamérica, especialmente Estados Unidos y perfeccionar su asociación con la Unión Europea (UE). La cooperación con Centroamérica debe ser retomada.

5. Nación segura.

A efectos de la ENSYD, hay tres dimensiones:

1. Soberanía: es básica, particularmente en cómo ejerce sus derechos sobre el territorio nacional, con los siguientes intereses: ejercicio efectivo de la soberanía, jurisdicción y control en los espacios terrestres, marítimos, aéreos e insulares; presencia activa en el territorio antártico y el mantenimiento del sistema del Tratado Antártico; y preservación de la cohesión social y de la identidad nacional.

2. Prosperidad, con la meta de alcanzar el desarrollo durante el tiempo cubierto por la Estrategia, con avances en el desarrollo sostenido, armónico, sustentable y equitativo; economía social de mercado basada en el emprendimiento, el conocimiento y la innovación; flujo de bienes y de servicios libre y seguro; y satisfacción de las necesidades energéticas.

3. Seguridad: busca satisfacer los intereses en el ámbito de la soberanía y de la prosperidad sin constituir una amenaza para nadie y aspira a que los riesgos y amenazas no interfieran sus objetivos nacionales. Buscará la seguridad por medio de la cooperación internacional, aunque reservándose el derecho a la legítima defensa. Constituye un interés en sí que la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado no degraden la gobernabilidad del país. Los intereses específicos son la protección de las personas frente a amenazas transnacionales, catástrofes y pandemias y de la población, territorio y recursos con énfasis en áreas de importancia geoestratégica.

El Norte Grande del país constituye una de las zonas de especial valoración por su posición geográfica y significación para el desarrollo, con frontera con tres países, que lo vinculan en forma privilegiada con las grandes rutas comerciales de la subregión centro-Oeste de Sudamérica. Los puertos del Norte grande tienen un rol para el crecimiento y un gran potencial como parte del sistema de corredores bioceánicos para el comercio con el Asia–Pacífico. Esto dificulta el control sobre el flujo de personas, bienes y servicios, traduciéndose en un aumento de la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el contrabando. Los vastos recursos de esa región, especialmente mineros, son una fuente vital de riqueza. Allí se aprecia la estrecha vinculación entre desarrollo, seguridad y defensa.

La zona austral se caracteriza por su fragmentación geográfica, con potencial ligado a los recursos de agua dulce, riqueza turística, forestal y ganaderael valor de los espacios y ubicación próxima a los pasos interoceánicos, sumada a su proximidad y proyección a la Antártida. Tanto por su distancia al centro político y económico del país, como por su baja densidad de población, requiere especiales medidas de seguridad y es un escenario propicio para la cooperación bilateral en el marco de una asociación estratégica, que requiere la recuperación de infraestructuras críticas de transporte, telecomunicaciones, energía y otros servicios vitales frente a graves daños; el fortalecimiento de la cooperación internacional y la relevancia internacional.

EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Iberoamérica es una región con muy baja probabilidad de conflictos armados entre países, pese a que persisten diferendos. Hay una voluntad política orientada hacia la cooperación e integración, el respeto al derecho internacional, la vigencia de los tratados y la aplicación de medidas de fomento de la confianza y seguridad. El crecimiento económico regional, la irrupción de Brasil como actor global y el traslado del eje de la actividad económica mundial desde el Atlántico al Pacífico han cambiado la valoración geoestratégica. Su costa occidental es una de las orillas más importantes para el intercambio comercial en el siglo XXI. Los esfuerzos de los países miembros de la Alianza del Pacífico en términos de gestar mecanismos de integración y el interés de otros por participar en esas iniciativas dan cuenta de la importancia. Es una región con una gran biodiversidad y abundancia de recursos naturales, que está en la agenda de seguridad sudamericana. Es previsible que en un futuro surjan tensiones por la depredación de dichos recursos y diferencias entre los países que los poseen y los que los demandan.

La inserción en el mundo, su aspiración de convertirse en un país desarrollado, el resguardo de sus intereses nacionales y la naturaleza de la mayoría de las amenazas a la seguridad plantean nuevos desafíos a la seguridad de Chile. Iberoamérica es el espacio prioritario de la inserción internacional, siendo parte esencial de esta ENSYD. Entiende que su desarrollo está unido al de los demás países de la región y tiene clara conciencia de que no puede prosperar sin cooperar con ellos. Sus esfuerzos en términos de seguridad dentro de los próximos años estarán dirigidos a potenciar la comunidad de objetivos en la región. Cooperará en materias de interés y propiciará el mantenimiento como una región de paz, libre de armas de destrucción masiva. Aspira a que el inteligente aprovechamiento de las oportunidades permita superar diferencias interestatales en forma pacífica y privilegiando el diálogo. Un ejemplo es la cooperación y el proceso de integración con Argentina, que ha hecho posible alcanzar importantes niveles de confianza mutua y seguridad, llegando a una asociación para fortalecer y proteger la paz internacional a través de la fuerza conjunta combinada Cruz del Sur y espera profundizar dicha asociación en el ámbito de la defensa.

Considerando el liderazgo de Brasil, sus capacidades en el ámbito de la seguridad y defensa y la positiva experiencia compartida en MINUSTAH, Chile buscará ampliar la colaboración en esfuerzos de seguridad, transferencia de tecnología y otros emprendimientos. En operaciones de paz, perseverará en su postura como contribución a la estabilidad internacional y medio de integración y cooperación en la región y  buscará la forma de intensificar la colaboración para enfrentar combinadamente con los vecinos amenazas comunes, como el narcotráfico y el crimen organizado. Apoyará la integración física con sus países vecinos, en particular el desarrollo de los corredores bioceánicos. La situación que enfrenta México, Centroamérica y el Caribe también es motivo de preocupación, pues sus efectos desestabilizadores tienen consecuencias para Iberoamérica.

Crítico es el eventual impacto que esta situación pudiera tener en la seguridad del Canal de Panamá, principal paso interoceánico para su comercio internacional, por lo que está dispuesto a cooperar en materias de seguridad con los gobiernos de Centroamérica a través de programas de capacitación y entrenamiento de fuerzas militares y policiales. Chile mantiene su compromiso con Haití por medio de la participación en la Misión de la ONU para la Estabilización. Resulta necesario transitar desde una etapa centrada en la seguridad a una donde el esfuerzo prioritario sea el robustecimiento de las instituciones, el estado de derecho, el fortalecimiento de las capacidades productivas y el apoyo a los planes de desarrollo. Previo acuerdo con el Gobierno haitiano, la ONU y los países iberoamericanos que contribuyen a la fuerza multinacional, aspira a que su presencia militar culmine en 2017, cuando deberían completarse 10 años de normalización democrática allí.

Chile continuará protegiendo y fortaleciendo sus derechos antárticos, avalados por una presencia nacional de larga data en ese Continente. La fragilidad de los ecosistemas en ese lugar y el aumento de las actividades humanas obligan a ser más activo en el control de las operaciones. El acceso a reservas de recursos naturales producto del impacto del calentamiento global sobre los hielos y potenciales reclamaciones sobre la plataforma continental en el área antártica configuran un cuadro estratégico cada vez más importante, por lo que intensificará su presencia y actividades a través de nuevas bases, la exploración y la investigación científica. Aprovechará la proximidad geográfica de la Región de Magallanes como entrada natural y punto de apoyo y la infraestructura disponible y por desarrollar en ese Continente. Por otro lado, existe consenso en que el eje del poder económico mundial se ha ido trasladando desde el Atlántico a la Cuenca del Pacífico y en el futuro cercano, se prevé un incremento sustantivo en el flujo recíproco de bienes y servicios con Iberoamérica, así como de las inversiones de aquella región. Los corredores bioceánicos, la integración chileno–argentina y el dinamismo de la economía de Sudamérica respaldan la anterior previsión, con un incremento del desarrollo de la cuenca, la interdependencia de las riberas asiática y americana y la necesidad de preservar la seguridad en ambas.

