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Los sindicatos policiales uruguayos se adhirieron firmemente a una marcha por la seguridad en Montevideo

(defensa.com) Tras los comunicados del Círculo Policial, que reúne a la oficialidad de la Fuerza, retirando la confianza y exigiendo la inmediata salida del ministro Eduardo Bonomi y su controvertido subsecretario, Jorge Vázquez , debido a los constantes asesinatos de policías u otros agentes de seguridad en asaltos y la falta de apoyo ministerial a los efectivos, los sindicatos policiales (inclusive los oficialistas) se integraron a una marcha por la seguridad organizada sobre la principal avenida de Montevideo, rumbo a la Presidencia de la República, cuyas instalaciones permanecieron valladas y rodeadas de grupos de élite.

El detonante de la situación, luego de la muerte de un custodia de supermercados por portar esposas policiales aún sin resistir a los maleantes, fue un tiroteo en el elegante barrio de Pocitos, tras el intento de asaltar una sucursal de Correo en una concurrida esquina, cuyo resultado fue de un policía muerto, dos heridos y un delincuente fallecido y uno herido, menores contraventores a quienes la legislación vigente en los últimos 8 años, por tolerante, ha favorecido en sus desmanes, por escasísima o nula permanencia tras las rejas.

Ha llamado la atención el armamento portado por los delincuentes (también hallado en otro tipo de acciones delictivas), consistente en pistolas Glock de 9 mm y Taurus PT-92. Dicho hallazgo produjo malestar entre el Ministerio del Interior y el Ejército, ya que fuentes de esta Secretaría declararon a la prensa que ese tipo de armas eran traídas por los soldados uruguayos destacados en el Congo, lo que es inexacto, ya que, además de ser sometidos a profunda revisión por parte de la ONU, las armas que pululan en esa región son, notoriamente, rusas o chinas.

Este entredicho motivó una nota aclaratoria del Comandante en Jefe del Ejército y el silencio por parte de Interior y el diario "El País", el primero en hacerse eco de esta versión, que el Ejército consideró una "calumnia".

La ola de violencia imperante hace que el Parlamento convoque a las principales autoridades del Ministerio del Interior a sala en los próximos días, mientras el diputado opositor Gustavo Borsari planteó un proyecto de ley agravando sensiblemente las penas de quienes ultimen policías, agentes de seguridad privados o empleados en funciones (10 días atrás, un repartidor de garrafas gas fue ultimado por un niño de 11 años, poco antes sorprendido en destrozos vehiculares) abatidos durante la comisión de delitos. (Javier Bonilla)


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