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Austeridad y presupuestos de defensa

Austeridad y política de Defensa han marchado de la mano en los últimos quince años, en los que ha continuado el declive del peso del gasto en este campo sobre nuestro PIB (Producto Interior Bruto), que se ha acentuado de forma muy dramática en los años de la crisis, desde 2008. El gasto en defensa tiene una peculiaridad sobre el resto de las políticas públicas de un estado: su nivel de recursos depende o es una variable de los gastos militares de terceros países, ya sean nuestros aliados o potenciales amenazas o los que existen en nuestras áreas de interés.

Si nuestro gasto en defensa creciera al 1 por ciento del PIB, podría ser mucho o poco en función de cuál sea el nivel de gasto que tengan otros países. Si pretendemos una superioridad militar sobre un vecino, estamos obligados en términos generales a gastar más que él. Hay naciones, como Grecia, que se resisten a bajar del 1,3 por ciento del PIB a pesar de toda su crisis, porque perciben una amenaza de un vecino que realiza el doble de esfuerzo. Estados Unidos difícilmente puede aspirar a ser un líder hegemónico gastando “sólo” el 3 por ciento y, seguramente, Costa Rica puede sentirse muy seguro gastando el 0,5.

El gasto en defensa está muy mediatizado en España actualmente por la financiación de los denominados programas especiales de armamento, que suponen todavía un importante lastre presupuestario para el Ministerio y que coarta la capacidad de incorporar medios necesarios para los nuevos escenarios y, sobre todo, de reemplazar algunas capacidades esenciales que están en una situación crítica. Pero somos conscientes que sin este mecanismo las fuerzas armadas españolas hoy no existirían.

Desde 2002, solo creció el Presupuesto en relación con el PIB en los años 2007 y 2008. Si el gasto total sobre el PIB en 2002 fue del 0,92 por ciento, en 2014 bajó al 0,72. En moneda constante de 2014, el Presupuesto de Defensa en 2002 ascendía a 8.359 millones de euros y en 2014 a 5.745 millones. En 2008 alcanzó su máximo de 9.496 millones. Solo los créditos de inversión para el sostenimiento en términos constantes de 2014 han pasado de 1.040 millones de euros en 2007 a 271 en 2014. El nivel de gasto final está muy mediatizado por los denominados programas especiales de armamento. El importe total de estos contratos ascendía, de acuerdo a su valor actualizado en 2009, a 26.757 millones.

Sin embargo, los impagos de los créditos y las modificaciones contractuales obligaron a retrasar muchas entregas. También influyeron las demoras en la ejecución de algunos proyectos, de manera que se hizo una evaluación real del importe de los programas, por lo que dictaminó que, a 31 de diciembre de 2012, el valor de estos programas ascendía a 33.345 millones de euros y de este importe Defensa había abonado 6.946 millones, lo que dejaba una cantidad pendiente de pago de 26.399 millones. Con todas estas modificaciones se consiguió reducir el importe hasta los 29.749 millones de euros, casi unos 4.000 millones de rebaja.

Las obligaciones de pago se han extendido hasta el año 2030; es decir que, si se cumple este nuevo calendario. Defensa deberá pagar los 26.399 millones de euros en los próximos quince años, a una media que supera los 1.500 millones anuales, a los que habrá que añadir los ajustes por inflación y modificaciones de contratos. También deberán sumarse los nuevos contratos firmados para el desarrollo de la fragata F-110 y los vehículos 8x8, que incrementarán este presupuesto en unos 5.000 millones de euros adicionales.

El futuro del presupuesto del Ministerio de Defensa está muy mediatizado por tres elementos, que podemos denominar costes fijos, cualquiera que sea el nivel de ambición que se pretenda alcanzar. El primer lugar son los compromisos de crédito por las inversiones y en particular por los pagos derivados de los programas especiales de armamento. Su calendario se extiende hasta el 2030 e implica una enorme aportación de recursos en los próximos años. El segundo elemento es el coste de personal, que supone alrededor de un 60 por ciento del total del presupuesto ejecutado.

La escasa evolución del número de efectivos en los últimos diez años nos lleva a la creencia que no es previsible una modificación sustancial de este coste en los próximos quince años, de manera que un 60 por ciento del gasto está condicionado. El tercer elemento que afecta al nivel de gasto es el número de instalaciones del Ministerio de Defensa. Mantener abiertas y operativas un número tan elevado de centros tiene un impacto en los costes de operación de forma muy significativa. De hecho, se ha realizado un ejercicio enorme entre 2011 y el que culminará en 2017, con la reducción del número de 1.086 a 602 centros, que serán los que quedarán operativos al final de 2017.

Si a ello unimos la escasa presión política por incrementar el presupuesto y la poca preocupación nacional por las amenazas, debemos concluir que incrementos significativos del presupuesto de defensa no son previsibles. Sin embargo, si la presencia en el exterior se disminuye por razones presupuestarias y no se incrementan las inversiones y gastos de sostenimiento, el colapso de nuestras Fuerzas Armadas no se va a demorar y veremos a nuestras grandes y costosas plataformas ir camino del desguace, sin apenas haber sido utilizadas por incapacidad para sostenerlas y operarlas.

Enrique Navarro
 


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