Los detalles sobre el tamaño final del contingente militar que será destacado en Río de Janeiro y el período total de la misión aún están siendo ajustados por el Ministerio de Defensa, tras enviar a los primeros 9.000 efectivos. El pasado lunes, tras la grave situación vivida también en el estado de Espíritu Santo (con casi 150 muertes en 100 horas tras una huelga policial), el presidente Michel Temer informó en un comunicado de prensa que "el gobierno federal decidió poner a las Fuerzas Armadas en disposición de enfrentar cualquier hipótesis de desorden en Brasil." Contingentes militares ya se habían enviado a Espíritu Santo para contener la enorme violencia imperante en el estado en estos últimos días.
La radical movilización de familiares de la policía en la puerta de los batallones de la Policía Militar de Río, llegó a su quinto día consecutivo este martes. Desde las primeras horas del viernes impiden la salida de vehículos y de efectivos uniformados de destacamentos y batallones. El sábado el gobierno intentó sin éxito tratar de poner fin a los piquetes e indicó que los pagos de salarios y primas retrasadas a la policía estaban condicionados a la privatización de la Cedae (Compañía Estatal de Agua y Saneamiento). La venta de la empresa está programada para ser votada en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, fuertemente custodiada.
Si el malestar continúa sería necesario movilizar a unos 22.000 mil miembros de las Fuerzas Armadas que trabajaron en la seguridad de los Juegos Olímpicos, lo que parece una verdadera sustitución de la Policía Militar por parte de las tropas federales, que no la consideran correcta constitucionalmente. Por ley, las tropas federales comparecen- mediante el dispositivo jurídico de Garantía de Ley y Orden- cuando el Estado considera que no hay más medios legales para garantizar el orden público y, en este caso, la solicitud es preventiva, lo que comienza a causar una gran insatisfacción y preocupación entre los militares, porque significa potencialmente casi reemplazar una fuerza de policía por completo.
Por otra parte, no han sido asignados nuevos recursos presupuestarios a las Fuerzas Armadas para estas tareas, por lo que están recurriendo a fondos destinados a fines propios y hasta a sus reservas de contingencia. La solicitud de refuerzo fue realizada por el gobierno de Río de Janeiro en el cuarto día de movilización de los batallones policiales. 9.000 militares han salido ya a las calles de Río de Janeiro en una operación preventiva. En principio, las Fuerzas Armadas deben permanecer patrullando la ciudad hasta el 22 de febrero, con posibilidad de extender su presencia si fuera necesario, como desea el gobierno local, para cubrir el Carnaval. (Javier Bonilla)
