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La Comisión Europea demanda a España por no haber finalizado los planes de seguridad de sus puertos

(defensa.com) Según publica el diario El País, la Comisión Europea ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber terminado todos los planes de seguridad de los puertos españoles. La Unión Europea puso en marcha la Directiva 2005/65/ECon, que obligaba a los países miembros a revisar los planes de seguridad de sus puertos después de que se produjeran los atentados de Madrid y Londres en marzo de 2004 y junio de 2005 respectivamente.

Según este plan, España estaba obligada a crear planes de seguridad para sus principales puertos, tarea que debía haber finalizado en junio de 2007. Sin embargo al no haber cumplido el plazo se concedió una prórroga hasta 2013. Según recoge El País, la Comisión Europea tiene constancia de que 9 de los 67 puertos españoles obligados aún no disponen de este plan de seguridad. El Ministerio de Fomento, del que depende Puertos del Estado, estima que solo son siete los puertos los que aún no han cumplido esta obligación.

El 25 de septiembre del año pasado la Comisión Europea advirtió a España de que podría iniciar acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque por entonces 20 de los puertos españoles no habían implementado el plan de seguridad. Hasta entonces había una prórroga que acababa en 2013 para estos últimos 20 planes de seguridad. Desde junio de 2007, la fecha límite que establecía la directiva europea, la Comisión se ha puesto en contacto con varios países que no habían cumplido las obligaciones, incluidos España. El principal objetivo de la política europea de seguridad portuaria es proporcionar protección a los buques e instalaciones portuarias, como parte de la red de transporte, frente a las amenazas de ataques terroristas.

Precisamente la semana pasada tuvo lugar en Ferrol EXPONAV, un evento especializado en el que se abordó la temática de la seguridad portuaria y las amenazas existentes a las que se enfrenta. La proliferación del terrorismo y su interacción con grupos de delincuencia organizada tiene en la actualidad potencialidad para afectar tanto al tráfico marítimo como en los puertos de salida y destino de este. Desde el tráfico de armas, drogas o personas en buques, las implicaciones globales que supone el tráfico mundial de contenedores en términos de opacidad de la carga, así como otros elementos novedosos, como el riesgo de ciberataques contra este tipo de objetivos, suponen un reto en términos de seguridad para los puertos comerciales y las bases navales.

Tras los ataques del 11 de septiembre la Comunidad Internacional decidió, en el seno de la OMI (Organización Marítima Internacional), desarrollar una normativa con el fin de prevenir los posibles actos de naturaleza antisocial que pudieran afectar al sector marítimo-portuario. El Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) fue adoptado como anexo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS, 1974) y entró en vigor el 1 de julio de 2004. Esta reglamentación requiere realizar un conjunto de actuaciones en las instalaciones portuarias que presten servicio a buques. (J.N.G.)

Fotografía:
·Puerto de Cartagena.
·Puerto de Valencia.


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