Chile priorizará los esfuerzos de cooperación en seguridad dentro de la cuenca en tres ámbitos:

1. El más relevante y estratégico es al área oceánica de la costa chilena, sudamericana y centroamericana del Pacífico, donde se encuentran los territorios insulares, la ZEE y la plataforma continental, así como los intereses nacionales más inmediatos. Es ahí donde puede contribuir de manera más efectiva a la solución de los desafíos de seguridad en la cuenca, trabajando estrechamente con los países sudamericanos ribereños. Es donde se canaliza la cooperación e integración con los que tienen interés en proyectarse al Pacífico a través de Chile.

2. En el Pacífico Sur tiene una importante gravitación la Antártida y Chile asume obligaciones de seguridad marítima y aérea otorgadas por acuerdos internacionales de navegación sobre un extenso área. Ahí contribuirá también a enfrentar los desafíos de seguridad, explorando nuevas formas de cooperación con Australia, Nueva Zelanda y la Polinesia francesa.

3. Le interesa dar cumplimiento en la Cuenca del Pacífico a los acuerdos regionales frente a desastres naturales y antrópicos, proveer seguridad al comercio internacional y enfrentar el terrorismo. Trabajará especialmente en el marco de la Estrategia de Seguridad Consolidada, aprobada por APEC en 2011, que apunta a las cadenas de suministros, viajes, financiera y de infraestructuras.

En el período que cubre la ENSYD, Estados Unidos será la primera potencia económica y militar en el mundo y para Chile seguirá teniendo especial relevancia en su política exterior y de seguridad. Ambos convergen en importantes temas de la agenda internacional, como la paz, la gobernabilidad y el libre comercio. Estados Unidos es uno de los principales inversores en el país, uno de sus socios comerciales más importantes y el mayor proveedor de tecnología y equipamiento para la industria nacional, en particular para sus capacidades de defensa. Chile comparte con Estados Unidos las preocupaciones por los riesgos y amenazas a la seguridad del crimen organizado en todas sus expresiones, los ciberataques, el terrorismo y la proliferación de armas y explorará nuevas formas de cooperación. En el ámbito de la defensa, buscará profundizar la relación bilateral para interoperar ante situaciones que alteren la paz y la estabilidad. Con Canadá comparte iniciativas de arquitectura de seguridad regional, la preocupación por los aspectos humanitarios y la capacitación doctrinaria para fuerzas destinadas a operaciones de mantenimiento de la paz, que seguirán siendo prioritarias.

Con Europa mantiene importantes e históricos lazos y cuenta con un tratado de asociación política y comercial con la Unión Europea (UE), cuyos miembros constituyen mercados relevantes para su intercambio comercial. Algunos países europeos abastecen de tecnología y equipamiento a la industria nacional y son proveedores importantes para sus capacidades militares. Comparte con la UE las preocupaciones que representan la proliferación de armas, el narcotráfico y el terrorismo internacional, frente a las cuales aspira a incrementar los esfuerzos de coordinación y apoyo. En defensa, la experiencia de los países europeos en los ámbitos de doctrina y logística seguirá siendo un referente y espera estrechar vínculos para hacer posible concurrir combinadamente a operaciones que puedan ser de mutuo interés. Lo que ocurra en Medio Oriente incide directamente en la disponibilidad y precio de los combustibles en los mercados mundiales. Considerando la influencia de la inestabilidad del Medio Oriente en la economía e, indirectamente, en la seguridad, así como en la relación de Chile, se seguirán apoyando los esfuerzos de la comunidad internacional para prevenir y contener la conflictividad. Con África está dispuesto a considerar formas de cooperación con los esfuerzos internacionales de fortalecimiento de instituciones gubernamentales y proveer asistencia humanitaria.

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y OPERACIONES

Chile promoverá un orden internacional que permita abordar los desafíos globales de seguridad, privilegiando el derecho internacional y el multilateralismo. Los foros son la principal instancia para acordar, legitimar y coordinar los esfuerzos sobre seguridad y paz y profundizará en sus deliberaciones y resoluciones, reconociendo el valor de la ONU en el mantenimiento de la paz y en la mitigación de catástrofes humanitarias. A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños cumplen funciones que se complementan de cara a la seguridad en la región y hará esfuerzos para su fortalecimiento y convergencia. También juegan un destacado papel de integración y cooperación las conferencias de Ministros de Defensa de las Américas y la Junta Interamericana de Defensa.

En UNASUR, Chile continuará respaldando al Consejo de Presidentes en materias de seguridad y estabilidad democrática y apoyará el funcionamiento del Consejo de Energía Sudamericano y el de Lucha Contra el Narcotráfico. Se da importancia del consenso para el tratamiento del complejo fenómeno del crimen organizado en su marco y buscará fortalecer en el Consejo de Defensa Sudamericano las áreas de transparencia en el gasto e inventarios militares, la confianza mutua y la cooperación e integración en defensa. Alentará esfuerzos tendentes a la configuración de un marco conceptual compartido sobre temas de defensa. Existe una actividad de las instituciones de Defensa Nacional como miembros de instancias de diálogo con otras armadas de Asia y América, participando en foros militares de la Cuenca del Pacifico como Pacific Armies Chiefs Conference, Pacific Armies Managment System, Western Pacific Naval Symposium,  Pacific Air Chiefs Conferece, Pacific Airpower Symposium y la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación. En América, las instituciones armadas son parte activa en la Conferencia de Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interamericana, el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas y la Conferencia de Seguridad entre los países integrantes del Mercosur y asociados y seguirá siendo así.

Las operaciones de cooperación internacional son un instrumento de la política exterior de Chile y un elemento de la de defensa, siendo una vía para que las Fuerzas Armadas adquieran altos grados de alistamiento y experiencia. Está dispuesto a participar en operaciones internacionales que requieran el empleo de medios especializados de fuerzas militares, como el establecimiento de zonas de exclusión u otras tareas complejas de similares características. Las operaciones de mantenimiento y de imposición de la paz son la principal prioridad para la participación de medios de las Fuerzas Armadas en el ámbito externo. Otra forma de contribución a la seguridad internacional es la participación de sus militares en ejercicios combinados, tanto bilateral como multilateralmente. En la actualidad, se hace énfasis en ejercicios que permitan medir la capacidad de controlar y planificar actividades combinadas en casos de catástrofe, evacuaciones y entrega de ayuda humanitaria a la población de zonas afectadas; rescate, para mantener el entrenamiento operativo y verificar el nivel de coordinación existente entre los centros coordinadores de búsqueda y salvamento aéreo y marítimo; y en operaciones de paz. Se han ido agregando nuevos contenidos y énfasis, tales como la acción conjunta, el empleo de conceptos bajo metodología de la OTAN y el planeamiento y conducción de operaciones en situaciones de crisis o conflicto de baja intensidad, con entrenamiento e intercambios de experiencias en escenarios de conflicto armado realistas y exigentes. De especial relevancia son los esfuerzos para estandarizar procedimientos y entrenamiento de fuerzas militares y policiales para actuar en escenarios marcados por amenazas transnacionales, como terrorismo, narcotráfico, contrabando, tráfico de personas etc.

