El Programa Europeo del Sistema Aéreo Remotamente Pilotado de Altitud Media y Larga Duración, conocido por sus siglas en inglés MALE RPAS o también por el nombre de MALE 2025, está específicamente pensado para llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR). De su situación actual y la de los PEAs nos habló el General Arturo Alfonso-Meiriño, Director General de la OCCAR.
Mientras que programas como el A400M o el Tigre son de sobra conocidos en España, ¿qué nos podría contar del futuro Euromale y la participación española?
El MALE 2025 es un programa que deriva de la identificación llevada a cabo por la Unión Europea tras el Consejo Europeo de diciembre de 2013 de aquellas carencias de capacidades más relevantes para la Unión. En ese proceso se concretaron 4 de ellas: además de la capacidad ISTAR, la de reabastecimiento en vuelo, las comunicaciones satelitales y la ciberdefensa. España participa en este programa junto con Alemania, Francia e Italia, países todos ellos inmersos en la misma situación en cuanto a operatividad en la que se encuentra España. Es decir, con un programa interino de adquisición de sistemas que permitan cubrir las carencias que se tienen en estos momentos en el contexto de los RPAS y con la necesidad de pensar en un sistema futuro para el horizonte 2025 en el marco de los de características MALE. Es un campo en el que Europa está por detrás tecnológicamente de países como Estados Unidos o Israel. Por tanto, es de gran relevancia, tanto desde el punto de vista operativo como industrial.
En estos momentos nos encontramos en la fase conceptual. Se le ha pedido contractualmente al consorcio industrial formado por Dassault, Leonardo y Airbus que proporcione las opciones y los datos técnicos y de coste del ciclo de vida de un sistema de esas características. Si al final de esta fase los estados participantes están de acuerdo con alguna de las propuestas ofrecidas por el consorcio industrial, tanto desde el punto de vista operativo como del nivel tecnológico y, por supuesto, asequible desde el punto de vista económico, se lanzará en 2018 la fase desarrollo, con las primeras entregas previstas en 2025.
Una fase de desarrollo que bien podría ser uno de los candidatos del programa EDIDP de la UE y sujeto a financiación complementaria por parte de la Comisión Europea. Por todos estos motivos España debe y tiene que continuar en este programa. Bélgica participa como observador en este programa desde los comienzos del presente año. La EDA apoya este programa desde el punto de vista de la inserción de los RPAS en el tráfico aéreo y en particular en los espacios aéreos no segregados y también de cara a la posible participación en el programa de otros países en el futuro.
¿Cómo se está apoyando la internacionalización de las empresas españolas del sector de la Defensa y opina que España carece de un plan industrial a largo plazo para el sector de la Defensa?
El apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de defensa no es algo que haya sido ajeno a las actividades llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa. La participación española en los programas internacionales de cooperación, por poner un ejemplo, ha perseguido precisamente posicionar a la industria española en dichos programas, dándole un acceso a los mercados internacionales, que ha permitido que tengamos hoy en día un sector industrial de la defensa globalmente competitivo como ya he mencionado anteriormente.
Además, el Ministerio, en un período de crisis económica como el que hemos vivido recientemente en España y en buena parte del mundo occidental, que ha afectado especialmente a los presupuestos, decidió desde los comienzos de dicha crisis, y ante la imposibilidad de poder sostener al sector industrial de la defensa solo con los presupuestos nacionales, profundizar en ese apoyo para facilitar su salida al exterior. En concreto, en 2013 se decidió revitalizar la ya existente Oficina de Apoyo Exterior que, englobada en la Subdirección General de Relaciones Internacionales de la DGAM, que fue la encargada de poner en marcha un plan más intenso de apoyo a la internacionalización del sector.
Yo tuve el privilegio de, junto con las otras subdirecciones de la DGAM y con la involucración directa y decidida, tanto de los 2 últimos directores generales de Armamento y Material, como de los 2 últimos secretarios de Estado de Defensa, desarrollar esta iniciativa de revitalización. Las actividades de apoyo a la internacionalización desde entonces han sido muchas. Desde la presencia de las autoridades del Ministerio en las distintas ferias internacionales relacionadas con el armamento apoyando a la industria española, hasta la promoción de dicha industria en el marco de nuestras relaciones bilaterales a nivel mundial y en el de las relaciones con los organismos multinacionales ligados al armamento, pasando por seminarios específicos orientados a instruir a las industrias sobre cómo participar en los procesos de adquisición a nivel de las agencias de la OTAN o de la Unión Europea.
