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AESMIDE pide racionalizar la complejidad del proceso de contratación en Defensa

(defensa.com) Bajo el título “Contratación en la Administración Pública. Gestión y Procedimientos”, la asociación industrial AESMIDE, que aglutina a empresas españolas proveedoras habituales de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, organizó un encuentro de análisis en Madrid. La contratación pública supone actualmente en España en torno a 199.000 millones de euros, aproximadamente el 15 % del PIB, un marco en el que  los ponentes destacaron la necesidad de racionalizar la complejidad del proceso de contratación en la Administración en el caso de la Defensa. En España, la figura del acuerdo marco como técnica de racionalización de la contratación, sustituyendo a la tradicional “Declaración de Necesaria Uniformidad” (DNU), ha permitido realizar contratos de hasta siete años de duración, orientados sobre todo al área de mantenimiento de sistemas.

La debida aclaración de los criterios de adjudicación y de los criterios técnicos de los pliegos de prescripciones técnicas debería contribuir a la simplificación del contrato, se destacó. Simplificar los pliegos de prescripciones técnicas o extraerlos de los contratos como documentos externos a los que hacer referencia, ya que estos se repiten continuamente, contribuiría reducir la complejidad de la contratación. Al mismo tiempo  se insistió en que la fase de ejecución del contrato debería recibir el mismo tratamiento en términos de transparencia y seguimiento.

La cuestión de la confidencialidad en los contratos de Defensa plantea la problemática de la clasificación de seguridad de muchos artículos o servicios adquiridos. Esta clasificación de seguridad supone que los pliegos de prescripciones técnicas no se publiciten, lo que a priori iría en contra de la transparencia. La confidencialidad sería el límite a la transparencia, sin embargo no puede ser usada por las empresas para negar la información, ya que esta a menudo solo puede ser conocida cuando se presentar recursos.

Actuó como moderador el presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez Revenga, siendo ponentes Juan José Pardo García, presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María Luisa Lamela Díaz, directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el general de Brigada Miguel García-Noblejas Sánchez-Cendal, general Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y Rafael Domínguez Olivera, abogado del Estado-Jefe en el Ente Público Puertos del Estado del Ministerio de Fomento. (J.N.G.)


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