El alto grado de inserción de Chile en el mundo globalizado facilita su desarrollo y crecimiento económico, pero supone situaciones de diferente tipo con efectos negativos en la seguridad del país. Su evolución e interacción pueden tener como resultado de escenarios que potencien los riesgos y amenazas para el país o generen nuevos. Las principales tendencias son:

1. Disfunciones de la globalización, como importantes crisis económicas, que pueden producir tensiones sociales y políticas. Algunas respuestas y reacciones, como el proteccionismo, la adopción de políticas contractivas o el incremento de la migración, podrían afectar a la estabilidad y transformarse en causas de controversia entre países. han adquirido especial connotación empresas transnacionales y organizaciones no gubernamentales, que sobrepasan a ciertos países en poder económico e influencia.

2. Riesgos de la evolución tecnológica y científica, presentando desafíos de adaptación a las sociedades y organizaciones, en especial para las instituciones de seguridad y defensa. La ampliación de la brecha entre países innovadores y consumidores de tecnología hará que la dependencia tenga un impacto cada vez mayor en la seguridad de estos últimos. La masiva diseminación de tecnologías posibilita su uso para vulnerar la seguridad de las personas y de los países.

3. Efectos del cambio climático, alterando negativamente los ciclos productivos de cosechas, produciendo hambrunas, migraciones y desplazamientos humanos. En Chile, fenómenos como la sequía impactan sensiblemente importantes zonas de producción agrícola y aumentan las presiones asociadas a requerimientos de agua. La menor disponibilidad de recursos hídricos disminuye la capacidad de generación de hidroelectricidad.

4. Conflictividad internacional, evidenciándose un desplazamiento desde la preeminencia del interestatal hacia la emergencia del intraestatal. Chile no está ajeno a los efectos de estos fenómenos, ya sea por proximidad geográfica, porque involucran a nacionales que se encuentran en zonas de riesgo, o porque gravitan sobre alguno de los intereses nacionales. Trae como consecuencia la necesidad de contar con capacidades para enfrentarlos y el aumento de responsabilidades de cooperación en seguridad con la comunidad internacional.

5. Presiones demográficas: el crecimiento de la población chilena será casi nulo hacia 2020, con su envejecimiento y los efectos que tendrá en la productividad, sistemas de salud, pensiones y bienestar. Constituye una vulnerabilidad y refuerza la condición de destino de migraciones a nivel regional. La dificultad de controlar la permanencia ilegal en el territorio ha significado un incremento de actividades económicas informales, dificultado la protección frente al tráfico de personas y favorecido la actividad delictiva.

6. Creciente presión por los recursos naturales, pudiendo traducirse en la reconfiguración de la cartografía de los conflictos internacionales, confiriéndoles un carácter estratégico con necesidad de cuidarlos y protegerlos. Se prevé un aumento de los compromisos de cooperación.

7. Crimen organizado transnacional, con efectos corrosivos en las instituciones estatales y en la sociedad.

8. Pandemias: sus facilidades de transporte caracterizan el mundo globalizado y aumentan la velocidad y las posibilidades de propagación y contagio de enfermedades, haciendo al país más vulnerable a este tipo de fenómenos.

RIESGOS Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE CHILE

Chile es un país más seguro por el desarrollo económico que ha alcanzado, la fortaleza de sus instituciones y la estatura estratégica que ha conseguido, pero al ser una sociedad abierta e interconectada con el mundo conlleva una mayor exposición a amenazas de naturaleza transnacional. Se encuentra en una región de paz, aunque no necesariamente pacífica, pues subsisten fenómenos de violencia que incluyen la acción de organizaciones armadas. Se identificaron los siguientes riesgos y amenazas:

1. Crisis o ataque al territorio nacional con severas consecuencias para la población, integridad territorial, ejercicio de la soberanía y objetivos de desarrollo. Requiere contar con una capacidad militar creíble para disuadir y adecuada para actuar en legítima defensa. Mantener en el tiempo una baja probabilidad de conflictos armados interestatales supone intensificar la cooperación e integración entre los países y fomentar las medidas de confianza mutua, así como contar con las necesarias capacidades estratégicas nacionales.

2. Terrorismo: es un blanco marginal internacional, pero organizaciones extranjeras podrían utilizar su territorio para desarrollar acciones o atacar intereses de otros estados. También es posible que sus intereses en el mundo puedan sufrir los efectos de organizaciones internacionales.

3. Narcotráfico: es la actividad más importante del crimen organizado en la región, siendo la cocaína su principal expresión, representando una amenaza directa a la seguridad de Chile. La cercanía geográfica a los principales centros productores en el mundo, las facilidades de penetración por la frontera Norte, la apertura del comercio internacional del país y la creciente capacidad económica de la población, lo convierten en un blanco atractivo para el tránsito y comercialización. En 2005-10 se registró un incremento de más del 130 por ciento de las incautaciones de pasta base de cocaína y creció más de un 100 la cantidad de extranjeros recluidos por infracciones a la ley de drogas. El Plan Frontera Norte Segura apunta a enfrentar un amplio espectro de delitos en esas zonas, con tres líneas de acción: control, la observación y la acción preventiva; movilidad y reacción; e inteligencia. Incorpora y relaciona espacios marítimos, aéreos y terrestres, así como pasos habilitados y no habilitados en la línea fronteriza. Integra medios humanos y tecnológicos para la observación, alerta y acción policial, y medios de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo. El año 2011 se dio inicio a un plan de inversiones; y 2012 se focaliza en la organización de los procesos de trabajo y coordinación entre los distintos actores, establecimiento de sistemas de vigilancia, capacitaciones y otras acciones. Comenzará su operación es 2013, considerando un gasto de más de 7.000 millones de pesos (1 peso equivale a unos 600 dólares) en 2011; más de 10.000 millones para 2012; más de 17.000 en 2013; y cerca 590 millones en 2014, sumando más de 35.000 millones (58,2 millones de euros).

4. Tráfico de armas y proliferación de las de destrucción masiva: para Chile, el de las livianas y pequeñas reviste especial preocupación. El problema se ha visto agravado por el tráfico ilegal de materiales precursores y la disponibilidad de información tecnológica para su fabricación. La posibilidad de que el transporte de dichos materiales pase por zonas, especialmente marítimas, de soberanía nacional o están jurisdicción o vigilancia de Chile obliga a ejercer un control más estrecho.

5. Catástrofes: ha sufrido severos perjuicios por esta causa, con significativas pérdidas de vida y grandes daños. En Chile han ocurrido tres de los diez más grandes terremotos de que se tiene registro en el mundo. Masivas fallas se presentaron en la trasmisión eléctrica, comunicaciones y agua potable. Erupciones volcánicas han despoblado centros urbanos y otras de gran impacto son de origen hídrico o meteorológico. Catástrofes por la intervención humana son de carácter estacional, como la mayor parte de los incendios forestales. Se precisa un esfuerzo multisectorial, demandando integrar a las distintas reparticiones estatales y a actores de la sociedad civil. Es imprescindible aprovechar distintas capacidades, con especial relevancia las de las Fuerzas Armadas y la contribución del sector privado. Se está perfeccionando un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil para regular la prevención y los procedimientos y hacer más eficiente la respuesta, determinando las facultades excepcionales de los órganos públicos e incorporando a las Fuerzas Armadas. En 2011 se diseñó el Mapa Nacional de Riesgo, a fin de facilitar la planificación y prevención.

