México podría convertirse, al pairo de esta nueva crisis de los países emergentes, que azota especialmente a Brasil, en la segunda economía del Continente y situarse entre las diez mayores del globo y a la vez podría estar camino de convertirse en un estado fallido; quizás el más grande del mundo, por la incapacidad de los sucesivos gobiernos para proveer a sus habitantes de lo más importante que debe hacer una administración pública y por el que se justifica su existencia: seguridad. Un Gobierno que no es capaz de dar a sus ciudadanos seguridad ha perdido toda la funcionalidad, por muy exitoso que sea en todos los campos de su acción.
La fuga del Chapo Guzmán, el preso supuestamente más peligroso y mejor custodiado del país, demuestra claramente hasta qué grado de incapacidad ha llegado el Gobierno mexicano en la resolución de este problema. No cabe duda que el hecho de ser frontera Sur de Estados Unidos no facilita las cosas, teniendo en cuenta que de allí proceden más del 80 por ciento de los ingresos que obtienen los grupos criminales, pero eso no significa que hayan de caer en el victimismo o en el desánimo. En primer lugar, es esencial resolver la cuestión cultural. La violencia impregna muchos aspectos de la vida de los mexicanos, sobre todo entre las clases más desfavorecidas.
Las tremendas desigualdades económicas constituyen el principal alimento de esta situación. Un país rico no puede permitirse carecer de una mínima asistencia social, sanitaria y educativa pública de carácter universal. Hay muchas naciones africanas con un sistema de protección social mejor que el mexicano. Un país tan importante no puede permitirse ser manejado por los grupos de presión, ni por los intereses económicos particulares. El principal instrumento del Gobierno para terminar con la violencia se denomina presupuesto y se llaman prioridades sociales y se ponen en práctica con la imposición de impuestos que se aprueban y se cobran. Cuando las leyes tengan una apariencia de justas y se hagan cumplir y se cumplan, se habrá dado el primer paso en el camino de la seguridad.
El segundo aspecto esencial es la legitimación de la autoridad. No hay que tener miedo al ejercicio de la violencia legítima en la lucha contra la criminalidad. Lo que diferencia a los gobiernos de los ciudadanos es el uso legítimo de la fuerza para la defensa del estado y de los derechos. Un gobierno no puede vacilar en el empleo de todos los medios a su alcance, solo limitado por la acción de una justicia independiente y por los derechos humanos. Para un ejercicio legítimo de la violencia es necesario contar con efectivos humanos motivados, con salarios dignos y una formación adecuada. Si el estado debería tener una prioridad es dignificar a la institución policial y militar y esto pasa por sueldos y beneficios sociales. Siendo la piedra angular del desarrollo de los Estados Unidos de México, no se deberían escatimar esfuerzos muy significativos en esta línea.
El tercer aspecto es la aplicación de una justicia rápida. Deberían establecerse juicios rápidos que posibiliten sin mucha demora el cumplimiento de las condenas. La colaboración con Estados Unidos en este aspecto, como se ha demostrado en otros países, será también determinante. El cuarto elemento es la colaboración internacional: muchos países han pasado por situaciones parecidas y existen numerosas experiencias, unas exitosas y otras no tanto, pero todas serán útiles para determinar políticas y prioridades. También sirve para un control efectivo del lavado de dinero que se realiza fuera de México.
Finalmente, y quizás el aspecto más importante es el colectivo, la voluntad colectiva de terminar con el problema. Sólo cuando la sociedad, las empresas, los sindicatos, las asociaciones, es decir todos, hayan tomado conciencia del problema es cuando se habrá dado el primer paso para su solución. Unos pocos millones de votos son digeribles, pero no hay gobierno en el mundo democrático que pueda torcer la voluntad de sesenta millones de votantes. Cuando todos los mexicanos voten en las elecciones y determinen las políticas y elijan a sus gobernantes de forma mayoritaria habrán dado el primer paso hacia la seguridad.
Pero, finalmente, debemos ser conscientes que se debe convivir con la inseguridad y que ésta estará presente durante mucho tiempo en la sociedad mexicana. Pero si con inseguridad se puede vivir, no se puede hacer con impunidad, alejada del estado de derecho, ni con situaciones de injusticia social tan flagrantes. Resolviendo estas últimas, no sólo México será un país más seguro, sino más próspero y sin duda un líder para las próximas décadas a nivel mundial, necesario para equilibrar el balance a favor de los gigantes asiáticos, como Rusia, China, Japón e India.
El actual Gobierno tiene los medios y la oportunidad para comenzar a hacerlo; pero si se termina este mandato y las cosas no han cambiado se habrá perdido una gran oportunidad histórica, ya que nadie confiará en el Gobierno para la resolución del problema, llevando a México a una situación cercana a un estado fallido, lo que la comunidad internacional castigaría aislando a la nación del sistema económico y político internacional. Enrique Navarro
