La agenda de la nueva Ministra de Defensa

El nombramiento del nuevo gabinete de gobierno del presidente Mariano Rajoy llevaron los focos, en buena medida, hacia la nueva titular de la cartera de Defensa: María Dolores de Cospedal.
Su perfil de política fuerte del partido en el Ejecutivo, pero con un bagaje profesional alejado de las cuestiones de política de Defensa, han colocado su elección en la cabecera de los medios. Atendiendo a la trayectoria política de la ya titular de Defensa (quien es en la actualidad, además, secretaria general del Partido Popular; es decir, número dos de partido y persona de la confianza del presidente), su nombramiento posiblemente haya que entenderlo como parte de los equilibrios y repartos de poder en el seno del propio partido y del Gobierno.
De igual manera, se podría ver su nuevo cargo como un vía de proyección política, situada en un ministerio "de Estado" y de carácter fuertemente institucional; algo que, por otro lado, no sería en absoluto una novedad si se aprecian los perfiles de varios de sus antecesores independientemente del signo político (donde el saliente Morenés ha sido una notable excepción). Cómo va a compaginar la titularidad de Defensa y la secretaría general del PP es otra pregunta ineludible.
En cualquier caso, y al margen de las politics inherentes a toda conformación de Gobierno, la nueva ministra de Defensa se coloca al frente de un Ministerio con importantes retos que afrontar sin mayor dilación. Entremezclando lo urgente y lo importante, lo que aquí no resulta sencillo discernir, la agenda política de Defensa a buen seguro llevará reseñados los siguientes puntos: presupuestos, transformación de las Fuerzas Armadas, planeamiento, misiones internacionales y sistema nacional de seguridad.
 
La cuestión presupuestaria es, como siempre, la piedra de toque del citado Ministerio. Armar este instrumento fundamental para la acción ejecutiva será complicado, pues la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 será la primera prueba de fuego del gobierno del presidente Rajoy. En un contexto de incertidumbre parlamentaria y de nuevas exigencias de ajuste por parte de Bruselas para hacer frente al déficit público, incrementar las partidas de gasto puede ser realmente complicado.
Esta complicación tiene el peliagudo añadido de que Defensa ha de seguir afrontando el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), un gap económico-financiero responsable en buena medida de la delicada situación de las cuentas del Ministerio. Además, el mecanismo ideado durante la etapa de Morenés para afrontar dichos pagos (sin olvidar los reajustes implementados al mismo tiempo en los diversos programas), mediante créditos extraordinarios aprobados vía decreto-ley, ha quedado suprimido tras la decisión del Tribunal Constitucional de anularlos. Por tanto, las obligaciones todavía pendientes se habrán de pagar, bien a través de un incremento de los presupuestos ordinarios, bien con una ley ad hoc. Fórmulas, en cualquiera de los casos y atendiendo una vez más a la coyuntura parlamentaria, que requerirán de denodados esfuerzos para sacarlas de adelante.
Sin haber solucionado unos PEAS puestos en marcha a comienzos de siglo, los Ejércitos y la Armada trabajan ya para contar con nuevas capacidades mediante modernos programas para la adquisición del VCR 8x8, de drones estratégicos o de las fragatas F-110. El reto es de una envergadura considerable y el auténtico encaje de bolillos, político y presupuestario (si es que acaso no habláramos de lo mismo), que se ha de tejer se prevé muy complejo. Sin embargo, con un gasto en torno al 0,9% del PIB (algo ligeramente superior si atendemos al presupuesto finalmente ejecutado y a otras partidas vinculadas a Defensa pero fuera del ministerio), el incremento del presupuesto parece, no sólo deseable, sino imprescindible: no sólo para encarar dichos programas, sino para recuperar la sostenibilidad perdida en otras partidas como las de adiestramiento, investigación, etc.
En este sentido, una pequeña "revolución burocrática" se podría lograr en esta legislatura si finalmente se consiguiese conformar una programación presupuestaria plurianual con el fin de dotar de estabilidad presupuestaria al Ministerio, un instrumento de programación sumamente interesante que, sin duda, contribuiría a mejorar el planeamiento. Su demanda desde hace tiempo puede ayudar a que se sitúen a favor tanto PSOE como Ciudadanos; de hecho, el PSOE recogía explícitamente esta novedad en su programa electoral. En contra, amén de la opinión del resto de grupos de la oposición, el cambiar una tradición contable y presupuestaria que cierra cada 31 de diciembre.
En cualquier caso, y aún cuando el horizonte en el medio plazo con el que cuente la ministra sea de tímida alza de los presupuestos, los condicionantes explicados imposibilitarán que el Ministerio abandone sus quebrantos económicos en esta legislatura.