6. Ciberataque: los métodos intrusivos se han incrementado notoriamente en Chile y se considera una amenaza a la seguridad, porque en la medida en que se avanza al desarrollo las actividades comerciales, financieras, económicas, estatales y estratégicas contemplan un uso cada vez más intensivo del ciberespacio, que afecta con diverso nivel de impacto la seguridad, en particular para los sistemas de defensa. Está entre los países con mayor penetración digital y uso de tecnología informática en Iberoamérica, estando a la cabeza de la conectividad. En promedio, las principales organizaciones en Chile sufren una cifra total aproximada de 400 ataques al mes.

Es necesario mejorar sustantivamente ciertas condiciones del país que lo hacen más susceptible a sufrir los efectos de los riesgos y amenazas a su seguridad o a crear las condiciones para aumentar su probabilidad de ocurrencia. Las vulnerabilidades que se identifican no se enfrentan con políticas de seguridad, sino normalmente con las públicas de otro tipo y carácter. Las principales que podrían incidir en la seguridad son:

1. Energética: el desafío es contar con recursos energéticos suficientes para apoyar su desarrollo, siendo un país expuesto. Su matriz depende mayoritariamente de recursos naturales de los cuales el 72 por ciento proviene del exterior. La dependencia del transporte terrestre para alcanzar los puntos de consumo y abastecer zonas geográficas extremas del país es muy alta y no hay capacidad de almacenamiento para periodos de carestía. Es sensible a la estabilidad en las fuentes de producción y la seguridad de las rutas internacionales por donde se transporta. De no superarse perjudicará la competitividad y generará un importante problema de seguridad, pudiendo convertirse en una amenaza. Debe enfrentarse reforzando las reservas de seguridad de hidrocarburos, permitiendo enfrentar en forma autónoma situaciones de carestía de hasta 90 días; con el desarrollo de recursos propios; y con la integración energética regional.

2. Desigualdad social: sigue presentando niveles importantes, cuyos efectos se traducen en una creciente inquietud de grupos sociales. El Estado debe desplegar iniciativas para la gobernabilidad política y la estabilidad social.

3. Población insuficiente y mal distribuida: con una densidad de 25 habitantes/km2., se sitúa en el lugar 157 del mundo. Los flujos migratorios han desembocado en una concentración en zonas urbanas, particularmente de la región central. Áreas del territorio, especialmente en los extremos, presentan una densidad inferior a 6 habitantes/km2. Los desequilibrios constituyen vulnerabilidades frente a presiones demográficas y penetración de organizaciones transnacionales o, en el caso de organizaciones criminales, disponer de espacios propicios para sus actividades ilícitas.

4. Restringida visión geopolítica de la integración territorial: algunas áreas presentan problemas de conectividad física e integración social, generando dificultades para que reciban todos los beneficios del desarrollo o se incorporen a la actividad productiva nacional. Superarlo contribuiría a aumentar los niveles de seguridad del país.

La superación de los desafíos de seguridad debe articularse entorno a tres ejes:

1. La amplitud de los problemas de seguridad, las múltiples interacciones que existen entre ellos, su evolución durante los próximos años y el diseño, implementación y control de las políticas públicas para enfrentarlos, requieren una respuesta integral. Supone perfeccionar la coordinación entre ministerios. Se propone implementar una estructura institucional que garantice la articulación de la gestión y seguimiento. Debe fortalecerse el Sistema de Inteligencia Nacional para potenciar su habilidad para anticiparse a los escenarios adversos.

2. Es esencial que la seguridad se entienda como una responsabilidad compartida por la sociedad y el Estado, con una estrecha vinculación entre el sector público y el privado, así como de participación ciudadana.

3. En conformidad a las definiciones adoptadas respecto de los intereses de seguridad de Chile en el mundo, se apoyarán las acciones que apunten al fortalecimiento de las medidas, mecanismos y órganos de cooperación multilateral y bilateral. La cooperación internacional se concibe como un imperativo de la respuesta nacional en el ámbito de la seguridad.

La ENSYD entiende la seguridad de manera amplia y la enfrenta de modo multisectorial, lo cual supone considerar:

1. Coordinación de los organismos del Estado: se promoverá una relación de trabajo afín a una concepción matricial o en red, donde existan claros protocolos para la acción, que deberán definir flujos de información, reglas de operación y procesos o rutinas a cumplir.

2. Complementariedad en el uso de las capacidades entre competencias institucionales diferenciadas, específicas y medios característicos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad y otros organismos con funciones en este ámbito. Es fundamental para diseñar proyectos de inversión y asignar recursos, así como para evitar la subutilización de capacidades y la duplicidad de medios.

3. Ciclos integrales para la respuesta a los problemas de seguridad, abordando la solución mediante medidas de prevención, anticipación, alerta, reacción y mitigación o reparación. Implica una planificación que reduzca la incertidumbre, evite la improvisación y establezca liderazgos en todos los niveles de la administración. Se potenciará la capacidad del Estado para adelantarse a la configuración de los escenarios de seguridad futuros. Se fortalecerán las capacidades que permitan a la sociedad y al Estado resistir ante amenazas y desafíos, así como prevalecer y recuperarse de sus efectos cuando se presenten. Se requiere disponer de medios e instituciones resilientes, flexibles y adaptables.

En la coordinación es donde adquiere toda su relevancia la acción interministerial en los asuntos de seguridad. El eficaz cumplimiento de las tareas nacionales de seguridad contribuye al propósito de la ENSYD. Las principales a las que se deberá dar cumplimiento y seguimiento son:

1. Proteger a las personas y a la población frente a riesgos y amenazas, incluyendo desastres naturales y antrópicos, así como ante pandemias.

2. Defender al país frente a agresiones armadas.

3. Contrarrestar los factores propios de vulnerabilidad.

4. Impulsar políticas integradas de desarrollo, seguridad y defensa en las regiones del Norte Grande, Aysén y Magallanes.

5. Asegurar la infraestructura crítica de transporte, telecomunicaciones y energía durante emergencias y reforzar la capacidad de resiliencia del país y de sus instituciones frente a situaciones que produzcan grave daño.

6. Colaborar internacionalmente frente a ataques terroristas, narcotráfico y crimen organizado transnacional, con énfasis en los países vecinos y adecuando las normas y medios nacionales a tales efectos.

7. Enfatizar la cooperación internacional para favorecer la estabilidad regional, con énfasis en Centroamérica y El Caribe, así como contribuir a la seguridad general del Pacífico Sur.

8. Participar en operaciones de paz, acciones internacionales y de ayuda humanitaria frente a desastres naturales en el exterior.

9. Incrementar la presencia y actividad de Chile en la Antártida.

10. Fortalecer el Sistema Nacional de cara a la seguridad ampliada y desarrollar contramedidas para enfrentar la proliferación de tecnologías peligrosas y ciberataques.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

El proceso de la ENSYD se separa en dos fases: una destinada a elaborar el marco general de la seguridad ampliada a nivel nacional y otra que produzca las distintas políticas sectoriales derivadas de ese marco. La Constitución Política contempla un Consejo de Seguridad Nacional asesor del presidente de la República, que puede convocarlo discrecionalmente. La integración, facultades, orientación y normas de funcionamiento de ese organismo se apartan de los requerimientos emanados de la ENSYD y responde a objetivos diferentes. Las tareas que emanan de la Estrategia requieren funciones particulares de coordinación y gestión en materias de seguridad y defensa dentro del ámbito del Estado, que no están entre las atribuciones propias del Consejo. Se hace necesario contar con organismos específicos de coordinación interministerial en las materias indicadas.

