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El postconflicto en Colombia e implicaciones estratégicas

Durante más de cincuenta años, Colombia se ha visto envuelta en un conflicto militar interno que ha costado decenas de miles de vidas, en una sangría que estuvo a punto, a comienzos del milenio, de desembocar en una involución política con el triunfo de las FARC. Sin embargo, la decidida voluntad del presidente Uribe para que el Estado se impusiera militarmente a los bandidos, acompañada del apoyo norteamericano, frente a la oposición de la izquierda europea, que no llegó a tomar un partido claro entre la insurgencia y la democracia, resultó tremendamente exitosa. La victoria militar del Gobierno frente a los grupos guerrilleros, o al menos la clara superioridad del aparato del Estado frente a unos delincuentes, que ya no aspiran a cambiar el sistema, sino a enriquecerse a través de la extorsión y el tráfico de drogas, puso a las organizaciones terroristas en una voluntad aparente de negociar un acuerdo de paz, cuyas conversaciones se desarrollan desde hace ya demasiado tiempo en Cuba.

Se alcance o no un acuerdo de paz, la situación es irreversible y el problema de la violencia comunista ha quedado reducido a un problema policial y de orden público. Lejos quedaron los tiempos en los que un 10 por ciento de los alcaldes no podían vivir en sus municipios; los secuestros indiscriminados de niños para convertirlos en soldados; y el abatimiento de las fuerzas de orden ante una dirección política que optaba siempre por el diálogo en situación de inferioridad. En España sabemos bien que ese diálogo es injusto y, además, infructuoso. Pero no me cabe duda que se abre para Colombia un tiempo nuevo. En poco tiempo su economía será la más importante de Sudamérica, excluida Brasil, de manera que no debe esperarse que el país quiera transitar desde una situación de conflicto a una desmilitarización. Ese sería sin duda el mayor error en el que podría incurrir el Gobierno colombiano.

Ahora le corresponde adaptarse a unos nuevas ambiciones estratégicas, que en mi opinión pasan por tres líneas: unas Fuerzas Armadas en consonancia con el peso político y económico del país en la región; una política de defensa solidaria con los esfuerzos internacionales por la paz mundial; y, finalmente, unas Fuerzas Armadas que deben ser un instrumento básico en la estabilización y el apoyo al desarrollo humano de muchas comunidades que se han visto olvidadas por el Gobierno y sometidas durante décadas a una administración revolucionaria basada en la delincuencia organizada.

Colombia deberá incrementar su capacidad de proyección, especialmente en la Armada y Fuerza Aérea, y dotarse de unidades terrestres con alta movilidad y potencia de fuego. Frente a la extraordinaria capacidad en medios tácticos, como helicópteros, el tema en la Fuerza Aérea, y en la Armada en menor medida, es sombrío. Equipos muy anticuados que necesitan de una pronta renovación, para poder asegurar primero la seguridad y soberanía del territorio colombiano y, en segundo lugar, proporcionar una colaboración de calidad a los esfuerzos de la comunidad internacional para implantar la paz y terminar con los conflictos. Asegurarse una superioridad estratégica es la mejor garantía para evitar que una situación como la vivida vuelva a repetirse.

En segundo lugar, Colombia ha sido una nación tradicionalmente muy involucrada con los intereses de Occidente desde su participación en la guerra de Corea. Una vez terminado el desgaste del conflicto en su complicado territorio, procede converger hacia unas fuerzas con mayor movilidad, que puedan participar en misiones internacionales, así como la renovación de sus medios de proyección. Finalmente, las Fuerzas Armadas, por su despliegue en todo el territorio, así como por los medios y el capital humano, tendrán un papel fundamental en la integración de los departamentos y municipios que han vivido al margen del Estado durante décadas. En muchos casos se trata de localidades muy aisladas. La generación de estructuras logísticas, educativas, sanitarias, de organización institucional y estructuración social sólo podrán desarrollarse con una gran involucración de las Fuerzas Armadas.

Pero, a pesar del optimismo generalizado que se palpa en la sociedad colombiana, que se muestra en el gran dinamismo social, cultural y económico, todavía existen riesgos. El principal es que estas larguísimas negociaciones no sean una maniobra de la guerrilla para reorganizarse y adquirir nuevos medios ante el empuje de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes pueden imaginarse a los aliados negociando la paz con Hitler al ocupar París, cuando el régimen se desmoronaba? El hecho de que este diálogo se desarrolle mientras que continúan los atentados no parece una base muy sólida y no debe desdeñarse la posibilidad de que el conflicto pueda revitalizarse. Garantizar la superioridad estratégica regional es la mejor manera de evitar ese rearme, que no puede desarrollarse sólo al interior del país.

La continuidad en el esfuerzo presupuestario, el no desmantelamiento de las capacidades actuales; el incremento de las capacidades estratégicas y la participación activa en el desarrollo del país en ausencia de conflicto generalizado deberían ser a mi juicio las líneas básicas que han de marcar la política de seguridad nacional. Los errores en estas decisiones pueden tener consecuencias muy negativas para la sociedad colombiana.


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