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La falta de formación y el incumplimiento de la ley ponen en riesgo el servicio de rescate en helicóptero de Canarias según el SLTA

(defensa.com) “Se cuelgan de un helicóptero y trabajan en las condiciones más peligrosas con material sin certificar, fuera de la normativa aeronáutica, sin la formación adecuada y contratados bajo el epígrafe de selvicultores”.  Así es, según denuncia el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA),  el día a día de los rescatadores del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias que denuncian una situación que, además de ilegal, pone en riesgo su propia integridad y la de los ciudadanos que requieren de su ayuda.

Subcontratados por la empresa FORESMA (Forestal Mediterránea), el sindicato asegura que se ven obligados a desarrollan su labor con un material de rescate que no se revisa de forma correcta por carecer del personal cualificado para ello y sin los correspondientes cursos de formación e instrucción por igual motivo: no se dispone de personal adecuado y certificado.  Asimismo, a los rescatadores adscritos al GES no se les realiza unos reconocimientos médicos acordes a una labor tan física, desconociéndose por tanto su estado actual de salud y la idoneidad para poder ejercer su delicado trabajo, situación que es a todas luces insostenible, afirma.

El SLTA  precisa que FORESMA no es una empresa aeronáutica, por lo que no dispone del manual de operaciones obligatorio ni está cualificada para impartir los cursos necesarios.  “Las irregularidades van más allá y la subcontrata contrata a los rescatadores dentro del estatuto agrícola forestal con la categoría de selvicultores, dejándolos fuera de los convenios y regulaciones aeronáuticas. Todo ello, a pesar de que estos profesionales vienen perfectamente definidos como personal de vuelo, en virtud de la normativa vigente establecida en el II Convenio sectorial para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros”. El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos ha denunciado esta situación irregular ante los organismos competentes del gobierno de Canarias y la Dirección General de Seguridad y Emergencia.


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