1. Comité Interministerial de Seguridad: fortalecerá la capacidad de acción presidencial, así como la articulación entre los diversos sectores de la Administración. Coordinará y orientará las acciones que correspondan para una eficiente y eficaz gestión de la ENSYD. Estará al frente el presidente de la República y, en su ausencia, el ministro del Interior y Seguridad Pública y lo integrarán de forma permanente éste y los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda, Energía, Transporte y Telecomunicaciones y Obras Públicas. Convocará a otras autoridades cuando lo estime conveniente. Le corresponderá:

a) Servir de instancia de coordinación interministerial.

b) Conocer las políticas o estrategias sectoriales y los instrumentos de coordinación, como convenios y protocolos.

c) Conocer la información de inteligencia sobre las materias de seguridad pertinentes.

d) Conocer de las proposiciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Público-Privado y de la Comisión de Participación Ciudadana y solicitar opinión sobre materias de su competencia.

e) Conocer y aprobar el informe anual sobre el estado de avance de la Estrategia vigente elaborado por el secretario ejecutivo.

La responsabilidad final en la ejecución de las distintas actividades que involucra el cumplimiento de las tareas nacionales de seguridad corresponderá a los ministros sectoriales.

2. Consejero Nacional de Seguridad, como autoridad permanente designada por el presidente, de quien dependerá. Sus principales funciones serán:

a) Proponer acciones para el cumplimiento de las tareas nacionales de seguridad y hacer su seguimiento.

b) Identificar vacíos o superposición de tareas y duplicidades de recursos y capacidades que se materialicen en función de la ENSYD.

c) Informe anual sobre el avance en la implementación de la ENSYD y sus tareas para aprobación del Comité y su presentación al presidente de la República y al Congreso Nacional.

d) Recabar inteligencia oportuna y actualizada para el ejercicio de sus funciones, así como para informar al Comité Interministerial.

Contará con una Secretaría Ejecutiva permanente y, hasta que se norme su funcionamiento, estará conformada por personal de Presidencia, ministerios del Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Hacienda, así como de la Agencia Nacional de Inteligencia.

3. Grupo de Trabajo de Seguridad Público-Privado con representantes de sectores del Estado y del sector privado para debatir las formas de cooperación y solución de problemas de seguridad específicos.

4. Comisión de Participación Ciudadana: se creará en consideración la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y la Política para la Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad, teniendo carácter consultivo y con representantes de la sociedad civil para pronunciarse sobre temas de seguridad que les atañen.

Como complemento se fortalecerá el Sistema Nacional de Inteligencia, pues la permanente apreciación del entorno de seguridad y la evolución de los riesgos y amenazas es una función primordial para la formulación de respuestas. Será necesario reforzar y adecuar sus procesos y flujos para proveer a los ministros integrantes del Comité de información útil, confiable y oportuna. Requiere potenciar a la Agencia Nacional de Inteligencia en términos de atribuciones, personal, tecnología y recursos, con el propósito de mejorar sus capacidades de recolección, análisis y diseminación de información, así como dirigir efectivamente el Sistema Nacional de Inteligencia. Los ministerios pertinentes, coordinados por el Comité, elaborarán políticas, planes o programas que den satisfacción a lo previsto, teniendo como referencia los intereses nacionales, los de seguridad del país en el mundo, las tendencias globales y las vulnerabilidades, particularmente los riesgos y amenazas identificados y las tareas nacionales de seguridad establecidas.

La defensa está en el centro de la seguridad de Chile. Sus instituciones militares hacen una contribución única y vital y proporcionan medios para disuadir o emplear legítimamente la fuerza cuando no se ha podido proteger los intereses nacionales por otros medios. El país debe estar dispuesto a emplear sus capacidades de defensa, no sólo para protegerse frente a una agresión, sino también para aportar a la paz y seguridad global, mitigar los efectos de las catástrofes, cumplir un papel en la tarea de asegurar la infraestructura vital en circunstancias adversas y colaborar en la neutralización de las amenazas transnacionales. Las competencias de las Fuerzas Armadas trascienden lo estrictamente militar. Defensa y sus instituciones armadas han demostrado ser un invaluable instrumento para el ejercicio de la soberanía y de la presencia del Estado en zonas extremas y aisladas del país, así como para su integración física y social.

Las clásicas funciones de disuasión y defensa pasan a ser el piso estratégico del potencial militar de Chile. Es preciso reorientar el modelo de planificación por amenazas hacia un sistema de planificación basado en capacidades. Los intereses nacionales y los de seguridad del país en el mundo, los riesgos y amenazas identificados y las tareas nacionales de seguridad constituyen los fundamentos para formular las tareas específicas de defensa durante los próximos 12 años. Junto con los atributos que deberán caracterizar a la fuerza y las orientaciones para su estructuración, son determinantes para definir las capacidades estratégicas. Las tareas determinan las capacidades estratégicas, aunque no agotan las funciones de ejecución permanente de las instituciones militares:

1. Disuadir y neutralizar cualquier agresión al territorio nacional.

2. Contribuir a la paz y la estabilidad internacionales y brindar ayuda humanitaria.

3. Apoyar a las autoridades civiles nacionales en la prevención, respuesta, mitigación y reconstrucción en caso de desastres naturales o antrópicos.

4. Respaldar los esfuerzos de integración, en colaboración con otros organismos del Estado, de las zonas aisladas del país y aumentar su seguridad y cohesión social.

5. Aumentar la presencia y actividades de las Fuerzas Armadas en el territorio antártico, en su calidad de operadores.

6. Contribuir con capacidades específicas de la defensa a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para apoyarlas en su tarea de dar protección a la población civil frente a amenazas transnacionales.

7. Proveer inteligencia estratégica al Sistema Nacional de Inteligencia y otorgar ciberseguridad al Sistema de Defensa Nacional.

Las tareas de defensa son el fundamento para establecer las capacidades estratégicas requeridas por el país, fundadas en los medios materiales, equipos, sistemas, infraestructura y personal necesarios, así como en elementos intangibles tales como doctrina, organización, capacitación, entrenamiento, liderazgo y sostenimiento de la fuerza, constituyendo un conjunto de factores inseparables e indispensables para la defensa.

CAPACIDAD ESTRATÉGICA

La aptitud para cumplir tareas o producir efectos en diversos escenarios operacionales, con propósitos determinados se funda en la disponibilidad de personal, doctrina, organización, equipamiento, entrenamiento, infraestructura y logística. Contar con un espectro amplio de capacidades que permitan al país actuar en forma individual o combinada, en función de los intereses y desafíos de seguridad consignados en la ENSYD es primordial para la efectividad en el empleo de la fuerza en el contexto de una concepción de seguridad ampliada. Se han identificado las siguientes capacidades estratégicas para 2012-24:

1. Capacidad operacional para llevar a cabo de manera eficaz acciones militares que lleven a la derrota de una fuerza adversaria. Debe permitir anticipar una agresión armada, tener superioridad en el enfrentamiento, generar efectos estratégicos a larga distancia y decidir un conflicto armado a corto plazo. Basada en medios militares propios que proporcionen el potencial mínimo necesario para satisfacer las capacidades específicas, la operacional debe también de manera creciente satisfacer la necesidad de acción integrada en coaliciones multinacionales en el marco de la cooperación internacional en seguridad y, en especial, en las operaciones de paz. Se manifiesta también en la habilidad para contener, disuadir y actuar de manera coercitiva en una crisis internacional.

