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Cómo financiará Defensa la nueva reprogramación de los Programas Especiales de Armamento

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la reprogramación de las anualidades correspondientes a este año 2016 de los dieciocho Programas Especiales de Armamento, trasladando su importe a las anualidades previstas para el próximo 2017. Según confirma el Resumen de dicho Consejo de Ministros, la anualidad del año 2017 que había sido autorizada por el Consejo de Ministros de 22 de julio de este año 2016 por un importe de 1.107,7 millones de euros se incrementará con otros 716.763.259,39 euros, con lo que la nueva anualidad para 2017 será de 1.824,5 millones de euros.

Si partimos del Presupuesto presentado en las Cortes Generales para el Ministerio de Defensa para el ejercicio 2016, este alcanzó los 5.962,09 millones, lo que representaba un aumento del 3,5 % sobre el año anterior. Sin embargo si incluyéramos totalmente la nueva anualidad para 2017 sobre el presupuesto de 2016 concluiríamos que el Presupuesto de Defensa para el 2017 debería ser de al menos 7.786,09 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de nada menos que el 30,5 % del presupuesto actual, incremento que a todas luces no será aplicado por el actual Gobierno por mucho que el Partido Popular llegue a acuerdos de máximos con el Partido Socialista o Ciudadanos.

Si el Ministerio de Defensa se ha venido enfrentado a recortes sistemáticos desde 2008, antes incluso de que la crisis alcanzara su máxima expresión, no resulta creíble que en un país con tan poca percepción de las necesidades en Defensa y Seguridad y la predilección por los gastos “sociales” de todos los partidos se consiga ahora un incremento como este del Presupuesto. Y ojo que estamos hablando de un incremento para afrontar solo las obligaciones financieras, no para afrontar nuevas adquisiciones de sistemas, ni mayores fondos para ejercicios, mantenimiento o contrataciones, que siguen estando bajo mínimos y con la constante amenaza de nuevos recortes.

Es por ello que la reprogramación genera muchas preguntas sobre cómo va a financiar el Ministerio de Defensa esta nueva partida si tenemos en cuenta  que el Tribunal Constitucional ya dejó claro en sus sentencias de julio y octubre que el recurso a los Decretos Ley para financiar estas partidas no estaba justificado. Entonces se recurrió a esta medida excepcional para afrontar los pagos pendientes de los PEAs a dos créditos de 883,6 millones y otro de 856,4 millones.

El Constitucional afirmó en sus sentencias que no se argumentaba la extraordinaria y urgente necesidad, requisitos para emplear los decretos ley según la Constitución. El Gobierno defendió la medida alegando que el importe no era exactamente conocido porque dependía de la negociación con los proveedores empresariales y que no se quería generar descrédito en el país derivado de cualquier impago o retraso. Para que la solución no pase por nuevos recortes sobre unidades, capacidades o tropa habrá que recurrir a la “ingeniería financiera” para acometer estos pagos. Tras su llegada al Ministerio de Defensa, se especuló con la posibilidad de que María Dolores de Cospedal pudiera defender unos mayores presupuestos para el Ministerio dado su peso en el Partido Popular, sin embargo este incremento obligado por la reprogramación de los pagos se antoja incluso demasiado para cualquier acuerdo político.

El año próximo podría darse el caso de que el Gobierno solicitara créditos extraordinarios para paliar los más de 1.824 millones y que alegara precisamente la extraordinaria o urgente necesidad a los que obliga la Constitución. De no solucionarse estas obligaciones, el sistema seguirá lastrado y se pondrían en peligro los programas ya en curso y otros que están por desarrollarse como los de la fragata F-110 para la Armada o el Vehículo de Combate de Ruedas 8x8 para el Ejército de Tierra. (José Mª Navarro García)

Fotografía: Columna de vehículos lista para su embarque hacia un ejercicio internacional (Ministerio de Defensa)


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