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La discapacidad militar queda fuera de la Ley de racionalización del Sector Público

(defensa.com) Así lo denuncia la ACIME (Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con discapacidad). El personal militar de carrera ya puede optar a ocupar puestos de trabajo en la Administración Civil, tal y como lo pone de manifiesto la Ley de racionalización del Sector Público, publicada el pasado miércoles, 17 de septiembre,  en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según la ley, al personal militar que preste servicios en la Administración civil (a cuyos puestos accederá siempre previa participación en la correspondiente convocatoria pública y cumpliendo los requisitos que pueda establecer el Ministerio de Defensa) se le aplicará la normativa de ésta en materia de jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias así como régimen disciplinario, aunque la sanción de separación del servicio sólo podrá imponerla Defensa.

En caso de cese o supresión del puesto de trabajo en la Administración civil, los militares deberán reincorporarse a la Administración castrense en la situación que le corresponda a cada uno. Para que los militares puedan acceder a puestos de trabajo en la Administración civil, la norma, que entró en vigor el pasado día 18, también modifica la Ley de la Carrera Militar, creando una nueva situación administrativa de la que tampoco podrán beneficiarse los militares con discapacidad sobrevenida.

Así, según la ACIME, una vez más se hacen oídos sordos a sus reiteradas peticiones para que se trate de reubicar a aquellos militares que, tras adquirir una discapacidad durante su servicio a las Fuerzas Armadas, son excluidos del Ministerio de Defensa y de la Administración General del Estado, pasando a situación de retiro.

La asociación que dada la aparente imposibilidad, hasta el momento, de adaptar puestos dentro del Ejército para que los militares con discapacidad adquirida no se vean obligados a abandonar la vida militar, la posibilidad de reubicar a estas personas en la Administración Civil era otra de las vías planteadas, sin embargo denuncian que se desaprovecha la oportunidad de hacer las modificaciones necesarias para proteger a este colectivo.

El presidente de ACIME, D. Andrés Medina, asegura que “vemos, una vez más, que, cuando existe voluntad política se modifican las leyes necesarias para llegar al fin que se pretende. Por eso, independientemente de manifestar nuestra inicial valoración positiva hacía esta norma, que beneficiará a muchos militares, lamentamos profundamente que, de nuevo, se desaproveche una oportunidad de inclusión y no haya sido adaptada, también, para aquellos militares que adquieren una discapacidad y son excluidos de la Administración militar, y se les niega la ocupación de un puesto en la administración civil, aun existiendo reservas de cupo para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público”.


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