2. Inteligencia: obtener información sobre amenazas a la seguridad exterior del país, diseminarla en forma completa y oportuna entre las autoridades pertinentes y orientar de mejor manera la acción de diversos organismos del Estado en la respuesta ante las mismas. Es necesario contar con robustas competencias informáticas para neutralizar actos hostiles contra sistemas vitales de la defensa en el ciberespacio.

3. Aptitud para vigilar los espacios marítimos y aéreos nacionales y apoyar el control de la frontera terrestre para contribuir a la detección de amenazas transnacionales. Como una capacidad complementaria aparece la de alertar a las autoridades sobre contingencias, como amenazas externas, actividades ilícitas y emergencias. Adquiere particular importancia la de alerta temprana ante maremotos y el aseguramiento de las comunicaciones en áreas afectadas. Ligado estrechamente está el control de espacios terrestres, marítimos y aéreos bajo soberanía.

4. Traslado en forma oportuna de personal, medios, equipos y sistemas de apoyo hacia el lugar donde se requiera en el tiempo y condiciones exigidas. Es esencial para responder a una agresión al territorio nacional o una crisis internacional que afecte gravemente a la seguridad exterior y para el ejercicio de la cooperación internacional. Resulta decisiva para apoyar los esfuerzos de respuesta, incluida la evacuación masiva de personas. Supone disponer de la aptitud para desplegar y operar fuerzas de tarea en misiones internacionales de larga o corta duración, con aviso de mediano y corto plazo, así como desplegar y operar fuerzas de tarea en misiones internacionales de alta complejidad y de corta duración. Esencial es la rapidez con la que se muevan o transporten los medios, lo que permite que la respuesta sea oportuna y eficaz.

5. Aptitud para operar y lograr los efectos deseados en un área distante, respaldada por la movilidad y el transporte estratégico, especialmente cuando se actúa en escenarios internacionales, aun cuando por las características de la geografía también se aplique en el cumplimiento en el territorio nacional de las diversas tareas de la defensa. Resulta fundamental para las actividades de cooperación internacional y se manifiesta en la operación y presencia de medios de las Fuerzas Armadas, dentro y fuera del Círculo Polar Antártico, apoyándose en bases permanentes y estivales.

6. Brindar resguardo a la población, con extensión a contingencias derivadas de catástrofes. Incluye la asistencia humanitaria nacional e internacional, el de rescate y evacuación y el despliegue y sostenimiento de fuerzas militares en zonas aisladas del territorio, con aptitudes especiales para colaborar con la acción del Estado y la población civil.

Las capacidades estratégicas y los atributos se optimizan mediante el concepto de empleo conjunto, que involucra integrar los recursos bajo un mando único, que en el nivel estratégico de conducción militar recae en el Estado Mayor Conjunto, demandando un mando y un entrenamiento conjunto de los medios de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas. Requiere:

1. Conformar y conducir comandos conjuntos y fuerzas de tarea por medio de la doctrina, entrenamiento y procedimientos para materializar la organización, dirección y asignación de tareas, así como para el empleo y maniobra de las fuerzas asignadas a las operaciones.

2. Integrar y coordinar los medios de la inteligencia militar para obtener información, transformándola para la conducción estratégica y desplegar los resultados de este proceso en un panorama de inteligencia común difundido de manera automática, simultánea y en tiempo real a los usuarios.

3. Ejercer el mando y control efectivo y la conducción de las fuerzas asignadas a las operaciones, transmitiendo información sobre un panorama de situación común y permitiendo la administración informática de los procesos de planificación y control de las operaciones, así como enlazándose e interactuando con organizaciones gubernamentales para traspasar información y controlar la asignación y empleo de medios militares.

4. Proporcionar dirección y coordinación para la ejecución descentralizada de la defensa y protección de las redes informáticas conjuntas e institucionales e integrarse a los sistemas cibernéticos nacionales críticos.

5. Generar efectos estratégicos en distintos escenarios por medio de acciones directas e indirectas sobre objetivos de gran importancia, creando situaciones favorables a la propia maniobra y realizar operaciones de rescate o alcanzar áreas de difícil acceso en cualquier condición de situación, geográfica o atmosférica.

LOS MEDIOS DE LA DEFENSA

Se mantendrán operativos los principales sistemas de armas y habrán de cubrirse las brechas que se aprecien. La apreciación y planificación de detalle relativa a personal, organización, equipamiento, doctrina, entrenamiento y sostenimiento deberá permitir contar con las capacidades estratégicas definidas en la ENSYD. Los principales productos serán:

1. Un sistema de planificación basado en capacidades, para alcanzar una combinación favorable entre la incertidumbre estratégica, medios militares y formulación presupuestaria, cada vez más exigente con relación a la precisión del gasto en defensa. Hay que identificar los potenciales conflictos que necesitarían el empleo de la fuerza y determinar las capacidades requeridas. Permite estructurar, mantener y desarrollar una fuerza militar adaptable a los diversos escenarios y producir un grado de polivalencia, flexibilidad e interoperatividad, preservando así un nivel de libertad de acción asociado a los diversos riesgos del presente y del futuro.

2. Plan de Desarrollo de la Fuerza, que considerará los equipos y sistemas necesarios para satisfacer las distintas capacidades estratégicas; la actualización y modernización de los sistemas de armas para asegurar su operatividad y el retiro de los que tengan costos de mantenimiento y operación ineficientes, hayan cumplido su ciclo de vida o perdido eficacia. Contemplará criterios conjuntos, así como los específicos de la fuerza terrestre, marítima y aérea, velando por la incorporación de nuevas tecnologías, una composición balanceada entre los diversos elementos que originan capacidades estratégicas y la eficiencia en el uso de los recursos financieros asignados. Expondrá las brechas existentes entre medios disponibles y requeridos y consignará las fechas indicativas de incorporación de los nuevos sistemas de armas y los costos de adquisición, operación y mantenimiento. Deberá:

a) Avanzar en el desarrollo de capacidades con visión conjunta para lograr la mayor sinergia, en particular en el desarrollo de Fuerzas Especiales.

b) Eliminar duplicidad de medios y superposición de capacidades, cautelando que las adquisiciones futuras se ajusten a este criterio.

c) Enfatizar la polivalencia para el desarrollo de capacidades.

d) La reposición de sistemas de armas no será automática, sino evaluada en función de la capacidad que aporten, la necesidad de continuar contando con ella, las alternativas tecnológicas que existan y el contexto global de las necesidades de defensa.

Conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, será de responsabilidad del Estado Mayor Conjunto y dará origen a los proyectos conjuntos e institucionales correspondientes. Corresponderá al jefe del Estado Mayor Conjunto proponer los documentos pertinentes y su estado de avance al Congreso.

3. A través de un Decreto Supremo suscrito por los ministros de Defensa y de Hacienda se determinarán los medios que se activarán en las Fuerzas Armadas, así como su nivel de alistamiento, compatibles con las condiciones de seguridad del país y las prioridades financieras. La formulación presupuestaria deberá ser objeto de aprobación parlamentaria, estableciéndose el efectivo control legislativo y la transparencia del gasto.