Vinculada a la economía, la apuesta por seguir reforzando la industria de defensa española, una de las claves del mandato de Morenés, parece claro, y así lo resalto De Cospedal en su toma de posesión. Una industria que, además de consolidar el sector español y ampliar su internacionalización, ha de mirar a Europa y aprovechar el  momentum político a favor de una mayor integración e inversión en seguridad y defensa. La voluntad expresada de los grandes países europeos, con el impulso alemán (con permiso de Francia) y la suma de Italia y España, por desarrollar de verdad una política europea de seguridad y defensa puede ser igualmente un vector de cambio e impulso de la transformación de las Fuerzas Armadas españolas, quienes apoyan abiertamente en los foros especializados estas iniciativas.
Precisamente la transformación de las FAS y su construcción futura es uno de los más importantes desafíos. Esta transformación, uno de los legados que dejan el ministro Morenés y el JEMAD García Sánchez, es un proyecto en marcha en el que se ha de profundizar. La Fuerza Conjunta, el impulso de las capacidades de operaciones especiales y de inteligencia, o el desarrollo en nuevos dominios como el ciberespacio son algunas de esas claves que suponen un auténtico giro copernicano en la propia concepción política y militar de las FAS, así como una reforma integral de su estructura burocrática. Como expresara el JEMAD, la clave no consiste (sólo) en contar con una adecuada financiación, por deseable que esta sea, sino en tener claro qué Ejército necesita España.
Todo este proceso, y llegamos aquí al tercer punto de la agenda, ha de ir necesariamente acompañado de la revisión del planeamiento estratégico de la Defensa. Dicho planeamiento se sostiene en la actualidad por la Directiva de Defensa Nacional de 2012. Por esta razón, no sólo urge la promulgación de una nueva DDN motivada por los cambios acontecidos en el escenario estratégico y la evolución de las amenazas y riesgos, como acertadamente se ha señalado, sino también porque existe una disfuncionalidad en el planeamiento de la seguridad y defensa nacional, desde la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional en 2013. Por más que las líneas fundamentales en Defensa coincidan, los engranajes no están debidamente engarzados.
Más allá, se debería plantear incluso una Revisión Estratégica de la Defensa, que data de 2003 y que siguió al Libro Blanco de la Defensa de 2000. Más de una década de vigencia sugiere que ha llegado el momento reflexionar y reformular la Defensa nacional acorde a los cambios políticos, sociales, económicos, medioambientales, etc., acaecidos tanto en el plano interior como internacional. No parece lógico dilatar aún más en el tiempo esta carencia. Empezando por el principio, de poco servirán todas esas reformas presupuestarias o militares si se desconoce hacia dónde se va, en qué condiciones y qué FAS se requieren para alcanzar satisfactoriamente ese destino.
En otras notas, es de imaginar que De Cospedal ya tendrá señalado, por ejemplo, el envío previsto de más tropas (guardia civiles) a la misión de adiestramiento en Irak, como han solicitado nuestros aliados de la coalición. El rol de España en las misiones internacionales será otro aspecto esencial a repensar y recalibrar, precisamente al compás de esas reflexiones que se señalaban en los párrafos anteriores. Nuestro papel en el Sahel, bien en el marco de misiones internacionales o de manera bilateral, o en el Mediterráneo, es de obligado estudio y análisis para actuar en consecuencia. Y todo ello tratando de mantener el equilibrio con el "Flanco Este" en apoyo de nuestros aliados de OTAN.
Por último, pero no por ello menos importante: la estructuración del sistema de seguridad (y defensa) nacional, fijado por la citada la Estrategia de Seguridad Nacional, habrá de continuar su conformación, consolidando los departamentos y las nuevas relaciones de (inter)dependencia establecidos. Lidiar con el apartado político-administrativo es una de las más arduas tareas que los responsables de un órganos público tienen ante sí, todavía más en un ámbito con tan particulares características como es el de Defensa. Las relaciones entre el liderazgo político, el nivel político y el nivel administrativo son complicadas, pues saber conjugar los diferentes intereses, las distintas visiones y las diversas tradiciones burocráticas y know-how requiere tanto de talento como de técnica, muchas veces sujetos a las características personales y perfiles de quienes se sitúan a su frente. Unos perfiles que se podrán observar con los respectivos nombramientos del Secretario de Estado, Subsecretaría y Estados Mayores, comenzando por su Jefatura, que ha quedado con un listón muy elevado gracias a la labor del Almirante General García Sánchez.
No son menores los retos. Sólo queda esperar que la nueva Ministra de Defensa tenga presente que, ahí donde va, el pecho adorna al vestido. (Alberto Bueno,  investigador del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada)