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La SEPI podría personarse en el caso de la venta de equipo de DEFEX a Angola

(defensa.com) La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anunció el pasado viernes que estaba estudiando personarse en la causa por la que está imputada su sociedad participada DEFEX y algunos de sus directivos. En el comunicado la SEPI anuncia también el estudio de otras medidas legales en defensa del interés público y su absoluta disposición y máxima colaboración con la justicia para esclarecer la investigación. La SEPI ha retirado los poderes a los imputados y ha sustituido a los directivos implicados, habiendo nombrado un nuevo director corporativo para impulsar y mejorar el funcionamiento de la empresa para defender la reputación internacional de la empresa. El próximo 7 de octubre están citados los representantes legales de las empresas DEFEX y Comercial Cueto, siendo el representante de Defex Fernando Aguilar Viyuela, actual presidente de DEFEX.

En el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz este ofreció al Estado presentarse en la causa a través de la Abogacía del Estado, pidiendo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que designara dos funcionarios de auxilio judicial para el análisis de la documentación intervenida en la operación Angora.Según el auto, la unión temporal de empresas (UTE) formada por DEFEX y Comercial Cueto 92 que obtuvo en 2008 un contrato de 153 millones para suministrar vehículos, uniformes y equipos de comunicaciones a la Policía Nacional de Angola habría incurrido en varios delitos. Esto se debe a que el valor del equipo enviado a Angola sería de 35 millones de euros, lo que habría supuesto un incremento injustificado del coste del contrato, celebrándose por tanto según el auto en condiciones absolutamente desfavorables para Angola.

Parte del incremento, 41 millones fueron enviados a Luxemburgo, país donde habría comenzado la investigación en 2009. Luxemburgo solicitó información a Anticorrupción en España y a partir de entonces se inició una investigación en España que se materializó en registros y detenciones en España, Portugal y Luxemburgo. El juez Ruz imputa a los detenidos delitos de corrupción en transacciones comerciales, cohecho, blanqueo, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y organización de grupo criminal, algunos de ellos castigados con penas de hasta seis años de cárcel.

La llamada operación Angora supuso la entrada en prisión en julio de cuatro de los diez detenidos, ex directivos de las dos empresas: José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex hasta 2012, Juan Carlos Cueto Martín, delegado de Cueto, Manuel Iglesias-Sarria y Ángel María Larrumbe, directivo y ex directivo de DEFEX respectivamente. Además la investigación supuso la imputación de la propia DEFEX como persona jurídica y la de Cueto.

El bufete de abogados donde trabaja Beatriz García Paesa (sobrina del antiguo agente de inteligencia Francisco Paesa) habría sido el encargado de mover el dinero entre diferentes paraísos fiscales mediante sociedades fiduiciarias. Se habrían recibido e ingresado importantes cantidades de dinero en cuentas de familiares de funcionarios del gobierno angoleño y de algunos de los detenidos. García Paesa entró en prisión tras su detención en Luxemburgo.

DEFEX es una empresa participada en un 51 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que se dedica a la exportación de material de seguridad y defensa. (J.N.G.)


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