4. Programa de reclutamiento, capacitación y retención del personal más idóneo para las capacidades estratégicas y responder a las exigencias de los nuevos escenarios de seguridad contemplados. Medidas son la mejora de los incentivos, revisar la carrera profesional y mantener los sistemas de bienestar, apoyo a las familias y de salud. Dos desarrollos adquieren especial relevancia: el sistema de captación de soldados profesionales que privilegie conocimientos y habilidades; y el de reserva altamente entrenada para ampliar la disponibilidad de personal para enfrentar contingencias.

El actual sistema de reclutamiento para el servicio militar se puso en ejecución en 2006, con la publicación de la Ley Nº 20.045, que introdujo modificaciones al obligatorio, particularmente en la selección de los jóvenes. Compatibilizan las necesidades de contingente con un sistema de selección que, junto con fomentar la voluntariedad, se funda en criterios de igualdad, calidad ciudadana, flexibilidad y objetividad en el proceso. Entrega a los jóvenes la posibilidad de completar estudios básicos y secundarios, propicia un incremento en el sueldo del soldado conscripto y focalizará todavía más la capacitación laboral en especialidades técnicas y profesionales. El Servicio Militar Obligatorio ha proporcionado los soldados requeridos para dotar a las unidades de fuerzas en presencia y ha hecho posible contar con reservas instruidas, aptas para ser movilizadas y completar unidades. El tamaño del contingente de conscripción disminuirá paulatinamente para ajustarse al universo de soldados profesionales con que se desea contar.

ATRIBUTOS Y COMPOSICIÓN DE LA FUERZA

La fuerza con que se materializan las capacidades estratégicas debe poseer:

1. Polivalencia: ser capaz de cumplir diferentes tareas, aunque su competencia esencial, organización y equipamiento se orienten principalmente al combate. No todas las fuerzas o sistemas pueden ser polivalentes.

2. Interoperabilidad: permite a fuerzas de diferentes componentes operar eficaz y eficientemente entre sí y con otras de países amigos. Para las operaciones humanitarias y de estabilización debe extenderse a organizaciones civiles.

3. Precisión: ubicar y anular la capacidad de combate del adversario en el menor tiempo posible y en cualquier condición o escenario, por medio de sistemas de armas o electrónicos.

4. Disponibilidad: las fuerzas militares están organizadas, equipadas, entrenadas y preparadas conforme a un estándar determinado para cumplir la misión encomendada en el lugar y momento definido.

5. Sostenibilidad: los medios destinados a satisfacer las necesidades de subsistencia, combate y apoyo confieren que pueda operar en buena forma por el tiempo requerido para cumplir la misión.

6. Protección: contra la gama de amenazas probables en cualquier escenario en que deba actuar, para preservar el recurso humano, evitar ser neutralizada y mantener la habilidad de emplear sus capacidades.

7. Proyectabilidad: dado por la movilidad estratégica o táctica y el despliegue oportuno para operar en un área distante, especialmente en escenarios internacionales.

Esto supone, en el corto plazo, mantener la disponibilidad y nivel de disuasión de los medios con que actualmente cuentan las Fuerzas Armadas. En el mediano, manteniendo un nivel de disuasión eficaz, se readecuarán capacidades para asumir un mayor compromiso internacional. Las fuerzas terrestre, marítima y aérea deberían disponer de los siguientes medios:

1. Terrestres

a) Fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, celeridad, potencia de fuego, capacidad de penetración y obtención de superioridad en el enfrentamiento, capaz de interoperar e integrarse a fuerzas conjuntas.

b) Fuerza mecanizada de brigadas cuyos medios operen en forma independiente o integrados a unidades acorazadas y/o motorizadas, en condiciones de actuar con otras conjuntas y emplearse, combinadamente o no, en operaciones internacionales.

c) Fuerza motorizada de brigadas cuyos medios operen en forma independiente o integrados en unidades mecanizadas y/o acorazadas, en condiciones conjuntas y combinadas en operaciones internacionales.

d) Fuerza de montaña de brigadas con capacidad para operar sostenidamente en terrenos de media y alta montaña, en época invernal y estival, bajo cualquier condición atmosférica; y de búsqueda, rescate y evacuación en montaña y territorio antártico, e interoperar con otros organismos del Estado.

e) Fuerza de unidades fundamentales independientes para reforzar la seguridad y apoyar los esfuerzos de integración de espacios vacíos y zonas aisladas del país.

f) Fuerza de operaciones especiales de alta disponibilidad, capacidad de combate y de proyección, habilitada para actuar en forma independiente o integrarse en organizaciones conjuntas, para ejecutar operaciones militares directas e indirectas y para emplearse, combinadamente o no, en internacionales complejas.

g) Fuerza de aviación Ejército de gran movilidad, para operar en forma independiente, conjunta o combinada; participar en acciones humanitarias ante desastres naturales o antrópicos; apoyar a la población civil en zonas aisladas o donde se requiera; y capaz de integrar esfuerzos internacionales de estabilización o ayuda humanitaria. Requiere contar con helicópteros de asalto, ataque, medianos de transporte y livianos de exploración aérea, así como aeronaves no tripuladas (UAV) tácticas para exploración y asignación de blancos.

h) C4I y capacidad ISTAR a nivel de unidades de armas combinadas.

i) Fuerza de ingenieros de construcción horizontal para apoyar en los esfuerzos de vertebración vial e integración del territorio en áreas de difícil acceso y configuración geográfica y para participar en operaciones internacionales.

j) Fuerza de soldados de tropa profesional a fin de optimizar la eficiencia y la disponibilidad permanente de los medios principales de la fuerza terrestre. Asegura una robusta contribución a las operaciones internacionales.

k) Fuerza de reservistas, a partir de soldados conscriptos licenciados, con un adecuado nivel de entrenamiento y alta disponibilidad.

Parte de las fuerzas deberán estar en condiciones de operar como unidades aptas para participar en emergencias, catástrofes y desastres naturales o antrópicos y para consolidar la presencia y proyección terrestre dentro del Continente antártico. Contribuirá con sus medios a las fuerzas de orden y seguridad pública en sus tareas de vigilancia y resguardo fronterizo.

2. Marítimos:

a) Fuerza de superficie compuesta por fragatas con especificidad antiaérea, antisubmarina y multirrol, con helicópteros embarcados, petroleros de flota y remolcador de alta mar.

b) Fuerza de submarinos convencionales de última generación multipropósito, apoyados por un buque madre.

c) Fuerza de buques multipropósito dotada de helicópteros, de proyección estratégica, apoyo en catástrofes, transporte de personal y material.

d) Fuerza de unidades de superficie menores con misiles antisuperficie, con capacidad para operar helicópteros.

e) Fuerza de unidades de patrulla oceánica (OPV).

f) Unidades de características especiales para roles de señalización marítima, oceanografía e hidrografía.

g) Rompehielos y remolcador de alta mar de apoyo al transporte logístico y la actividad científica en la Antártida, capaz de operar helicópteros livianos.

h) Fuerza anfibia parcialmente mecanizada, con aptitud para operaciones de proyección e internacionales.

i) Fuerza de Infantería de Marina para la defensa de costa con unidades de artillería, misiles, vigilancia y control de aguas interiores.

j) Fuerza de operaciones especiales, con aptitud de comandos, buceadores de combate y contraminado.

k) Fuerza de exploración aeromarítima, patrulla costero y rescate.

l) Fuerza de UAV para patrulla aeromarítima de zonas remotas.

m) Sistemas de radares de vigilancia costera.

n) Fuerza de lanchas rápidas de patrulla y policía marítima para contribuir a la protección de la población civil y frente a las amenazas transnacionales (DIRECTEMAR).

o) Fuerza de soldados de tropa profesional para unidades de Infantería de Marina y de litoral.