El esfuerzo ha sido enorme, con unos recursos humanos y financieros muy limitados. Y yo estoy convencido de que ha tenido sus frutos y sigue teniéndolos. Hay ejemplos concretos que se han convertido en contratos concretos para la industria española. Y ello tanto en las fases de diseño, en las de diseño y producción o incluso en cooperación con otras industrias locales de los países compradores.
El esfuerzo sigue vivo y hay que tener en cuenta que los procesos de decisión son largos y se debe conocer bien la idiosincrasia de los países y fomentar las relaciones de amistad con las autoridades de los mismos, antes de llegar a acuerdos intergubernamentales que faciliten la contratación posterior con empresas españolas, y eso no se alcanza de la noche a la mañana. Igualmente, en los últimos años se han puesto en marcha en la DGAM estrategias orientadas a fortalecer el sector de la defensa en España. No olvidemos que la propia Directiva de Defensa Nacional de 2012, todavía en vigor, reconoce al sector industrial de la defensa como una capacidad más de las requeridas para poder desarrollar el Objetivo de Capacidades Militares aprobado por el Estado Mayor de la Defensa. La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa revisada en 2015, la Estrategia Industrial de la Defensa también de 2015 o la definición y publicación de las capacidades estratégicas industriales son un ejemplo de la actuación de la Secretaría de Estado de la Defensa y, dentro de ella ,de la DGAM en este contexto.
Ahora lo importante es seguir trabajando en esa dirección y combinado el apoyo institucional a las industrias con la participación española en programas internacionales de armamento en cooperación. Y por supuesto, con unos presupuestos de defensa que no sólo permitan hacer frente a las necesidades de sostenimiento de los sistemas que siguen operándose en nuestros Ejércitos y la Armada, sino que también faciliten llevar a cabo nuevos procesos de inversión y modernización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hoy, como siempre, el esfuerzo que hagamos los españoles en el campo de la economía de la defensa permitirá asegurar nuestras libertades ahora y en el futuro. Es un tren que no debemos perder, tanto desde el punto de vista operativo como industrial, y para ello debemos mantener nuestra presencia activa en todos los organismos internacionales relacionados con la defensa.
Desde su privilegiada posición y profundo conocimiento del sector, ¿cree que la estructura actual de los PEA (Programa Especial de Armamento) es sostenible en el tiempo y qué puede aportar la OCCAR a su gestión?
Los PEA son principalmente el resultado de un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, que se puso en marcha en su día y que ha servido para llevar a nuestros ejércitos y a la Armada a unos niveles de operatividad equiparables a los de cualquier país de nuestro entorno, lo cual ha permitido a su vez el liderazgo español en las misiones internacionales que, bajo bandera de Naciones Unidas, OTAN o la UE, han venido desarrollándose en los últimos años. Algunos de esos PEA están siendo gestionados por la OCCAR (A400M y Tigre).
Las decisiones que se tomaron en su momento en cuanto a la participación española en los mismos tuvieron, por supuesto, una importante componente operativa, pero también industrial. Y ello también trajo sus beneficios para la base tecnológica e industrial de la defensa española, permitiendo a nuestra industria estar presente en los grandes programas de armamento a nivel europeo y adquirir unos niveles de competitividad a nivel global que, a través de la exportación, le han permitido sobrevivir en el período de crisis económica y de sequía presupuestaria del Ministerio de Defensa español. Por eso estoy absolutamente en contra de los comentarios despectivos asociados a los PEA. Demuestran un absoluto desconocimiento de su gestación y de las razones que llevaron a su puesta en marcha. Pero los tiempos han cambiado. Estamos ante un nuevo paradigma dónde la obtención de las capacidades militares de los países tiene que pasar necesariamente por la esfera internacional y de la cooperación.
OCCAR puede aportar grandes beneficios a la gestión de los programas de armamento españoles. Y ello incluye tanto los que se decida desarrollar en cooperación con otros países, como los que sean estrictamente nacionales, teniendo en cuenta, además, que esos programas nacionales lanzados a través de la OCCAR pueden convertirse posteriormente en programas de cooperación. No debemos olvidar que la Convención OCCAR permite también la gestión de programas nacionales. El caso de Italia, con su programa para el desarrollo, producción y apoyo logístico inicial de buques de acción marítima (PPA) o su programa para el desarrollo, producción y apoyo logístico de un buque de apoyo logístico (LSS) han supuesto una nueva forma de gestión de programas en OCCAR, pero, insisto, totalmente reconocida en la Convención. Además, el programa LSS recientemente se ha convertido en un programa de cooperación al integrarse Francia en el mismo, sin duda algo completamente innovador en el marco de la OCCAR. España, como Estado Miembro, y por tanto contribuyente en OCCAR, debe explotar las posibilidades que esta organización a la que pertenece desde hace 12 años le ofrece.