Parte de las fuerzas deberán estar en condiciones de operar como unidades aptas para participar en emergencias, catástrofes y desastres naturales o antrópicos; consolidar la presencia en la Antártida; y apoyar los esfuerzos de integración de espacios vacíos y zonas aisladas. Deben actuar contra actividades ilícitas en el mar jurisdiccional e interoperar con fuerzas de orden y seguridad, así como con otras agencias estatales y no estatales.

3. Aéreos

a) Fuerza de combate con aeronaves multirrol y todo tiempo, con sistemas de transferencia de datos, comunicación, navegación y ataque de precisión, guerra electrónica y armamento inteligente, capaz de interoperar en escenarios conjuntos y combinados en operaciones aire-aire y aire-superficie.

b) Fuerza de defensa antiaérea integrada por artillería y misiles de corto y mediano alcance para la defensa de área y local.

c) Fuerza terrestre para la protección de personal, medios de combate, bases aéreas e instalaciones en general.

d) Fuerza de transporte aéreo:

- Estratégico para personal y carga de las Fuerzas Armadas, incluyendo aviones para reabastecimiento en vuelo.

- Táctico de ala fija.

- Helicópteros medianos y livianos de transporte táctico.

- Aeronaves de ala fija y rotatoria para operaciones antárticas.

e) Fuerza de alerta temprana y control aerotransportado.

f) Sistema de mando y control con radares terrestres de vigilancia aérea, telecomunicaciones y apoyo.

g) Fuerza de operaciones especiales para recuperación de personas y tripulaciones, recolección de información útil y de precisión para las acciones de combate, marcación y destrucción de blancos, exploración del campo de batalla y SAR, incluyendo operaciones conjuntas y combinadas.

h) Fuerza de UAV y aviones de reconocimiento aerotáctico para operaciones ISTAR.

i) Fuerza de tropa profesional para unidades de protección de instalaciones.

Parte de las unidades descritas estarán en condiciones de participar en emergencias, catástrofes y desastres naturales o antrópicos; consolidar la presencia y proyección aérea en el Continente antártico; y apoyar los esfuerzos de integración de espacios vacíos y zonas aisladas del país. Deben contribuir con sus medios a las fuerzas de orden y seguridad pública en sus tareas de vigilancia y resguardo fronterizo.

4. Operaciones internacionales

se hace necesario que de los medios institucionales estén disponibles las siguientes fuerzas de tareas, considerando como máximo esfuerzo su empleo simultáneo:

a) Operaciones de paz de larga duración de unos 500 hombres.

b) Menor para operaciones internacionales de larga o corta duración.

c) Operaciones internacionales de corta duración, que requieran el empleo de medios especializados de fuerzas terrestres, navales o aéreas, tales como el establecimiento de zonas de exclusión u otras misiones de alta complejidad con características similares.

d) Unidades nacionales de la fuerza Cruz del Sur, a emplearse, a petición de la ONU, en una fuerza combinada.

FINANCIAMIENTO DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS E INDUSTRIA

Las Fuerzas Armadas necesitan recursos para cumplir sus funciones y resulta fundamental que el proceso de asignación esté construido sobre bases que induzcan una alta consistencia entre la ENSYD y los fondos que haya. En materia de asignación es necesario establecer criterios técnicos y transparentes que prioricen la eficiencia y maximicen el valor para la sociedad de los fondos usados en defensa. Esto implica un presupuesto que reconozca y derive de los medios que se ha decidido mantener y, pensando en el largo plazo, genere las posibilidades de desarrollo armónico de las distintas partes del sistema de defensa. Defensa y sus instituciones armadas requieren contar de un financiación adecuada para el desarrollo de las capacidades estratégicas. Dado que están sustentadas en el personal, material, infraestructura, logística, entrenamiento y alistamiento de la fuerza, su financiación no sólo debe estar destinada a la adquisición de sistemas de armas, sino también a sufragar los costos asociados, especialmente los de operación y de mantenimiento.

La financiación de las capacidades estratégicas de defensa es la clave para satisfacer las necesidades de seguridad del país consideradas en la ENSYD. Su sistema debe ser de carácter público, estable y previsible, de naturaleza plurianual, contar con asignación mínima garantizada y estar basado en la definición de capacidades a largo plazo. No sólo debe cubrirlas, sino también las funciones de ejecución permanente de las Fuerzas Armadas. El desarrollo necesita sustentarse en los medios existentes, con el propósito de no reducir el grado de disponibilidad de la fuerza y los niveles de disuasión alcanzados. No se contrapone con la necesaria flexibilidad que requiere tener la asignación de recursos para la defensa, en función de la situación nacional e internacional y de las prioridades que en determinadas circunstancias el país debe asumir.

El nuevo sistema de financiamiento, que remplaza la Ley Reservada del Cobre tiene un doble propósito: fortalecer el control de las inversiones; e incrementar la eficiencia y la estabilidad presupuestaria. Contempla tanto las actividades generales como la adquisición de capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Establece un presupuesto plurianual para inversión y desarrollo en material bélico e infraestructura asociada y para los gastos de operación y sostenimiento, así como contempla un mínimo de asignación garantizado y la existencia de un Fondo de Contingencia Estratégico aplicable a situaciones de crisis internacional o conflicto armado, catástrofes y oportunidades de adquisición. Las inversiones deben hacerse en función de la ENSYD, de la que se derivarán los requerimientos de medios específicos.

La industria de defensa estatal debe trabajar con un horizonte de mediano y largo plazo, considerando las definiciones sobre capacidades estratégicas establecidas en la ENSYD. Esto generará las condiciones para satisfacer las necesidades de mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Está conformada por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y la Empresa Nacional Aeronáutica (ENAER). Estas empresas autónomas del Estado tienen como actividad principal la prestación de servicios a las Fuerzas Armadas, función en la que es deseable que busquen asociaciones con empresas privadas afines a su giro, para generar economías de escala y sinergia en los procesos e innovaciones tecnológicas. En este contexto se alentará el desarrollo de una industria de defensa privada en el país que pueda contribuir a los desafíos antes reseñados.

Las empresas públicas tienen un carácter estratégico para la defensa y son parte integral de la operatividad de la fuerza, por cuanto proveen su sostenimiento logístico fundamentalmente a través del mantenimiento de los sistemas de armas y equipos, así como la fabricación de elementos complementarios, asegurando de esta manera la máxima disponibilidad del material durante su ciclo de vida. El Ministerio de Defensa coordinará el adecuado aprovechamiento de las capacidades instaladas con el propósito de optimizar inversiones y centralizar, cuanto sea posible, las especialidades de cada empresa, evitando duplicidades. Como toda actividad económica, la gestión de las empresas públicas no puede perder de vista la rentabilidad y productividad. Sin embargo, al tener un impacto directo sobre la seguridad y defensa del país, su gestión debe considerar como prioridad el lograr la mayor disponibilidad de las fuerzas a las que apoyan. A fin de compatibilizar ambos criterios, su sistema de gobiernos corporativos incorporará a sus directorios y gerencias generales un enfoque de gestión y control profesionalizado, acorde con los desafíos del siglo XXI. Durante el primer año de mandato de cada Gobierno, el presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Defensa y mediante Decreto Supremo, establecerá las orientaciones de desarrollo y las principales actividades a emprender por la industria militar y procederá a la designación de los miembros de los respectivos directorios.

 

 
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